La inflación volvió a encender alertas en la economía mexicana tras ubicarse en 4.59% anual durante marzo, su nivel más alto en más de un año. Este repunte implica un riesgo para el poder adquisitivo de la población, especialmente para quienes tienen menores ingresos, además de incrementar la incertidumbre financiera en el país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Asimismo, el alza en los precios podría generar presiones adicionales en el capital del país, como ya ha ocurrido en periodos recientes.
Aunque el conflicto en Irán suele señalarse como una de las causas más visibles de este aumento, atribuirle por completo el repunte inflacionario resulta impreciso.
Desde inicios de año se observaron presiones internas, como el incremento al IEPS aplicado en enero a productos como cigarros y refrescos. Sin embargo, este ajuste tuvo un impacto limitado al concentrarse en un solo periodo.
Para febrero, la inflación superó las previsiones impulsada principalmente en alimentos agrícolas. El tomate, la papa y el tomatillo incidieron en el componente más volátil del índice, mientras que frutas y verduras comenzaron a registrar incrementos cercanos al 10% anual.
Este comportamiento se explicó por una combinación de factores, como ajustes en la producción tras periodos de sobreoferta, dificultades logísticas en su distribución desde Sinaloa y condiciones climáticas adversas en Estados Unidos que afectaron cosechas.
Presiones en alimentos y riesgos latentes
En marzo, estas disrupciones continuaron y se intensificaron. El componente de frutas y verduras superó un aumento anual de 21%, con incrementos concentrados en productos como limón, pepino, jitomate, tomatillo y papa. Aunque algunos bienes redujeron su precio, estos alimentos fueron suficientes para impulsar el componente no subyacente de la inflación.
Por otro lado, los energéticos no mostraron incrementos significativos, con una variación anual de apenas 0.13% en marzo, muy por debajo de lo observado en 2022 durante el conflicto en Ucrania. Esto se debe, en parte, a los estímulos fiscales aplicados a los combustibles en México.
No obstante, persiste la preocupación sobre la duración del conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos. Las medidas implementadas por el gobierno, como acuerdos para fijar precios y estímulos fiscales, podrían no ser sostenibles en el largo plazo. En 2022, estos apoyos representaron un alto costo para las finanzas públicas, sin ser completamente compensados por los ingresos petroleros.
“La ola de la crisis energética aún no se refleja en los precios, y la evolución del conflicto en Irán, en particular la situación en el estrecho de Ormuz, será clave para determinar su impacto. Mientras tanto, las finanzas públicas permanecerán presionadas ante los esfuerzos de atenuar el choque en los precios de los combustibles”, aseguró una especialista del IMCO.
Fuente original y créditos de la imagen: Infobae México