De acuerdo con los firmantes, el funcionario faltó a su obligación de dirigir una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del ex secretario de la Defensa Nacional.
Organizaciones no gubernamentales (ONG’s), colectivos, funcionarios públicos y ciudadanos solicitaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remover de su cargo al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.
A través de un comunicado, señalaron que la actuación de la FGR frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos sobre el caso del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, deja en claro que “en México los militares son intocables”.
Solicitamos al presidente que: con base en el artículo 102, apartado A, fracción IV, que remueva al Dr. Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República
De la misma forma, acusaron que el fiscal no está defendiendo su autonomía, pues “ha sido el presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía”, indicaron los firmantes.
Los firmantes manifestaron su desacuerdo con las acciones del fiscal Gertz Manero frente al caso Cienfuegos
Para muestra de ello, argumentaron que la solicitud de extradición del ex militar fue hecha por el canciller Marcelo Ebrard, mismo que dio a conocer lo referente al traslado de Cienfuegos y al no ejercicio de acción penal.
Adicionalmente, y atendiendo a las instrucciones del mandatario, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) público el expediente entregado por las autoridades estadounidenses.
“Es decir, las comunicaciones no se dieron entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal”, indica el posicionamiento.
Así pues, denunciaron que la ausencia de acciones por parte de Gertz Manero para defender la autonomía de la FGR es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución, “que establece que la institución federal encargada de la procuración de justicia será un órgano público autónomo, lo que significa que no debe estar sujeto a ningún poder político, sea formal o fáctico.”
Aunado a esto, las ONG’s señalaron que el fiscal tenía la obligación de dirigir una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del general Cienfuegos, con acciones como la recopilación de testimonios de posibles víctimas de violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad, que se hubieran cometido cuando dicho sujeto era titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Por otra parte, enlistaron los siguientes “desacatos” cometidos por el titular de la FGR:
“Incumplimiento de diversos aspectos de la Ley Orgánica de la Fiscalía, nombramiento de fiscales especiales sin respetar lo dispuesto en la Constitución y en la ley, ausencia de acciones para llevar a cabo la transformación y la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía, como órgano autónomo; y perpetuación de esquemas que históricamente han demostrado ser ineficaces y que, por tanto, han conservado los altos niveles de impunidad de este país”
Manifestaron que el cierre de las investigaciones en torno al general Cienfuegos se traduce en la imposibilidad de que en México se investigue de manera “efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos”.
“Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas. En tal sentido, resulta claro que México necesita un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que garantice investigaciones imparciales y autónomas”
Al Senado de la República pidieron: citar Gertz Manero para que rinda cuentas sobre este y otros procesos, así como sobre un “incumplimiento reiterado” a la Ley Orgánica de la FGR; extender una convocatoria para elegir a un nuevo fiscal conforme a la Constitución; solicitar a la FGR o a los órganos competentes comenzar una investigación sobre las acciones de Gertz Manero; desechar la abrogación de la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y atender las recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de México.
Fuente: Infobae Link al artículo original