México solicitó oficialmente a EEUU información respecto al operativo ‘Rápido y Furioso’, que comenzó a implementarse a finales de 2009 y por el cual ingresaron al país latinoamericano más de 2.000 armas de alto calibre para ser rastreadas, informó el canciller Marcelo Ebrard.
«Se solicita proporcionar al Gobierno de México toda la información que se disponga respecto al operativo ‘Rápido y Furioso’, conforme el ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países», dice la nota diplomática entregada a la embajada de EEUU y leída por Ebrard en un vídeo difundido en sus redes sociales.
El operativo comenzó durante el primer año de Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017) y México también busca aclarar el alcance de la cooperación de la administración del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012).
Estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos tanto en México como en EEUU e inclusive en terceros países, «dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido», dijo Ebrard.
Tal es la falta de resultados que «el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo en los últimos años», dijo el secretario de Relaciones Exteriores.
Según las autoridades mexicanas, anualmente ingresan ilegalmente unas 200.000 armas desde EEUU, donde ese mercado está regulado.
Solicitud de la fiscalía
La Fiscalía General de México hizo llegar una solicitud a la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) por la información.
La petición es que Washington pueda «recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por ‘Rápido y Furioso’, la relación de las armas vinculadas al operativo recuperadas en México y aquellas sobre las cuales aún no se tiene registro de su recuperación».
«A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada», indicó el jefe de la diplomacia mexicana.
La entonces Procuraduría General de la administración anterior, organismo que antecedió a la Fiscalía mexicana aducía que las autoridades locales desconocían la existencia del operativo.
Sin embargo, a través de la embajada de EEUU en México, el Gobierno de EEUU publicó una declaración del exsecretario de Justicia Eric Holder quien aseguró «que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso», dijo Ebrard.
La identificación de la pertenencia de cada arma al operativo ‘Rápido y Furioso’ en territorio mexicano «solo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización», plantea el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin plena cooperación bilateral no se podría conocer el origen y destino de las armas, y «hay dudas fundadas» respecto a lo ocurrido, agrega la nota.
¿Una grave violación a la Constitución Política o una actuación americana ilegal en territorio mexicano?
«Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política», y las leyes nacionales por parte de quienes ocupaban los más altos cargos, puesto que habrían mentido al Congreso y a la sociedad, dice el texto.
Si en cambio, resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo, «entonces autoridades de EEUU habrían actuado en territorio mexicano sin conocimiento del Gobierno nacional y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad», lo que habría violado la soberanía del país latinoamericano.
Fuente: Sputnik. Artículo original