Una demanda presentada por Robert F. Kennedy, Jr. y varios otros demandantes, alega que la Trusted News Initiative, una autodenominada “asociación de la industria” lanzada en marzo de 2020 por varias de las mayores organizaciones de noticias del mundo, se asoció con grandes empresas de tecnología para censurar colectivamente las noticias en línea.
Traducido de ChildrenHealthDefense.org por TierraPura.org
Una demanda presentada por Robert F. Kennedy, Jr. y varios otros demandantes, alega que la Trusted News Initiative, una autodenominada “asociación de la industria” lanzada en marzo de 2020 por varias de las mayores organizaciones de noticias del mundo, se asoció con grandes empresas de tecnología para censurar colectivamente las noticias en línea.
En una entrevista en directo esta noche en el programa “Tucker Carlson Tonight” de Fox News, Robert F. Kennedy, Jr. presidente y asesor principal de litigios de Children’s Health Defense (CHD), anunció que él y varios otros demandantes habían presentado una nueva e innovadora demanda en la que presentaban reclamos antimonopolio y constitucionales contra los medios de comunicación tradicionales.
La demanda se dirige contra la Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI), una autodenominada “asociación de la industria” lanzada en marzo de 2020 por varias de las mayores organizaciones de noticias del mundo, entre ellas la BBC, The Associated Press (AP), Reuters y The Washington Post, todas las cuales figuran como demandadas en la demanda.
Presentada hoy ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Texas-División de Amarillo, la demanda alega que estos medios se asociaron con varias grandes empresas de tecnología para “censurar colectivamente las noticias en línea”, incluidas las historias sobre COVID-19 y las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2020 que no estaban alineadas con las narrativas oficiales con respecto a estos temas.
Entre los demandantes figuran CHD, Kennedy, Creative Destruction Media, Trial Site News, Ty y Charlene Bollinger (fundadores de The Truth About Cancer y The Truth About Vaccines), el periodista independiente Ben Swann, Erin Elizabeth Finn (editora de Health Nut News), Jim Hoft (fundador de The Gateway Pundit), el Dr. Joseph Mercola y Ben Tapper, quiropráctico.
Todos los demandantes alegan que fueron censurados, vetados, eliminados de la plataforma, vetados en la sombra o penalizados de otro modo por las grandes empresas tecnológicas asociadas con el TNI, porque las opiniones y contenidos que publicaban se consideraban “desinformación”. Esto supuso una importante pérdida de visibilidad e ingresos para los demandantes.
La demanda alega además que las grandes empresas tecnológicas, al asociarse con el TNI, basaron sus decisiones en determinaciones tomadas conjuntamente por el TNI, que promocionaba su “sistema de alerta temprana” por el que cada organización asociada es “advertida” sobre un individuo o medio de comunicación que está difundiendo supuesta “desinformación”.
A continuación, los medios de comunicación heredados del TNI y las grandes empresas tecnológicas actuaron de forma concertada -descrita en términos jurídicos como un “boicot de grupo”- para eliminar tales voces y perspectivas de sus plataformas. Esto constituye la base de las demandas antimonopolio y de la Primera Enmienda.
A propósito de la demanda, Kennedy declaró a The Defender:
“Mi tío, el presidente Kennedy, y mi padre, el fiscal general, trataron de perseguir las leyes antimonopolio que todavía están en los libros de la nación, con vigor.
“Como defensores privados de esas leyes, confiamos en que el tribunal federal de Texas reivindique nuestra libertad fundamental de competir con los medios tradicionales en el mercado de las ideas”.
Mary Holland, presidenta y consejera general de la CHD, declaró a The Defender:
“Me alegro de que la CHD presente este caso. Confiamos en que se nos conceda una audiencia justa, y me alegro de que estemos junto a otras organizaciones que también se han visto perjudicadas por estas políticas de censura empresarial y gubernamental”.
“Para tener una sociedad libre, hay que tener libertad de expresión, hay que tener diversidad de opiniones. No tenemos, ni de lejos, los mismos puntos de vista que los demás demandantes… pero queremos proteger el mercado de las ideas.
“Si de hecho el gobierno y las corporaciones con las que colaboran pueden dedicarse a la censura y la propaganda sin parar, y no hay voces alternativas, la democracia está muerta”.
Charlene Bollinger también destacó la importancia de preservar la libertad de expresión. Dijo:
“Este pleito trata de preservar nuestros derechos de libertad de expresión como estadounidenses y de exigir responsabilidades a quienes violan las leyes antimonopolio, como el TNI”.
“Mi marido y yo seguimos firmes en nuestro compromiso de poner de relieve los riesgos bien documentados de las vacunas COVID-19 y la miríada de peligros para quienes no son informados por sus proveedores de atención sanitaria de los efectos secundarios de los duros tratamientos farmacéuticos para enfermedades potencialmente mortales.”
Mercola, por su parte, se centró en la connivencia entre las agencias gubernamentales y los medios de comunicación y las grandes tecnológicas. Dijo:
“Estos son los males gemelos de nuestros días. Las plataformas se asocian con las agencias federales para censurar la expresión. Esas mismas plataformas y los medios de comunicación tradicionales conspiran para boicotear las historias que no se ajustan a una narrativa oficial sobre COVID y muchos otros temas”.
“Los padres fundadores de nuestra nación estarían horrorizados y decididos a defender el mantenimiento de una ciudadanía informada”.
La demanda también alega:
“Por su propia admisión, los miembros de la [TNI] han acordado trabajar juntos, y de hecho han trabajado juntos, para excluir de las plataformas de Internet dominantes en el mundo a los editores de noticias rivales que se dedican a la información que desafía y compite con la información de los miembros de la TNI sobre ciertas cuestiones relacionadas con COVID-19 y la política de Estados Unidos.
Aunque la Trusted News Initiative se presenta públicamente como una autoproclamada “policía de la verdad” que erradica la desinformación en Internet, en realidad ha suprimido informaciones totalmente precisas y legítimas en beneficio de los intereses económicos de sus miembros”.
Según la demanda, “se trata de una acción antimonopolio” y, en concreto, “la ley antimonopolio federal tiene su propio nombre para este tipo de ‘asociación industrial’: se llama ‘boicot de grupo’ y es una violación per se de la Ley Sherman”.
Los precedentes legales sostienen que un “boicot de grupo” es “un intento concertado por un grupo de competidores” de “poner en desventaja a [otros] competidores” “cortando el acceso” a una “instalación o mercado necesario para permitir a la empresa boicoteada competir”.
“Porque en realidad la verdadera rivalidad ahora no es entre, por ejemplo, la BBC y la CNN a nivel mundial, sino entre todos los proveedores de noticias de confianza y una oleada de [información] no controlada que se difunde principalmente a través de las plataformas digitales… Esa es la verdadera competencia ahora en el mundo de los medios digitales.
“Los demandantes se encuentran entre las muchas víctimas del acuerdo de la TNI y de su boicot colectivo”, afirma la demanda. “Los demandantes son editores de noticias en línea que, como resultado del boicot de grupo del TNI, han sido censurados, desmonetizados, degradados, estrangulados, prohibidos en la sombra y/o excluidos por completo de plataformas como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram”.
Como resultado de este “boicot colectivo”, afirma la demanda:
“El TNI no sólo impidió que los usuarios de Internet hicieran estas afirmaciones, sino que cerró los editores de noticias en línea que simplemente informaron de que tales afirmaciones estaban siendo hechas por fuentes potencialmente creíbles, como científicos y médicos.
“De este modo, los miembros del TNI no sólo suprimieron la competencia en el mercado de noticias en línea, sino que privaron al público de información importante sobre asuntos de máxima preocupación pública”.