Desde el recinto donde se aprobó la Constitución de 1857 en el Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentó el paquete de reformas a la Carta Magna que busca establecer constitucionalmente toda la esencia y pensamiento obradorista.
Acompañado de su esposa y del gabinete legal y ampliado de su gobierno, López Obrador calificó las reformas anteriores hechas a la Constitución como «adulteraciones» contrarias al interés público y que son antagónicas al espíritu del movimiento revolucionario de 1910. Y justo es este paquete de reformas que, según el propio presidente, «buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional».
AMLO recalcó que el «Humanismo Mexicano», denominación de su política de estado, «se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país». Citó a MIguel Hidalgo y Costilla y a José María Morelos y Pavón quienes los calificó de pensadores excepcionales y revolucionarios de su época que lucharon por la justicia.
De Hidalgo citó un pasaje escrito a Juan Antonio Riaño intendente de aquella época: ‘No hay remedio, señor intendente, el movimiento actual es grande,y mucho más cuando más se trata de recobrar derechos santos concebidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos que, auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos’.
De Morelos citó, entre otras frases: ‘Que se eduque el hijo del campesino y del barredero igual que al hijo del más rico hacendado’, agregando que este precepto es la base de lo que hoy es la educación pública y gratuita.
Inició con próceres de la Independencia para hacer un recorrido por los personajes históricos del país que se han distinguido por luchar por la justicia y bajo ese contexto enumeró 20 puntos en la que basa el paquete de reformas a la Constitución que hizo llegar al Poder Legislativo el día de hoy:
Uno. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno, y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.
Dos. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.
Tres. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Cuatro. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.
Cinco. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.
Seis. Prohibir el maltrato a los animales.
Siete. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking; no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.
Ocho. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Nueve. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.
Diez. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
Once. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social.
Doce. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1º de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.
Trece. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Catorce. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán Precios de Garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país, para cumplir con un acto básico de justicia: que coman los que nos dan de comer.
Quince. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares.
En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública, estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.
Dieciséis. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias; esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato.
Diecisiete. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuesto por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
Dieciocho. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos.
Diecinueve. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra, decía: ‘No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía, que proporciona la retribución que la ley les señala’.
Veinte. Eliminar todas las dependencias —y esto se propone— y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.
No todas las propuestas legislativas causarán mayor disgusto a la oligarquía representadas por el empresariado encumbrado, partidos de oposición y medios de comunicación, algunos incluso, como dijeron los priistas, apoyarán, pero serán de un arduo debate las iniciativas legislativas de los puntos nueve con respecto a la prohibición de vapeadores y el tema de factureras; quince, el servicio de trenes para pasajeros y un nuevo intento para que la CFE vuelva aparecer en la Constitución como empresa pública estratégica; Dieciseis, la reforma electoral donde le quita el poder a los partidos políticos y establece la democracias participativa; diecisiete, relativo a la reforma del Poder Judicial; dieciocho, que pretende que la Guardia Nacional sea manejada por el ejército; diecinueve, relativo a la reducción de salarios en el servicio público y; viente, quizá la más escabrosa de todas las iniciativas, relativa a la desaparición de los organismos creados como un gobierno paralelo al establecido por el voto.
El contexto de las propuestas legislativas es inmejorable, puesto que exhibirá las decisiones que tomen los partidos políticos en las ofertas electorales y que se verán reflejadas el 1 de junio venidero. Un verdadero jaque para el movimiento de la oposición. El tiempo dirá si se trata de un jaque mate o la oposición sabrá cómo salir de esta jugada obradorista.
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