La organización Interest of Justice (IoJ) afirmó que el reciente fallo del Tribunal de Apelación de Ámsterdam, emitido el 9 de abril de 2026, no representa un revés de fondo en los procesos legales que impulsa contra diversas figuras públicas y farmacéuticas por el caso de las inyecciones contra COVID-19.
De acuerdo con IoJ, la resolución declaró inadmisible una apelación que buscaba permitir la comparecencia de cinco peritos en el caso contra Bill Gates, Albert Bourla y otros acusados. La decisión, señalaron, se basó en un tecnicismo procesal, ya que los solicitantes no habrían cumplido con los requisitos formales para presentar la apelación, sin que el tribunal evaluara el contenido de los testimonios o la evidencia propuesta.
La organización subrayó que este fallo no afecta el juicio principal, programado para el 22 de octubre de 2026 en los Países Bajos. En ese proceso participan demandantes que alegan haber sufrido daños graves, incluyendo al menos una muerte, presuntamente relacionada con las inyecciones. Según IoJ, los acusados deberán comparecer personalmente para responder a estas acusaciones.
En paralelo, IoJ destacó avances en Costa Rica, donde asegura haber impulsado 54 casos judiciales, de los cuales cinco habrían sido resueltos a su favor. Según la organización, estos fallos estarían relacionados con violaciones a derechos y falta de transparencia en la gestión de las inyecciones contra COVID-19. Asimismo, sostiene que, en el marco de estos procesos, se obtuvo testimonio del gobierno costarricense que cuestiona si dichos productos cumplen con la definición legal de “vacuna”, al haber sido reclasificados mediante un decreto ejecutivo.
Con base en ello, IoJ argumenta que los productos podrían encuadrarse dentro de categorías como terapias génicas experimentales, lo que —según su interpretación— implicaría la obligación de aplicar estándares estrictos de consentimiento informado, conforme a normas internacionales como el Código de Núremberg.
El organismo también señaló un conflicto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de no responder a requerimientos judiciales en Costa Rica. De acuerdo con IoJ, esta situación derivó en una sentencia en rebeldía y en acciones legales adicionales por presunto desacato.
En cuanto a los peritos rechazados en Ámsterdam, IoJ indicó que estos mismos especialistas sí han sido aceptados en procedimientos judiciales en Costa Rica, donde tribunales habrían ordenado su comparecencia, lo que —según la organización— refuerza que el problema en Europa fue únicamente de carácter procedimental.
Finalmente, IoJ afirmó que continúa preparando nuevos litigios tanto en Costa Rica como en Estados Unidos, incluyendo acciones legales contra el Departamento de Defensa. La organización sostiene que, de prosperar sus argumentos, podrían generarse implicaciones legales de alcance internacional en torno a las políticas sanitarias aplicadas durante la pandemia.
El organismo concluyó señalando que se encuentra en una fase crítica de sus acciones legales y reiteró su llamado a obtener financiamiento para continuar con los procesos en curso.
