En México, el Estado pasó de ser benefactor a providente y, más recientemente, a corrupto. El gobierno concesionó a la Marina y al Ejército el control de aduanas, puertos y aeropuertos, además de involucrarlos en megaproyectos como el AIFA, Tren Maya, Dos Bocas y el Corredor Interoceánico.
Por Javier Orozco Alvarado, Ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
En los países más avanzados del mundo el Estado ha jugado el papel de benefactor, instrumentando ayuda a los desempleados, garantizando servicios de salud, educación y seguridad a sus ciudadanos. Pero en los países menos desarrollados como el nuestro, el Estado juega un papel de providente, que brinda ayudas mínimas a quienes menos tienen para mantener el respaldo popular al partido que busca perpetuarse indefinidamente en el poder.
En unos cuantos años, en México pasamos de un Estado providente a un Estado que corrompe. Y es que en el sexenio pasado el gobierno de la república concesionó a la Marina y al Ejército mexicano el control de aduanas, puertos y aeropuertos para que fueran ellos los encargados de vigilar las operaciones comerciales y las inversiones en las grandes obras que caracterizaron al régimen lopezobradorista; como el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Las investigaciones periodísticas y las acusaciones de corrupción entre el personal de la Marina, dan cuenta de las redes de corrupción que se tejieron ampliamente desde las esferas del poder, en las que han estado involucrados también empresarios y funcionarios del gobierno vinculados con el crimen organizado.
El tráfico de combustibles y la evasión de impuestos, conocido como “guachicol fiscal”, han significado un duro golpe no sólo para la recaudación fiscal sino también en la caída de ingresos de PEMEX. Sobre todo, porque estos combustibles reemplazaron las cadenas de suministro que fueron empleados en las grandes obras del sexenio, sino porque esas mismas mafias obligaban también a los gasolineros a la compra de combustible robado o introducido ilegalmente al país.
El sexenio lópezobradorista convirtió el “guachicol de bidones” en guachicol de buques, ferrotanques y pipas de combustible a lo largo del territorio nacional. Fue el Estado corruptor quien involucró a la Marina, el Ejército y corrompió a la UIFI, el INE, el Poder Judicial y el poder político para mantenerlos en silencio; fue quien se encargó de tejer las redes de guachicol y de corrupción a nivel nacional.
El Estado corruptor construyó no sólo las redes de poder político, sino que logró corromper a una sociedad, a quien retiró el apoyo oficial, desmanteló los organismos públicos y canalizó recursos monetarios para comprar su silencio; un silencio cómplice, a pesar de que el pueblo también observa disimuladamente los evidentes privilegios de la élite gobernante, de sus vínculos con el crimen organizado y de la impunidad de que gozan la clase política gobernante y los amigos del régimen.
La magia de las pensiones de adultos mayores, las becas del bienestar y otros programas de ayuda monetaria a los desprotegidos, a pesar de ser constitucionales, sirven de respaldo a un régimen político que se derrumba moralmente pero que en la práctica cuenta con la complicidad y el silencio de una sociedad que depende mensualmente de unas cuantas monedas para lograr así su mínima subsistencia.