El mandatario estadounidense continúa su amenaza de expulsar masivamente a nuestros conciudadanos e imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas hacia la unión americana.
Por Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
Hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reiterar que “México desde hace años, pero ahora especialmente, está dirigido por los cárteles”.
En rueda de prensa, refirió también, que la crisis de seguridad en nuestro país está vinculada con el incremento en el flujo migratorio hacia Estados Unidos; responsabilizando a las autoridades mexicanas por haber “permitido que millones de personas” crucen las fronteras. Agregó que la situación ha empeorado en los últimos años y que “Si quisieran ayuda con eso, se la daríamos”; que su administración estaría dispuesta a colaborar si el gobierno mexicano solicitara apoyo para combatir a los cárteles.
El mensaje es claro, pues la amenaza de expulsar masivamente a nuestros conciudadanos e imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas hacia la unión americana, a partir del 1ro de febrero, fue parte de su estrategia para obligar a México a ceder en su pretensión de intervenir militarmente en nuestro territorio para combatir a los cárteles de la droga.
Esa primera amenaza, que se postergó por un mes, obligó al gobierno de México a enviar 10 mil elementos de la Guardia Nacional para cuidar la frontera norte. Donald Trump sabe del costo económico y político de instrumentar esta medida, no sólo por el efecto negativo que traería consigo para las cadenas de suministro y la inflación interna; sino también por el riesgo de anular el T-MEC y confrontarse con las grandes empresas norteamericanas que se han beneficiado por tres décadas del comercio intra industrial.
Aun así, el inquilino de la Casa Blanca amenaza con imponer, a partir del 2 de abril, un arancel generalizado de 25% a todas las exportaciones de automóviles, aluminio y acero que tienen como destino el mercado norteamericano.
En particular, estas amenazas arancelarias están dirigidas a flexibilizar la postura del gobierno mexicano para que acceda a una intervención de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga; pues a pesar de haber decretado a los cárteles como organizaciones terroristas requiere de la autorización del gobierno de México para ingresar a combatirlos. Sobre todo, porque la presidenta Sheinbaum ha rechazado categóricamente cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos de seguridad nacional, subrayando nuestra soberanía y el derecho a decidir sobre las estrategias de combate al crimen organizado.
La realidad es que el gobierno de México no va a permitir la intervención de Estados Unidos para combatir a los cárteles, ni se van a imponer esos aranceles a México y Canadá; particularmente porque existe una interdependencia muy estrecha en la esfera de la producción regional y el mercado de consumidores.
Estados Unidos necesita la mano de obra indocumentada para su sector agrícola e industrial; más ahora que pretende la reindustrialización interna. Fundamentalmente, porque la competitividad de las exportaciones agrícolas e industriales de Estados Unidos tienen que ver con la baratura de la mano de obra indocumentada, una vez que casi el 80% de su mano de obra se emplea en servicios relacionados con el conocimiento y la inteligencia artificial.
