Por Javier Orozco Alvarado.
Ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
Para nadie pasa desapercibido que la presidenta Claudia Sheinbaum está enfrentando una fuerte tormenta política derivada de una mala gestión de su antecesor y mentor político, quien le heredó no sólo una maltrecha economía con bajo crecimiento económico, sino también un régimen plagado de vínculos con el crimen organizado, de corrupción y de serias deficiencias en materia de salud, educación e impartición de justicia.
Entre sus principales enemigos se encuentran aquellos políticos que han contrariado los principios que le dieron sustento a ese movimiento que los llevó al poder, porque han violado los principios de austeridad, honestidad y justicia.
Responsable o no, el ex presidente Andrés Manuel entregó en 2020 el control administrativo de los puertos, aeropuertos y aduanas a los militares para, supuestamente, combatir el tráfico de drogas y la corrupción; estrategia que resultó fallida porque durante su administración creció el crimen organizado, el tráfico de drogas, la importación de precursores chinos para el fentanilo y se extendió el tráfico de combustible, el cual generó ganancias por 180 mil millones de pesos anuales, hasta que recientemente en pleno 2025, fueron consignados sus operadores.
El involucramiento de elementos de la Marina, no deja ninguna duda que el presidente, comandante en jefe de las fuerzas armadas, tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque estas instituciones sólo operan bajo las órdenes de una autoridad suprema.
Pero la impunidad no sólo salpica la honorabilidad de las fuerzas armadas, sino también a los órganos civiles y de gobierno, pues desde la llegada del ex perredista Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiara (UIFI) en sustitución de Santiago Nieto en 2021, esta entidad jamás volvió a hacer ningún señalamiento sobre movimientos financieros dudosos o lavado de dinero, como lo había hecho su antecesor.
Y es que, en realidad, la impunidad ha sido un sello de la Cuatro T, porque a pesar de múltiples señalamientos de lavado de dinero, de fraudes electorales, de funcionarios morenistas relacionados con cárteles de la droga o desaparición de personas, no existen investigaciones desde la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer esos delitos; para lo que, lamentablemente, la presidenta argumenta que los afectados presenten pruebas, cuando de ella depende girar instrucciones a la FGR para que eso suceda.
El decir que ha mejorado la justicia social porque bajó la pobreza de 36.3% al 29.6% de la población total entre 2018 a 2024 para aparentar un buen gobierno, esconde un truco que tiene que ver con la entrega de dinero bajo los programas de bienestar, con datos cuchareados por el INEGI, como lo hicieron en el pasado los gobiernos panistas y priistas, según el investigador Julio Boltvinik.
De hecho, la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, confirma que la población vulnerable por carencias sociales subió de 25% al 32% en los últimos nueve años. La misma organización señala que el 36% de los jóvenes de 12 a 17 años vive en pobreza y que el 83% han tenido problemas para encontrar trabajo.
Además, en el registro de quejas del IMSS se observa un aumento de 43% en la falta de medicamentos y un incremento de 116% en gastos de los hogares en medicinas. Por más que nos quieran pintar un México de bienestar, lo cierto es que la realidad está superando a la farsa institucional del régimen morenista..