Desde hace más de veinte años, cuando Movimiento Ciudadano llegó al poder, se instaló en Jalisco lo que ahora se conoce como el cartel inmobiliario; desde Tlajomulco hasta las principales ciudades, como Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la urbanización se ha vuelto imparable, caótica y desordenada.
La falta de ordenamiento urbano y la violación de los reglamentos de construcción ha tenido serias consecuencias para los habitantes de estas importantes ciudades.
Aunque la ZMG tiene muchos años padeciendo inundaciones en el temporal de lluvias, con la expansión del cartel inmobiliario en la entidad, el problema es cada vez más grave, no sólo por el rápido crecimiento de la industria de la construcción, sino porque las nuevas construcciones tienen elevadísimas alturas y altísimas densidades con la finalidad de especular abiertamente con el suelo urbano.
Aunque Puerto Vallarta no se compara, ni en extensión ni en población con dicha urbe, las inundaciones han comenzado a ser un grave problema en los dos últimos dos años que ha gobernado el Partido Verde.

El incontrolable crecimiento urbano, al igual que en la ZMG, ha sobre saturado las redes de alcantarillado y de agua potable, por lo que el agua es escasa y de pésima calidad, pues en ninguna de esta ciudades el agua es potable ni apta para el consumo humano, el uso doméstico o la higiene personal.
Si a este desorden urbano agregamos la sobre carga vehicular, el problema de la recolección de basura, la inseguridad de la población y la falta de mantenimiento de calles y carreteras locales en ambas metrópolis, podemos aseverar que estas ciudades son presa de la ineficiencia administrativa, la corrupción y la colusión con el cartel inmobiliario; cuya prioridad es la expansión urbana.
Aunque en Puerto Vallarta gobierna el partido Verde, para nadie pasa desapercibido un posible contubernio entre el gobernador del estado y el alcalde de este municipio. Pues de lo contrario, no se explica por qué en Puerto Vallarta se están destruyendo fincas del patrimonio arquitectónico del centro histórico y se ha comenzado a destruir también el Campo de Golf en la Marina Vallarta, sin que nadie diga nada frente a la urbanización de las pocas áreas verdes de esta zona; cuando urbanísticamente estaba clasificada inicialmente como Marina-Golf y zona turística-hotelera y no como zona habitacional de alta densidad.
Un fenómeno similar están padeciendo los habitantes de la Colonia Mirador de San Isidro en Zapopan, donde el mismo cartel inmobiliario pretende construir un conjunto habitacional de 200 departamentos en diez torres sobre las pocas áreas verdes que estaban contempladas para equipamiento deportivo y uso escolar.
En respuesta a las manifestaciones de rechazo de los colonos el gobierno municipal se ha encargado de ordenar a las policías la intimidacion contra los manifestantes.
Mientras la gente y los partidos de oposición no manifiesten o actúen directamente para demandar un mejoramiento de los servicios públicos, mayor transparencia en el uso del presupuesto gubernamental y exijan un nuevo plan de ordenamiento urbano que frene la voracidad del cartel inmobiliario en Jalisco; el futuro de nuestras ciudades será impredecible e insostenible.