[Este informe del Proyecto Internacional de Reforma Sanitaria lleva más de un año en preparación. El informe político completo y los informes técnicos se encuentran debajo de este prólogo y resumen ejecutivo. El informe también está disponible en Amazon en formas físicas y digitales. El IHRP está patrocinado por el Brownstone Institute, que no ha intervenido en la elaboración de sus contenidos y conclusiones].
La cooperación internacional en materia de salud es un bien mundial ampliamente aceptado. La capacitación y la ayuda al desarrollo reducen las desigualdades históricas en materia de salud y, en consecuencia, fortalecen las economías. La mejor forma de gestionar las amenazas transfronterizas de enfermedades infecciosas es a través de la vigilancia conjunta, el intercambio de datos y la respuesta.
La colaboración en materia de normas y estándares proporciona eficiencia y facilita el comercio de productos sanitarios. Sin embargo, la interacción entre las enfermedades, el medio ambiente y las poblaciones humanas es compleja, y las amenazas son heterogéneas en sus efectos y gravedad. Por tanto, la colaboración debe tener en cuenta esa variabilidad, y la toma de decisiones debe basarse en última instancia en los afectados.
La experiencia ha demostrado que la cooperación sanitaria internacional, cuando está mal gobernada, puede socavar la confianza, distorsionar las prioridades y producir importantes daños no deseados. Las recientes tendencias a la centralización de la toma de decisiones, el excepcionalismo en situaciones de emergencia y los programas impulsados por los donantes, ejemplificadas durante la respuesta a Covid-19, desplazaron a la proporcionalidad, el contexto local y la ética de salud pública establecida. Estos fallos revelaron debilidades estructurales más que lagunas temporales.
Al mismo tiempo, la cooperación en materia de salud pública también requiere un entendimiento de la soberanía y la igualdad de las personas y de los Estados que las representan, un entendimiento que sustenta a las propias Naciones Unidas. Así pues, cualquier institución encargada de gestionar la cooperación sanitaria debe basarse en este entendimiento y estar plenamente sujeta a los Estados a los que debe servir.
No debería sorprender a nadie que, tras casi 80 años de existencia en un mundo muy cambiado, muchos consideren que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha desviado de su modelo original. Los cambios fundamentales en su base de financiación, y ahora la salida de su mayor financiador estatal, presentan tanto una oportunidad como una urgencia para reevaluar la forma óptima en que los Estados deben trabajar juntos para atender las necesidades sanitarias de sus poblaciones, aplicando los principios fundamentales en los que debe basarse la salud pública a un mundo muy cambiado y en evolución.
La OMS y el estado de la cooperación sanitaria internacional
La constitución de la OMS, firmada en 1946 por 51 Estados que entonces formaban las Naciones Unidas, contó con escasas aportaciones de la mayoría de los actuales Estados africanos y asiáticos. Su órgano rector, la Asamblea Mundial de la Salud, se fue ampliando gradualmente a medida que los Estados rompían con el colonialismo o los mandatos extranjeros para alcanzar la soberanía.
Al definir la salud en su constitución como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades», la OMS asumió un amplio mandato que incluía el apoyo a estos Estados con menos recursos, la coordinación de la gestión de brotes transfronterizos, la eliminación de enfermedades y el establecimiento de normas internacionales. Se esperaba que las mejoras en salud y longevidad que el desarrollo económico había aportado a los países más ricos pudieran acelerarse en los países de renta más baja, reduciendo las desigualdades derivadas del colonialismo y el abandono.
Las 150 oficinas de la OMS en los países han creado un marco para reforzar la capacidad local y los sistemas sanitarios. La organización es bien conocida por éxitos como la erradicación de la viruela y por centrarse desde el principio en los principales motores del bienestar y la longevidad, como la mejora del saneamiento, la nutrición y el acceso a la atención sanitaria básica. Los grandes programas contra la tuberculosis, la malaria, la vacunación y la salud infantil han establecido normas para la gestión de enfermedades y han reducido la carga global de morbilidad. El descenso mundial de la mortalidad por enfermedades infecciosas, que continúa en la actualidad, es testimonio del éxito de la cooperación multilateral en la mejora de los factores básicos de la longevidad, la reducción de la pobreza y la mejora del acceso a la atención sanitaria.
Sin embargo, la tendencia de las últimas décadas a centrarse en respuestas centralizadas e impulsadas por los productos básicos para hacer frente a brotes de enfermedades con una carga relativamente baja, en lugar de en los principales factores de resiliencia sanitaria y las enfermedades endémicas de alta carga que paralizan a muchos países, plantea interrogantes sobre la influencia de los agentes estatales y no estatales a la hora de dirigir las prioridades de la OMS a través de una financiación específica. El aumento paralelo de las asociaciones público-privadas y de la filantropía privada ha impulsado aún más estos cambios. Estas respuestas homogéneas basadas en productos básicos a riesgos de enfermedad muy heterogéneos son un resultado inevitable del cambio en la forma de financiar la política de la OMS y, por tanto, de influir en ella. Esta situación debe invertirse para que la cooperación sanitaria internacional cumpla su promesa.
Informe del Proyecto Internacional de Reforma Sanitaria (IHRP)
El IHRP reúne a profesionales independientes con experiencia en la OMS, la ONU, el mundo académico y la salud mundial procedentes de diversos países. El informe político que aquí se presenta, y el informe técnico que lo acompaña, abordan la crisis en la gestión de la salud pública internacional, revisando los principios éticos en los que debe basarse la salud pública y la colaboración de los Estados y los atributos clave de una organización sanitaria internacional (OMS) apta para tal fin. A continuación se evalúa a la OMS con arreglo a estos criterios.
El informe pretende ofrecer un modelo que los países puedan utilizar como base para los debates sobre una reforma profunda, o la creación de una nueva organización que pueda sustituir a la OMS en su totalidad, o complementar a la OMS asumiendo funciones poco compatibles con una organización centrada en lo que debería ser el mandato fundamental de la OMS. Una reforma profunda es necesaria para devolver a la salud pública internacional una base ética y eficaz.
El control debe residir en los Estados, con una estructura descentralizada que refleje su diversidad y sus intereses, manteniendo al mismo tiempo las ventajas de la colaboración mundial. El control de las enfermedades endémicas y la mitigación de las amenazas transfronterizas para la salud deben basarse en el fomento de la resistencia de los pueblos a las enfermedades y de los Estados para promover y mantener el bienestar de sus poblaciones. Los derechos humanos y la ética médica deben ser los pilares fundamentales de cualquier enfoque de este tipo. Si la reforma radical necesaria para conseguirlo puede lograrse a través de la OMS, o sólo puede lograrse a través de una organización que la sustituya, es una cuestión que sólo los países pueden debatir y decidir.
El informe que ahora presentamos ha sido aprobado por los diez miembros del panel del IHRP. Como copresidentes, estamos en deuda con nuestros compañeros panelistas por la excepcional profundidad de conocimientos, experiencia y criterio que han aportado a la elaboración de este informe durante un largo y agotador año de reuniones y conversaciones. Aportaron muchos puntos de vista personales diferentes, y el informe que hemos acordado no refleja necesariamente en todos los aspectos las opiniones preferidas de ninguno de ellos.
Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los niveles óptimos de autonomía y los términos del compromiso entre los distintos niveles de agentes sanitarios locales, nacionales e internacionales; a la lista y jerarquía de principios de la salud pública internacional; y a la cuestión clave de la elección entre reformar la OMS o crear una nueva organización sanitaria internacional (OHI). Pero estamos de acuerdo en que el actual conjunto de disposiciones y prácticas no es lo mejor que podemos o debemos esperar.
RESUMEN EJECUTIVO
Visión general y objetivo
El derecho a la soberanía sanitaria aboga por un nuevo marco sanitario internacional basado en los derechos humanos y la dignidad, la soberanía nacional y la ética médica. Sostiene que el sistema actual, dominado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha desviado de su misión fundacional de neutralidad científica y asistencia técnica. El Grupo reclama una renovación de la cooperación internacional en materia de salud pública, lo que exige una profunda reforma de la OMS o la creación de una nueva organización sanitaria internacional (OMS) que refleje las normas de derechos humanos posteriores a 1945 y los fundamentos éticos de la atención sanitaria.
El informe sitúa la salud no sólo como una cuestión humanitaria o de desarrollo, sino como un atributo esencial de la responsabilidad soberana: el derecho y el deber de todo Estado de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos al tiempo que coopera, pero voluntariamente, con los demás. En este informe, la soberanía no se presenta como una garantía de buena política, sino como una condición necesaria para la responsabilidad, la proporcionalidad y el consentimiento ético. La OHI aquí prevista actuaría como una red de Estados transparente y descentralizada, que reflejaría la diversidad de necesidades y facilitaría la cooperación, pero nunca la controlaría.
El Grupo concluye que los actuales mecanismos de cooperación sanitaria internacional no están dando resultados proporcionados, éticos y responsables. La excesiva dependencia de la financiación para fines específicos ha distorsionado las prioridades; la preparación para emergencias ha desplazado al desarrollo de capacidades de sistemas más amplios y a la gestión de enfermedades de alta carga; la autoridad se ha centralizado sin rendición de cuentas; y la ética de la salud pública se está viendo comprometida.
Se trata de problemas estructurales. Las reformas técnicas incrementales por sí solas son insuficientes.
El reto político
La pregunta central es: ¿cómo puede la cooperación sanitaria internacional reforzar, en lugar de diluir, la agencia individual, y evitar erosionar la soberanía y la responsabilidad de los Estados? Es decir: ¿Cómo podemos estructurar una organización sanitaria internacional que ayude a los Estados a cumplir su responsabilidad soberana de apoyar y proteger la salud de su población?
La respuesta está en la subsidiariedad: garantizar que las decisiones se tomen al nivel más bajo capaz de actuar con eficacia, facilitando al mismo tiempo la cooperación mundial en torno a prioridades comunes.
Según este principio:
Los gobiernos nacionales coordinan la política sanitaria y la financiación a través de su red de centros y profesionales. Los organismos regionales actúan como intermediarios entre las prioridades nacionales y mundiales y gestionan la cooperación transfronteriza. La gobernanza regional es un punto dulce, ya que puede aprovechar las ventajas de las economías de escala y la acción colectiva, al tiempo que permite una mejor contextualización de las políticas a través de procesos de representación más pequeños y centrados, y un reconocimiento basado en las necesidades. Las instituciones mundiales desempeñan funciones de apoyo y asesoramiento, limitadas a la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades, el intercambio de datos y la orientación normativa. El objetivo es apoyar el objetivo a medio y largo plazo de crear sistemas sanitarios localizados, autosuficientes y sostenibles.
Con ello se invierte la tendencia a la centralización y a la creación de ciclos de dependencia de la ayuda, y se vuelve a anclar la sanidad mundial en la visión de 1948 de la igualdad soberana en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que se reconoce la expansión de la comunidad internacional desde la inauguración de la OMS.
El fundamento ético de la salud pública.
Una organización sanitaria internacional debe basarse en los derechos humanos básicos universales y en los principios resultantes que sustentan toda medicina legítima y cooperación internacional. Estos principios se derivan de la bioética clásica y moderna, en particular el Juramento Hipocrático y las Declaraciones de Ginebra y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El informe identifica cuatro principios morales fundamentales:
Beneficencia: el deber de actuar por el bien del paciente y de la comunidad. No maleficencia – “Primero, no hacer daño”; la obligación de evitar daños o sufrimientos evitables. Confidencialidad: respeto a la privacidad como base de la confianza en las relaciones médicas. Consentimiento informado: reconocimiento de la autonomía individual y la toma voluntaria de decisiones.
Estos principios representan los derechos negativos de la persona (libertad frente a la coerción, la manipulación o la experimentación) que deben protegerse en todos los sistemas de salud pública.
De estos surgen los consiguientes principios de la salud internacional: soberanía, rendición de cuentas, transparencia y subordinación de la administración global a la agencia individual y estatal.
Reconstruir la cooperación sanitaria internacional
El Panel describe las funciones y límites de una OMS reformada o de una OHI sucesora de acuerdo con estos principios:
Papel y funciones de la OHI
Diálogo sobre políticas: Facilitar la consulta abierta y la coordinación entre los países. Orientación y armonización normativa: Desarrollar y mantener estándares sanitarios internacionales, incluido el Reglamento Sanitario Internacional, sin aplicación coercitiva. Intercambio de conocimientos y datos: Servir como depósito de información confiable, libre de influencia comercial o privada. Desarrollo de capacidades: Apoyar las estrategias nacionales y los sistemas primarios de salud, enfatizando la asistencia técnica, la capacitación y el fortalecimiento de los sistemas de salud. Centrarse en los determinantes fundamentales: priorizar los principales impulsores de la mejora de la salud y la resiliencia (saneamiento, nutrición, educación, bienestar económico y prevención de enfermedades crónicas) sobre la gestión burocrática de emergencias. Priorización de enfermedades: concentrar recursos en enfermedades prevenibles y de alta carga (tanto infecciosas como no transmisibles) en función de las necesidades locales. Respuesta de emergencia equilibrada: la respuesta a los brotes debe integrarse dentro de la resiliencia general del sistema de salud, y no tratarse como una función de comando global separada. Monitoreo y evaluación: Mantener sistemas de datos transparentes, centralizados y estandarizados para rastrear el progreso. Respuesta nacional y regional: La respuesta operativa permanecerá principalmente a nivel comunitario, nacional y regional. Sostenibilidad: Promover intervenciones con plazos determinados que creen capacidad y eventualmente hagan innecesaria la asistencia de la OHI, reduciendo la dependencia y fomentando la autosuficiencia nacional.
La deriva de la OMS
Este informe, junto con el Informe Técnico, narra la transformación de la OMS de una agencia técnica a una burocracia politizada dirigida cada vez más por intereses creados y no estatales.
Las primeras décadas produjeron triunfos como la erradicación de la viruela. Las décadas posteriores produjeron un retraso en la misión, dependencia de fondos asignados (más del 80 por ciento de su presupuesto) y alineación con agendas corporativas e ideológicas. La respuesta al Covid-19, marcada por mensajes contradictorios, censura y descuido de la ciencia establecida sobre la pandemia, reveló hasta qué punto la OMS se ha desviado de sus principios fundacionales.
Los acuerdos pandémicos de 2024-25 (el Acuerdo Pandémico y el Reglamento Sanitario Internacional revisado) corren el riesgo de institucionalizar esta tendencia al centralizar la autoridad y legitimar la censura con el pretexto de combatir la “desinformación”, consolidando las prioridades de los financiadores invertidos y tergiversando los riesgos relativos para la salud y los retornos esperados de nuevas inversiones para los estados miembros. El Acuerdo sobre la Pandemia también es un trato injusto para muchos países de ingresos bajos y medios, que constituyen la mayor parte de la población mundial. Consolida prácticas injustas al tiempo que carga a los Estados con menores recursos con demandas y gastos poco realistas, por ejemplo con respecto a One Health.
La soberanía y el nuevo contexto global
Desde 1945, la interdependencia global se ha profundizado, pero también lo ha hecho la resistencia a la gobernanza tecnocrática desvinculada de la legitimidad democrática. En todas las democracias, una reafirmación populista o centrada en el pueblo de la soberanía debería verse como un desafío a la extralimitación supranacional. El informe considera que se trata de una oportunidad para entablar un diálogo saludable que aborde las deficiencias actuales y la desviación indebida de las misiones. La cooperación sigue siendo esencial. Pero una cooperación que sea voluntaria, responsable y anclada en la igualdad soberana de los Estados, de modo que éstos sean más capaces de cumplir por sí mismos con su responsabilidad respecto a las necesidades sanitarias y de desarrollo de sus pueblos.
La retirada de Estados Unidos de la OMS ilustra otras exigencias coherentes con esta visión: una coordinación internacional que sea científica, transparente y responsable, no politizada ni impulsada por los donantes.
Principios para la estructura y gobernanza de la OHI
Para encarnar estos valores, la gobernanza y la estructura de la OHI propuesta diferirían de las de la OMS.
Estructura
Organización descentralizada: Las oficinas regionales tienen responsabilidad operativa, de conformidad con la OMS regional existente o agrupaciones subregionales [por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina Regional del Sudeste Asiático (SEARO), África Occidental, Central y Oriental]. Dotación de personal más pequeña y modular: centrar los recursos en los niveles regional y nacional en lugar de una sede inflada al estilo de Ginebra. Representación directa del país: bloques de votantes más pequeños para equilibrar la influencia entre estados grandes y pequeños. Secretaría simplificada: Liderazgo limitado a la coordinación, la gestión del conocimiento y la facilitación.
Constitución
Incorporar a la constitución los derechos humanos fundamentales basados en la soberanía individual y la consiguiente ética médica y de salud pública que se exponen en este informe, como principios rectores inviolables de la política y su aplicación. Codificar la igualdad de los Estados, la independencia de la organización frente a agentes no estatales y la mejora de los controles y equilibrios para evitar la captura. Cláusulas explícitas y más sólidas sobre conflictos de intereses y requisitos de transparencia financiera.
Financiación
Preferir las contribuciones nacionales para preservar la independencia. Si se aceptan fondos voluntarios o privados, deben mantenerse sin especificar y dentro de unos límites transparentes. Las fórmulas presupuestarias deben asignar los recursos de forma que reflejen las necesidades de las regiones con una carga elevada y bajos ingresos, haciendo hincapié en programas de desarrollo de capacidades con plazos concretos y estructurados para lograr la autosuficiencia.
Dotación de personal
Imponer la limitación de mandatos, la rotación y el servicio externo periódico para evitar la osificación institucional. Dar prioridad a la competencia técnica y la experiencia sobre el terreno frente al clientelismo político. Establecer requisitos claros en materia de divulgación de conflictos de intereses y períodos de reflexión para el personal que se traslade a la industria privada o proceda de ella.
Transición de la OMS a la OHI
El informe reconoce los obstáculos para reformar o sustituir la OMS:
Las estructuras centralizadas y la burocracia osificada se resistirán a la redistribución del poder. Un denso ecosistema de asociaciones público-privadas y agentes no estatales (por ejemplo, el Banco Mundial, Wellcome Trust, la Fundación Gates) tiene intereses creados en el modelo existente. Una cultura de liderazgo impregnada de estrecha colaboración con el sector privado ha normalizado la opacidad y la comunicación basada en el miedo.
El Grupo toma nota del precedente de la Sociedad de Naciones: una reforma institucional importante puede lograrse bajo la bandera de la «sustitución». Una nueva organización puede conservar activos valiosos -como las redes de oficinas nacionales y regionales- al tiempo que reajusta la gobernanza y la finalidad.
Podrían racionalizarse las estructuras regionales (por ejemplo, dividiendo África en bloques más coherentes de Oeste, Este, Centro y Sur; desvinculando Asia Central de Europa).
Una fórmula de financiación reformada podría dirigir proporciones más elevadas hacia las regiones más pobladas y con mayor carga.
Recomendaciones
A. Principios subyacentes
Basar toda la actividad sanitaria internacional en cuatro principios éticos cardinales: Beneficencia No maleficencia Confidencialidad Consentimiento informado Reconocer estos cuatro principios cardinales como derechos fundamentales que protegen a las personas de la coacción y sirven de sustrato ético para la cooperación internacional. Afirmar el principio de la Carta de las Naciones Unidas de igualdad soberana de los Estados y el marco de derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial como fundamento constitucional de cualquier OHI. Presentar un conjunto de principios para la cooperación internacional en materia de salud pública basados en estos fundamentos.
B. Papel de una OHI
Facilitar el diálogo y la cooperación técnica entre los Estados, preservando al mismo tiempo la propiedad y la autonomía nacionales. Proporcionar orientación normativa y promover normas sanitarias armonizadas, incluida la reglamentación sanitaria internacional, sin aplicarlas de forma coercitiva. Actuar como repositorio transparente de datos verificados y pruebas científicas. Apoyar a los Estados en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y en la elaboración y aplicación de estrategias sanitarias nacionales. Centrarse en los determinantes fundamentales de la salud -saneamiento, nutrición, educación y prevención de enfermedades crónicas- en lugar de dar prioridad a la microgestión de emergencias. Dar prioridad a las intervenciones contra las enfermedades de alta carga con mayor impacto en la esperanza de vida y la reducción de la pobreza. Integrar niveles proporcionales de preparación ante una pandemia en el contexto general de la resiliencia del sistema sanitario. Mantener el seguimiento y la evaluación centralizados, pero delegar la respuesta operativa a los niveles regional y nacional. Crear una capacidad nacional sostenible y planificar la eventual redundancia de las intervenciones de la OMS a medida que mejoren los resultados sanitarios.
C. Gobernanza y estructura
Establecer una estructura descentralizada, centrada en las regiones y alineada con los bloques económicos y sanitarios existentes. Garantizar una representación equitativa del personal mediante bloques más pequeños. Mantener un personal y un presupuesto proporcionados al mandato, con concentración en los niveles regional y nacional. Codificar en una constitución la igualdad de los Estados y los controles contra los conflictos de intereses. Incorporar límites a los mandatos y políticas de rotación para el personal y la dirección.
D. Financiación
Dar prioridad a las contribuciones nacionales señaladas para mantener la independencia. Limitar la financiación voluntaria y privada a proporciones transparentes y limitadas que no se especifican. Asignar fondos utilizando fórmulas que favorezcan a las regiones con altas cargas y bajos ingresos. Exigir la divulgación pública completa de todos los donantes como control parcial de los principales contribuyentes que influyen indebidamente en las prioridades.
E. Transición y reforma
Llevar a cabo la reforma a través de un proceso externo dirigido por el Estado en lugar de mecanismos internos de la OMS. Conservar componentes útiles de la arquitectura actual de la OMS (por ejemplo, oficinas en los países), pero reconstituir la gobernanza y las finanzas. Descentralizar las oficinas regionales para lograr una subsidiariedad genuina y al mismo tiempo maximizar los beneficios de las economías de escala (por ejemplo, dividir África y Europa en subregiones más pequeñas). Utilice acuerdos de transición que incluyan reglas de conflicto de intereses, igualdad de estados y requisitos de enmienda por mayoría calificada. Garantizar que el liderazgo, la dotación de personal y la toma de decisiones sean independientes de la dirección no estatal (por ejemplo, del sector privado o de una fundación filantrópica).
F. Visión a largo plazo
Construir una OHI que actúe principalmente como foro y facilitador, no como autoridad gobernante. Hacer hincapié en la capacitación frente al control, la autosuficiencia y la soberanía frente al supranacionalismo. Diseñar programas de duración limitada que refuercen los sistemas locales en lugar de perpetuar la dependencia. Medir el éxito no por la expansión de la OHI, sino por su progresiva redundancia a medida que maduran las capacidades nacionales.
Conclusión
El Derecho a la soberanía sanitaria concluye que el restablecimiento de la confianza en la gobernanza sanitaria internacional depende del redescubrimiento de los fundamentos morales de la medicina y la salud pública, y de las responsabilidades soberanas del Estado nación. Es posible que el modelo de la OMS –centralizado, capturado por los donantes y impulsado ideológicamente– no sea capaz de afrontar ese desafío.
El futuro de la salud mundial reside en una arquitectura ética, soberana y descentralizada, diseñada para servir a las personas a través de sus Estados, no para gobernarlas. Una Organización Internacional de la Salud basada en la soberanía, la subsidiariedad y la ética integraría principios morales universales (beneficencia, no maleficencia, confidencialidad, consentimiento informado) y, en consecuencia, un conjunto de principios de salud pública derivados de ellos, incluida una arquitectura de rendición de cuentas y descentralización. Preservaría los beneficios de la cooperación al tiempo que defendería las libertades de los individuos y las naciones.
El Proyecto de Reforma Sanitaria Internacional (IHRP) reúne a un panel multidisciplinar y multinacional con experiencia en salud internacional, derecho y la función de las organizaciones internacionales en varias regiones. El grupo está examinando los principios fundamentales de los derechos humanos, la soberanía y la ética de la salud pública sobre los que debe funcionar una organización sanitaria mundial y cómo la OMS no los respeta en la actualidad. La OMS se ha alejado mucho de sus raíces como organización controlada exclusivamente por los Estados miembros y basada en los principios y la ética aceptados tras la Segunda Guerra Mundial. Una revisión clara de esta deriva ayudará a determinar si la reforma necesaria es factible dentro de la OMS, o si es necesario desarrollar una estructura nueva y más apropiada.
La revisión aborda la financiación y los conflictos de intereses, la exigencia de un control y una rendición de cuentas estatales, y la necesidad de desarrollar capacidades a nivel nacional para reducir la dependencia de los donantes y fomentar la autosuficiencia. Se necesita una plataforma sólida para una reforma urgente pero positiva que garantice que no se desaprovecha la oportunidad que brinda un orden internacional sometido a tensiones, la retirada de Estados Unidos y una inquietud más generalizada.
Ver todos los mensajes Fuente original (en inglés): Instituto Brownstone.
Traducido y editado por el equipo de Diario de Vallarta y Nayarit. Autor: Proyecto Internacional de Reforma Sanitaria
