Hasta 5 años de prisión para quien maltrate a un menor en el estado. Los padres o tutores que apliquen castigos que impliquen el uso de fuerza contra menores de edad serán sancionados. Podrían alcanzar hasta cinco años de prisión.
Los mayores, padres o tutores, que hagan uso de la fuerza contra menores podrán recibir hasta 5 años de prisión. El Congreso estatal recibió propuesta del gobernador para modificar el Código Penal. Se considera imponer pena de seis meses a cinco años de prisión a quien, ejerciendo la patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia, agreda a una persona menor de edad utilizando fuerza física.
El responsable del agravio podría perder la custodia
También se añadiría a la Ley estatal de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes el concepto de “crianza positiva”. Este plantea la enseñanza basada en fijar las metas para aprender, darles información, apoyarles en su crecimiento y ayudarles a tener éxito de forma respetuosa no violenta y de acuerdo a los principios del desarrollo infantil.
La propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal retoma conceptos ya aprobados en reformas a nivel federal. También toma reformas en otros estados del país donde ya se aprobó sancionar los castigos físicos a menores.
Formalizarán extinción del Seguro Popular a nivel local
El Congreso estatal dio entrada a una iniciativa formulada por el gobernador para extinguir el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco y la abrogación de su ley orgánica.
En artículos transitorios de la propuesta se refiere que la prestación de los servicios de salud en Jalisco será efectuada a través de los OPDs Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara e Instituto Jalisciense de Cancerología, conforme al acuerdo de coordinación celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto de Salud para el Bienestar (lNSABI).
Los asuntos en trámite ante el organismo que se extingue pasarán al OPD Servicios de Salud Jalisco. Los bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del OPD que se extingue, pasarán al Gobierno del Estado, con excepción de los bienes muebles correspondientes a los módulos de afiliación al Seguro Popular que se entregarán al OPD Servicios de Salud Jalisco. El personal que laboraba en el organismo extinto se liquidará conforme a lo que corresponda a cada trabajador. La Contraloría del Estado deberá realizar una auditoría al ente que se propone desaparecer.
Ambas iniciativas del gobernador fueron remitidas a comisiones legislativas para su dictaminación.
Fuente: El Informador Artículo original