Por Rebeca Crespo
El movimiento «verde» internacional ya no se conforma con imponer restricciones económicas: ahora apunta directamente contra quienes cuestionan su relato. En su último informe sobre derechos humanos y cambio climático, presentado en junio por la Relatora Especial Elisa Morgera, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusa a la industria de los combustibles fósiles —y a quienes difunden su mensaje— de propagar «desinformación climática» y «obstruir» la acción política global, y pide a los Estados medidas para combatir esa influencia.
El documento, titulado The imperative of defossilizing our economies (La urgencia de desfosilizar nuestras economías), sostiene que la producción y consumo de combustibles fósiles son incompatibles con el respeto a los derechos humanos. Más allá de exigir la eliminación de estos combustibles en la próxima década, el informe denuncia explícitamente las estrategias de comunicación de la industria fósil, que califica como una forma de desinformación perjudicial para los derechos humanos.
El informe describe cómo «durante más de seis décadas, las compañías de combustibles fósiles han desplegado campañas para contrarrestar la ciencia climática, desacreditar a los defensores medioambientales e influir en la opinión pública y en las políticas públicas», y asegura que estas estrategias han retrasado la acción climática, «con graves impactos sobre los derechos humanos». También denuncia la publicidad de los combustibles fósiles en los medios de comunicación y en redes sociales como parte del mismo problema.
En consecuencia, Morgera insta a los Estados a prohibir la publicidad de combustibles fósiles y a contrarrestar la «desinformación» climática en todos los ámbitos. Aunque no menciona explícitamente la imposición de sanciones penales, el lenguaje del informe presenta el «escepticismo» climático —y su difusión— como una amenaza a los derechos humanos que los Estados tienen obligación de suprimir.
El informe se enmarca en una preocupante tendencia de la ONU: transformar en delitos las opiniones disidentes, bajo la etiqueta de «desinformación». En la práctica, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos legitiman políticas de censura y restricciones a la libertad de expresión para quienes no se alinean con la narrativa oficial.
