Históricamente, las epidemias solo podían detectarse A POSTERIORI: una vez que un número considerable de personas había enfermado o fallecido y se había producido un impacto económico significativo. Entre los ejemplos de epidemias reales se incluyen principalmente enfermedades transmitidas por el agua, relacionadas con el hacinamiento o las malas condiciones sanitarias y con la presencia de parásitos, como el cólera, la peste, el tifus y la viruela. Todas estas enfermedades se eliminan mediante un saneamiento adecuado del agua, la higiene y la mejora de las condiciones de vida.
Para destacar: No es posible predecir una epidemia, a menos que se tomen medidas deliberadas para envenenar el agua, el ambiente o provocar un deterioro significativo del nivel de vida de la población.
Sin embargo, una profusa y detallada legislación sancionada en 2005 en EE.UU. -la Ley de Preparación Pública y Preparación ante Emergencias (PREP)- establece mecanismos para enfrentar epidemias por anticipado, y al mismo tiempo dota de inmunidad legal a un número creciente de médicos, funcionarios y otros actores que puedan estar involucrados en muertes, lesiones o discapacidades provocadas por las «medidas de contención» previstas: medicamentos antivirales, vacunas, tests y dispositivos.
Es decir, se establece por anticipado un paraguas de protección legal para los involucrados en operativos de «contención de la epidemia» (teóricamente lanzados para evitar muertes), en el supuesto de que las «contramedidas» resulten dañinas para la población. En buen romance: El gobierno tiene poderes para implementar operativos masivos para «salvar vidas» (incluidas inyecciones forzosas), pero si la gente se muere COMO CONSECUENCIA de las «contramedidas preventivas»… hay que joderse!
Esta legislación ha sido ratificada y ampliada por los sucesivos gobiernos. Dos ciudadanas norteamericanas –Sasha Latypova, ex ejecutiva de la industria farmacéutica, y Katherine Watt, escritora católica- vienen denunciando esta aberración jurídica y solicitando la derogación de la ley, que es una virtual «licencia para matar». Un político prominente estuvo de acuerdo con esta postura ética, hasta que fue designado secretario de Salud: Robert F. Kennedy Jr.
A continuación, un breve esbozo de la Ley Prep, que se combina con otros artefactos legales para erigir un Estado que tiene facultades para imponer «remedios» y «medidas preventivas» a través del uso de la fuerza, sin rendir cuentas ni establecer responsabilidad si las cosas salen mal.
Informe: Ley de Preparación Pública y Preparación ante Emergencias (PREP).
Propósito: escudo de responsabilidad para quienes causan muerte y lesiones durante “emergencias de salud pública” declaradas arbitrariamente. Algunos datos significativos sobre la Ley Prep:
- La Ley PREP (2005) es legislación federal diseñada para proporcionar inmunidad de responsabilidad a ciertas personas y entidades involucradas en el desarrollo, fabricación, distribución y administración de “contramedidas cubiertas” durante una emergencia de salud pública declarada. [Wiki]
- La ley se activa con la declaración de una Emergencia de Salud Pública (PHE) por parte del secretario de Salud (HHS). Tal declaración es completamente arbitraria, basada únicamente en la opinión del secretario de HHS, no requiere justificación y no puede ser revisada por el poder judicial ni por el Congreso.
- La Ley PREP se invoca actualmente para contramedidas relacionadas con COVID-19, virus de Marburg, ébola, zika, gripe aviar, VRS, viruela símica, ántrax y viruela. No hay pandemias ni epidemias de estas enfermedades en Estados Unidos. Por lo tanto, estas declaraciones no tienen base en la realidad ni sirven a intereses de salud pública. Son solamente hipótesis especulativas a futuro, sin base en evidencia. «Estas declaraciones existen únicamente para gastar dinero de los contribuyentes en la compra de venenos no regulados y falsamente etiquetados, imponerlos a civiles engañados y miembros del servicio militar, y luego evitar cualquier responsabilidad por muertes y lesiones causadas», dice Sasha Latypova.
- A través de la Ley Prep, la emergencia por Covid fue extendida hasta diciembre de 2029.
- La Ley PREP habilita la vía de Autorización de Uso de Emergencia (EUA) “no investigacional” —fuera de la ley, de las regulaciones y libre de responsabilidad— para medicamentos, vacunas y otros productos médicos.
- La vía EUA permite eludir TODOS los requisitos regulatorios de ensayos clínicos, calidad de fabricación, seguridad y etiquetado debido a la no aplicación de esas leyes para contramedidas bajo una emergencia pandémica declarada arbitrariamente.
- La Ley PREP despoja al Congreso de su autoridad para supervisar o terminar declaraciones de emergencia hechas unilateralmente por el secretario de HHS.
- También elimina la autoridad de los tribunales federales para revisar o anular estas declaraciones.
- La definición de “contramedidas” es vaga e incluye vacunas, terapias, diagnósticos, tratamientos y otros artículos. La Ley PREP protege protocolos hospitalarios de asesinato siempre que se sigan órdenes de HHS.
Un demandante cuya reclamación esté sujeta a la Ley PREP solo podrá demandar al demandado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Para una acción civil de este tipo, la Ley PREP exige que la demanda se formule con detalle, sea verificada bajo juramento por el demandante y vaya acompañada de una declaración jurada de un médico que no haya tratado al demandante en la que se explique cómo la contramedida cubierta causó daños al demandante, así como de la documentación médica pertinente.
Estas son “emergencias” falsas actualmente declaradas por HHS. No hay pandemias ni epidemias de ninguna de estas enfermedades en Estados Unidos.
3. Protección de responsabilidad:
- “Personas cubiertas”: la Ley PREP proporciona un escudo de responsabilidad significativo a una amplia gama de personas y entidades, incluidos fabricantes, distribuidores, planificadores de programas, personas calificadas —como farmacéuticos y técnicos de farmacia— y proveedores de atención médica.
- Mientras estas “personas cubiertas” sigan las órdenes de HHS/DOD y cumplan con protocolos, generalmente están exentas de responsabilidad civil por lesiones o muertes resultantes de la administración o uso de contramedidas.
- Este escudo de responsabilidad se aplica independientemente del lugar de empleo, y las personas cubiertas pueden ser “consideradas empleados del gobierno de Estados Unidos para fines de este trabajo”.
- Esta protección incluso se describe como potencialmente aplicable a “soborno, coerción, agresión y asesinato” si ocurren dentro del contexto de una emergencia declarada bajo la Ley PREP y actividades relacionadas.
- Los productos autorizados bajo EUA durante una PHE y cualquier producto utilizado para tratar la lesión resultante del uso de contramedidas EUA pueden considerarse “contramedidas” bajo la Ley PREP, eliminando la responsabilidad y permitiendo más daños al público:
Otros datos significativos:
- La Ley PREP limita severamente la capacidad de las personas lesionadas o de las familias de quienes murieron después de usar una contramedida para buscar remedios legales.
- Las demandas solo pueden presentarse ante un tribunal de tres jueces en el Distrito de Columbia.
- Los demandantes deben probar causalidad directa entre la contramedida y la lesión o muerte.
- Incluso si se prueban causalidad y conducta dolosa, el demandado no es responsable si siguió órdenes de HHS/DOD y reportó la lesión o muerte a estas agencias dentro de siete días.
- Hasta la fecha, fabricantes de inyecciones covid, hospitales y médicos que participaron en protocolos de asesinato, el DOD y otros demandados han invocado con éxito la “inmunidad soberana” como defensa frente a demandas relacionadas con contramedidas de la Ley PREP. Solo un tribunal, la Suprema Corte de Carolina del Norte, encontró que algunos derechos constitucionales estatales no son desplazados por la Ley PREP.
La continuidad a través de los gobiernos
Es evidente que esta legislación es de carácter obligatorio para todos los actores políticos, independientemente del gobierno de turno.
El 18 de febrero de 2022, el presidente Biden prorrogó indefinidamente el estado de emergencia nacional original declarado por el presidente Trump el 13 de marzo de 2020. En estas circunstancias, sigue vigente la autorización de uso de emergencia (EUA), por lo que los fabricantes y el personal sanitario encargado de la vacunación no incurren en responsabilidad legal alguna por las lesiones o fallecimientos causados por su actuación.
Robert F. Kennedy Jr. fue uno de los pocos políticos en expresarse públicamente contra la Ley Prep. Esto decía en 2022, criticando severamente la decisión del secretario de Salud Xavier Becerra de emitir una declaración de emergencia para la gripe aviar ante ¡11 casos!
Sin embargo, hace pocas semanas, el mismo Robert F. Kennedy Jr., ahora secretario de Salud, emitió su propia declaración con base en la Ley Prep, esta vez en relación con el virus Andes, que presuntamente provoca el síndrome hantavirus.
En conclusión
Katherine Watt se refiere al marco creado por la Ley PREP y la legislación relacionada como el “Programa de Bioterrorismo Doméstico Estadounidense”, argumentando que legalizó acciones que antes eran ilegales bajo el disfraz de salud pública. Esto constituye un derrocamiento de la Constitución de Estados Unidos.
La Ley PREP crea una “licencia para matar” con armamento/“contramedidas” cubiertas por personas cubiertas, siempre que los perpetradores afirmen que actúan en una emergencia en interés de la salud pública y se sigan las órdenes de HHS.
Dice Katherine Watt: «El secretario de Salud ya cuenta con poderes, aprobados y financiados por el Congreso, ratificados por el presidente e inapelables ante los tribunales, para desplegar en el territorio nacional al ejército estadounidense y a las fuerzas del orden locales con el fin de intentar detener y encarcelar a los disidentes, es decir, a personas de las que se puede alegar que son portadoras asintomáticas de resfriados y gripes, y/o a insurrectos que perturban el orden civil al oponerse a las políticas y programas gubernamentales relacionados con la COVID, al fraude electoral o a cualquier otro pretexto.
Aún no han hecho uso de ese poder, por al menos dos razones:
- Prefieren llevar a cabo el genocidio de manera que parezca voluntario, cometido por personas que acuden a hospitales, residencias de ancianos, farmacias y clínicas y reciben las inyecciones tóxicas por su propia voluntad, sin oponer resistencia, antes que intentar ir puerta por puerta sacando a la gente de sus hogares, enviándonos a centros médicos
o campos de detención, e inyectándonos a la fuerza. - Los estadounidenses están armados a nivel doméstico, gracias a la increíble sabiduría y visión de futuro de los redactores de la Constitución al consagrar en la Segunda Enmienda el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas para protegernos de lo que ahora enfrentamos: la tiranía del gobierno. Nuestro gobierno está trabajando activamente, en nombre de enemigos hostiles encabezados por la OMS, para esclavizar y matar al pueblo.
Dice Sasha Latypova: «La Ley PREP debe ser derogada. Sin embargo, ni un solo congresista habla de ello. No sé cuándo o si se logrará progreso material hacia este objetivo. Mientras tanto, debemos educar a todos a nuestro alrededor sobre esta atrocidad. El problema es que la mayoría de las personas, incluso aquellas que ahora están despiertas ante las vacunas y los asesinatos hospitalarios, todavía piensan que “si se puede probar el fraude”, entonces los perpetradores pueden ser procesados. El fraude no solo ha sido probado definitivamente. El fraude y las muertes resultantes han sido reconocidos por el Departamento de Justicia, que declaró ante un tribunal que forman parte de la política de salud pública de Estados Unidos.
Pregunta final: ¿Existen en otros países legislaciones similares o idénticas que legalicen el asesinato masivo de ciudadanos en nombre de la protección de la salud pública?