La marcha convocada por el gobierno, señalada como “acarreo” por sus críticos, evidenció el choque entre movilizaciones oficiales y protestas ciudadanas encabezadas por jóvenes inconformes, en un contexto de creciente malestar social y denuncias de prácticas autoritarias del actual régimen.
Por Javier Orozco Alvarado, Ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
El pasado 6 de diciembre se organizó una marcha convocada desde la presidencia de la república para lo cual, según la versión oficial, se movilizaron 600 mil personas de diversas entidades del país para concentrarse en el zócalo de la Ciudad de México para apoyar al gobierno. Para ello contaron con el respaldo de los Servidores de la Nación, los gobernadores y los alcaldes morenistas, quienes operaron el traslado de empleados, burócratas, vendedores ambulantes, gente de la tercera edad que reciben su pensión del bienestar y otras personas que obtienen ayudas públicas o que recibieron una gratificación por participar; los detractores del régimen le llamaron la “marcha del acarreo”.
Esta marcha fue la revancha a la movilización ciudadana que organizó en más de cincuenta ciudades la Generación Z (GZ) el 15 de noviembre, en la que participaron gente de todas las edades, de distintas clases sociales, ideologías políticas y gente inconforme por los desaparecidos, la inseguridad del país, la falta de medicamentos, de oportunidades para los jóvenes y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; fue la marcha de los “chavo rucos” o del PRIAN, según la interpretación oficial.
La segunda marcha que organizó la GZ el 20 de noviembre en varias ciudades, así como la más reciente, el pasado 14 de diciembre; aunque no fueron multitudinarias, han servido para demostrar al régimen morenista y a la presidenta Claudia Sheinbaum, que son una iniciativa de los jóvenes de México, quienes están inconformes con un régimen que no los protege, no les brinda oportunidades laborales, educativas, ni las bases para un sólido futuro personal o profesional.
Las consignas contra el gobierno en las marchas ciudadanas, en las movilizaciones campesinas, en los bloqueos de transportistas, en los plantones de la CENTE y en el malestar ciudadano que se percibe en casi todas las redes sociales, dan muestra de que la gente está inconforme con el régimen. Y es que la percepción ciudadana es la de un gobierno que no escucha, que no protege, que persigue a quienes se oponen al gobierno, mientras solapa la delincuencia, protege a los cárteles con el argumento de la soberanía nacional y se hace de la vista gorda ante la corrupción de los militantes de Morena.
La realidad es que estamos gobernados por un partido que se dice de izquierda, mientras emprende acciones autoritarias de la mano de quienes fueron militantes de derecha del PRI, del PAN y de algunos ex perredistas oportunistas que tienen de socialistas lo que los dictadorzuelos de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Por eso, no hay que ir tan lejos para entender que en México se está consolidando también un régimen autoritario que se refleja en el control que tiene Morena sobre el poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la SCJN, el INE y organismos que debieran ser autónomos como la CNDH y la Fiscalía General de la República (FGR); que más que impartir justicia están siendo empleados para perseguir e intimidar a sus opositores.