Una ola de ataques contra autoridades municipales ha sacudido a México en 2025. Michoacán se convirtió en el epicentro de una crisis que revive viejos temores: el avance del crimen organizado sobre los gobiernos locales, la fragilidad de las policías municipales y la impunidad que permite que los asesinatos se repitan año tras año.
Un año que expone un problema estructural
México enfrenta uno de los periodos más críticos en violencia política de la última década. Los asesinatos de alcaldes, alcaldesas y funcionarios locales han repuntado en 2025, rompiendo la tendencia a la baja registrada en 2023 y 2024. Este año ha dejado al país con una realidad devastadora: gobernar un municipio puede ser tan peligroso como enfrentar a un grupo criminal armado.
La situación es especialmente alarmante en Michoacán, donde tres alcaldes fueron asesinados solo en 2025, sumando siete asesinados y uno desaparecido durante la actual administración estatal. Esta concentración evidencia una región en disputa permanente, donde los ayuntamientos —el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía— se han convertido en blancos estratégicos para los cárteles.
A nivel nacional, organizaciones independientes y conteos periodísticos estiman que más de 100 alcaldes han sido asesinados desde el año 2000, lo que confirma un fenómeno persistente, cíclico y profundamente arraigado en la vida política mexicana.
La siguiente tabla registra los asesinatos de alcaldes confirmados en 2025, un año que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las autoridades locales:
Fecha Nombre y municipio Estado Tipo de muerte 1 de noviembre Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan) Michoacán Ataque armado en plaza pública durante celebraciones de Día de Muertos 17 de junio Martha Laura Mendoza (Tepalcatepec) Michoacán Atentado con arma de fuego frente a su domicilio 6 de junio Salvador Bastida García (Tacámbaro) Michoacán Ejecución junto a su escolta
Aunque Michoacán concentra los casos más violentos, se registran también amenazas, desapariciones y atentados frustrados en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Los casos más sonados que cimbraron al país
1. El asesinato de Carlos Manzo: terror en plena celebración
El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, frente a cientos de personas en una plaza pública durante las festividades de Día de Muertos, marcó el episodio más estremecedor del año. Manzo había denunciado amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación y advertido de presiones para permitir operaciones criminales en el municipio.
El ataque dejó heridos, paralizó eventos públicos y detonó protestas masivas. Multitudes vestidas de negro marcharon exigiendo justicia y el fin del control criminal.
2. Tepalcatepec: una alcaldesa bajo acecho constante
Martha Laura Mendoza fue asesinada afuera de su casa en una zona históricamente disputada. La fiscalía admitió que fue un ataque directo y planeado. Habitantes denunciaron que el municipio quedó prácticamente acéfalo, con funcionarios temerosos y obras detenidas.
3. Tacámbaro: otro alcalde abatido en ruta
Salvador Bastida García fue ejecutado junto a su escolta en un ataque que expertos vinculan a presiones del crimen organizado para controlar contratos de obra pública y la policía local.
¿Por qué Michoacán es el epicentro de la violencia?
Michoacán se ha convertido en el epicentro de esta crisis por múltiples razones. Desde 2021, el estado vive un reacomodo criminal complejo que involucra a cárteles como el CJNG, Cárteles Unidos, Los Viagras y grupos de autodefensa reorganizados. Las disputas territoriales, la fragmentación de los grupos armados, el debilitamiento histórico de las policías municipales y la presencia de economías ilícitas han generado un entorno donde los alcaldes son vistos como piezas clave para el control del territorio. Incluso aquellos que contaban con escolta fueron asesinados, muestra de que los grupos criminales tienen capacidad para superar las medidas de protección existentes.
Las causas del aumento de la violencia son múltiples. Especialistas destacan la recomposición de las organizaciones criminales, la debilidad de las policías municipales, el vacío de poder tras los ciclos electorales y la impunidad casi absoluta en los asesinatos contra autoridades locales. En los últimos veinte años, menos del 2% de estos crímenes han sido resueltos, lo que alimenta la percepción de que asesinar a un alcalde no tiene consecuencias.
“Cero impunidad”: Una sociedad entre el duelo y el hartazgo
La presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado los ataques en repetidas ocasiones. Ha insistido en la necesidad de “cero impunidad” y en que cada caso será investigado. También ha defendido su estrategia de seguridad señalando que los homicidios generales han disminuido durante su administración, aunque reconoce que los atentados contra alcaldes responden a dinámicas locales específicas.
Además, algunos sectores señalan que su política de austeridad ha debilitado servicios como la salud, mientras que colectivos feministas reprochan una respuesta insuficiente frente a la violencia de género y los ataques a su propia integridad pública.
Sheinbaum ha llamado a fortalecer la coordinación con estados y municipios, afirmando que ningún nivel de gobierno puede enfrentar este problema de manera aislada. Sin embargo, gobernadores, expertos y organizaciones civiles han cuestionado la respuesta federal, señalando que la mayoría de los operativos se activan después de los ataques y no como medidas preventivas.
La sociedad, por su parte, se encuentra entre el duelo y el hartazgo. En Uruapan, las marchas por Manzo reunieron a miles de personas que exigieron un alto al control criminal sobre la vida pública. En Tepalcatepec y Tacámbaro, los habitantes expresan miedo, frustración y una sensación creciente de abandono. Muchos señalan que sus gobiernos municipales están paralizados y que la violencia está erosionando la confianza en las instituciones.
Una pregunta que sigue abierta
El fenómeno de asesinatos de alcaldes y políticos en México este año confirma una tendencia preocupante: la proximidad entre el poder local y el conflicto con actores criminales convierte a presidentes municipales y colaboradores en blancos recurrentes. Los números históricos y los episodios recientes subrayan que la solución demanda no solo operativos, sino fortalecimiento institucional, protección focalizada y políticas de largo plazo contra la impunidad.
En este contexto, una pregunta comienza a repetirse en diversas regiones del país: si los alcaldes, la autoridad más cercana al ciudadano, siguen siendo el blanco más vulnerable del crimen organizado, ¿cómo podrá sostenerse la vida democrática local en México? ¿Qué ocurrirá si cada vez menos personas se atreven a gobernar y más municipios caen bajo la influencia de quienes imponen su ley por las armas?
