Como ciudadanos debemos exigirle al gobierno que asuman su responsabilidad en el caso de la tragedia que enfrentan los familiares de miles de desaparecidos.
Por Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
No me gusta hablar de estos temas, porque no es mi especialidad; pero como ciudadano, padre de familia, analista o columnista, no se puede guardar silencio ante las atrocidades que se cometen día con día en nuestro país. En especial, porque no debemos normalizar el miedo, la indolencia o la indiferencia ante lo que está sucediendo en México, pues estoy seguro que a todos nos atemoriza perder a nuestros padres, hijos o hermanos, como le ha sucedido a muchos otros mexicanos en las últimas décadas.
Si bien este problema no es nuevo, no podemos seguir echando la culpa al pasado, cuando vemos el aumento y nuevas formas de la violencia contra la población. Y no por opinar somos oposición, adversarios, conservadores o carroñeros que tenemos el propósito de confabular contra el gobierno.
Como ciudadanos, al margen de ideologías, partidos políticos o intereses de cualquier índole, debemos exigir a las diversas instancias de gobierno que asuman su responsabilidad en el caso de la tragedia que enfrentan los familiares de miles de desaparecidos, particularmente, los relacionados con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
Lamentablemente, la falta de solidaridad ciudadana, la insensibilidad gubernamental y la inculpación de las madres buscadoras por la delincuencia organizada, nos colocan en franca indefensión ante la inutilidad del Estado y el poder del crimen organizado.
El hecho es que no sólo el senador Gerardo Fernández Noroña acusa a los periodistas de carroñeros y a las madres buscadoras de simular montajes para dañar la imagen del gobierno, sino que, hasta un supuesto comando del CJNG, las acusa de haber intervenido ilegalmente el predio donde encontraron prendas, objetos, zapatos y restos óseos de personas desaparecidas.
Ese mismo comando, que aparece en las redes sociales, se auto nombran delincuencia organizada; pero, según ellos, operan bajo códigos, apegados a valores familiares, son del pueblo, protegen al pueblo y están para ayudar al pueblo.
La realidad es que hemos perdido toda ética, toda responsabilidad, toda dignidad y todos nuestros principios humanos para exigir al gobierno que responda por los desaparecidos; es más, ahora tenemos que pedir perdón a quienes nos gobiernan y a quienes nos someten desde la delincuencia organizada. A pesar de que Jalisco ocupa el primer lugar nacional con más de 15 mil desaparecidos, gracias a los abrazos y no balazos durante el sexenio pasado, así como a la falta de responsabilidad, tanto de la Fiscalía del Estado como de la Fiscalía General de la República.
No debemos permitir que nos inculpe el gobierno, la delincuencia organizada ni las élites políticas por querer vivir en paz en un país dominado por los cárteles y sus narco gobiernos cómplices, mientras ellos se lavan las manos y se culpan unos a otros; el gobierno federal al gobierno estatal y el estatal al municipal; la Fiscalía General a la Fiscalía Estatal y el crimen organizado a madres buscadoras, quienes deben pedir disculpas por buscar a sus familiares, o por nombrar a sus campos de adiestramiento, «centros de reclutamiento, de exterminio o crematorios clandestinos».
