Miles de feminicidios impunes por ineficiencia de la Justicia

«Encontramos una cosa terrible, al analizar por qué salen libres, dónde y cómo se caen los juicios, y en todos los casos el problema fue de las fiscalías, sus errores y pésimas investigaciones facilitan a la defensa tumbar los procesos», resumió García Palafox, editora en la unidad de investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De los 3.056 feminicidios investigados como tales en México en siete años (2012-2018), las autoridades detuvieron a 1.732 sospechosos, pero los fiscales solo lograron la condena de 739, mientras 105 acusados fueron declarados inocentes.

Hay un sistema de justicia machista

La investigación «El limbo de los feminicidios», exhibe un «sistema de justicia mexicana machista» que deja libres a los feminicidas, señala el texto.

El trabajo es subtitulado: «Nos están matando y a ellos los están liberando, los fiscales, los ministerios públicos, los peritos, los policías, los jueces».

El equipo encabezada por la investigadora Valeria Durán hizo durante un año alrededor de 500 solicitudes de información de 105 feminicidios en los cuales los acusados resultaron absueltos y están libres, a pesar de que algunos confesaron las atrocidades cometidas.

Mediante leyes de transparencia y acceso a la información, las investigadoras lograron únicamente 18 expedientes judiciales, mientras que 87 absoluciones restantes siguen en secreto.

Deficiencias procesales están ocultas

Permanecen ocultas así las deficiencias procesales por las cuales los jueces liberaron a los presuntos feminicidas.

No obstante, en esos 18 juicios se encontraron causas comunes por las cuales los jueces liberan a los criminales, responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres, incluso descuartizadas o asfixiadas. Garcí Palafox, ganadora del Prmio Nacional de Periodismo, lo resumió así:

«El resultado de la investigación es terrible. Encontramos que en todo el país hubo más de tres mil casos investigados como feminicidios en siete años. Solo hubo poco más de 700 sentencias condenatorias que pusieron a los feminicidas como culpables de cárcel, el resto (más de 2.300) están libres en las calles»

Una historia de impunidad

MCCI reveló en 2017 vacíos legales en el concepto de «violencia de género» en la investigación «Las muertas que no se ven».

Esas falencias legales habilitan que más de 80% de los asesinatos violentos contra mujeres no se califiquen como feminicidios.

La investigación detectaba «hoyos negros de los sistemas judiciales en México». Estos impiden que los criminales sean castigados con hasta 70 años de prisión.

El Código Penal federal mexicano establece siete características para que el asesinato de una mujer pueda ser considerado un feminicidio, es decir que haya sido motivado por razones de género.

Las razones de género existen cuando se compruebe alguna de las siguientes circunstancias: «signos de violencia sexual; lesiones o mutilaciones; los antecedentes de violencia; que haya existido una relación entre la víctima y el victimario; las amenazas o agresiones previas al asesinato».

Una característica muy generalizada en la actual ola de violencia brutal es «que la víctima haya sido incomunicada (secuestro); y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público», dice la investigación.

Algunos estados han añadido que el asesino haya actuado por celos extremos, misoginia, o haya obligado a ejercer la prostitución.

Estados y fiscalías muestran deficiencias en su funcionamiento

Pero estados Campeche y Michoacán ni siquiera contemplan las siete causales del código federal, señalan los hallazgos.

Las investigadoras encontraron que las fiscalías no lograron probar el feminicidio por graves errores de los investigadores.

Es práctica común en este país que las declaraciones y confesiones se hagan sin presencia de abogados. No se toman suficientes evidencias en la escena del crimen o del cuerpo de la víctima.

García Palafox fue premiada en 2018 porque descubrió que un hombre acusado como autor de la desaparición de 43 estudiantes en 2014, en la llamada «Masacre de Iguala», nunca estuvo en la escena del crimen.

Ahora descubrió, por ejemplo, el caso de una mujer asesinada dentro de un auto.

«La primera medida fue decomisar el auto, pero tardaron tres años en hacer los exámenes genéticos (pruebas de ADN) a los restos de sangre», relató.

El juez descartó esa sangre como prueba, y el automóvil abandonado tres años, sin una cadena de custodia, se declaró «prueba invalida». El acusado quedó libre.

Los vídeos de cámaras de seguridad de un motel donde otra mujer fue violada y asesinada pasaron por tantas manos antes de llegar a los fiscales, que fueron invalidos.

«Los criminales confesos cuentan cómo cometieron el asesinato. Resulta que las detenciones son arbitrarias y los fiscales no tienen otras pruebas más que la confesión, con posible tortura», ilustró la investigadora.

Una gran conclusión es que en este país «no existe la capacidad judicial, porque un fenómeno tan grave no se investiga como una emergencia nacional, ni con una perspectiva de género», dijo.

A pesar de los rastros de mutilaciones o violencia sexual, los casos se clasifican como un asesinato más.

«Es una aberración que rebaja las penas» cuando se logra una sentencia, menos de una por más de tres crímenes clasificados como feminicidios.

Al final, a las mujeres mexicanas «les falla todo el sistema machista, pero sobre todo, les falla la justicia», puntualizó García Palafox.

Esta realidad es la que denuncian organizaciones feministas, que el 9 de marzo promueven el paro «Un día sin nosotras».