Por Javier Orozco Alvarado, Investigador del Conachyt
Hoy en México se persigue y se asesina a gobernadores o alcaldes opositores que combaten el narcotráfico, mientras se encubre o protege a gobernadores y políticos morenistas ligados a él.
Estamos con los gobiernos contrarios, mientras nos confrontamos con nuestros aliados y socios geoestratégicos. Se exigen pruebas para extraditar narco gobernadores, mientras se expulsan narco delincuentes sin solicitud de extradición.
Y es que, para sorpresa de muchos, el desmantelamiento del narco laboratorio más grande de México, ha motivado a la FGR a girar órdenes de aprehensión contra cincuenta funcionarios de Chihuahua por la posible intervención de la CIA. Mientras que en la entrega del Mayo y el hijo del Chapo, donde participaron la CIA y la DEA para ser llevados a Texas, la FGR no acusó al gobernador sinaloense por facilitar el operativo; mucho menos realizó una investigación por declaración de falsedad en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, el mismo día del secuestro.
No se entiende por qué la presidenta Sheinbaum defiende al gobernador con licencia Rubén Rocha, exigiendo pruebas contundentes para su extradición, por narco tráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y crimen organizado; mientras ignora las posibles pruebas testimoniales de 93 narco delincuentes enviados ilegalmente a las cárceles del país vecino.
Pero con todo y los cientos de miles de gente asesinada, desaparecida y privada de la libertad en lo que va de los gobiernos de la transformación, la FGR ha dejado de investigar cualquier delito que involucre a personajes de su movimiento, como Adán Augusto López y su relación con Hernán Bermudes, jefe de la Barredora, el ex secretario de Marina Rafael Ojeda y sus sobrinos guachicoleros Roberto y Fernando Farías Laguna. Así como el sospechoso enriquecimiento de Noroña, los hijos de Andrés Manuel u otros políticos y gobernadores señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado, como Américo Villareal, Alfredo Ramírez Bedolla o Marina del Pilar.
Mientras el gobierno mexicano insiste en que Estados Unidos debe respetar la soberanía y las cláusulas del T-MEC en materia arancelaria, se niega a cumplir con el Tratado de Extradición México-Estados para detener a Rocha Moya.
La falta de cooperación de Sheinbaum con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y su oposición a la política exterior de su principal aliado económico y geopolítico, se refleja en el persistente apoyo a la dictadura cubana o en su participación en la Cumbre –anti Trump- en Defensa de la Democracia en España; poniendo en riesgo la ratificación del T-MEC, el crecimiento económico y las inversiones en nuestro país.
Sobre todo, si tomamos en cuenta que actualmente las exportaciones de México a Estados Unidos representan el 83% del total, mientras que con España –“quien se negó a pedir perdón”- representan sólo el 0.7%.
Al igual que en las exportaciones, México depende de las inversiones de nuestro principal socio comercial, que representan casi el 40%, mientras las españolas apenas el 10%.
Por eso, aún sigo sin entender por qué nuestro gobierno sigue operando al revés, sabiendo que se pone en riesgo la estabilidad económica, la seguridad y el futuro de todos los mexicanos.