Trump firma una orden ejecutiva para remodelar las elecciones con una lista nacional de votantes por correo. La orden utiliza agencias federales para verificar la ciudadanía y ordena al Servicio Postal que controle las papeletas. Trump afirma que la medida es necesaria para detener el fraude en el voto por correo y garantizar unas elecciones honestas. Líderes demócratas y grupos de defensa del derecho al voto prometen recursos legales inmediatos, calificándola de inconstitucional. Expertos legales dudan de la legalidad de la orden, citando la falta de autoridad del presidente sobre la administración electoral.
El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva con el objetivo de remodelar fundamentalmente las elecciones estadounidenses mediante la creación de una lista nacional de ciudadanos elegibles para votar por correo. La orden, firmada el martes, ordena a las agencias federales que verifiquen la ciudadanía y encarga al Servicio Postal de Estados Unidos que controle la distribución de papeletas. La administración lo presenta como un paso necesario hacia la integridad electoral, mientras que los líderes demócratas y los grupos de defensa del derecho al voto han prometido una guerra legal inmediata, preparando el escenario para un enfrentamiento monumental sobre quién controla la mecánica de la democracia.
El presidente Trump, que lleva tiempo achacando su derrota en las elecciones de 2020 al fraude en el voto por correo, dejó claras sus intenciones en la ceremonia de la firma. “Las trampas en el voto por correo son legendarias. Es horrible lo que ha estado ocurriendo”, dijo. Y añadió: “Si no tienes un voto honesto, no puedes tener, realmente, una nación”. La orden, titulada “Garantizar la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales”, representa su intento más agresivo de imponer unilateralmente restricciones que se han estancado en el Congreso.
La mecánica de la orden
La orden ejecutiva ordena al Departamento de Seguridad Nacional que, en colaboración con la Administración de la Seguridad Social, elabore listas por estados de ciudadanos estadounidenses en edad de votar utilizando bases de datos federales. Estas listas se enviarán a los funcionarios electorales estatales al menos 60 días antes de las elecciones. Y lo que es más importante, la orden ordena al Servicio Postal de EE.UU. que envíe las papeletas de voto por correo sólo a las personas cuyos nombres figuren en estas listas federales. Cada sobre de voto llevaría un código de barras único para rastrear los votos individuales y evitar la duplicación.
El Secretario de Personal de la Casa Blanca, Will Scharf, defendió la orden como un correctivo a los abusos del pasado. “Creemos que, combinadas, las medidas de esta orden ayudarán a asegurar las elecciones en el futuro y a garantizar que los numerosos abusos cometidos en nuestras elecciones en el pasado no se repitan en elecciones futuras”, dijo Scharf. El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente en la firma, subrayó que “los fundamentos de nuestra democracia se basan en la integridad de los votantes.”
Reacción inmediata y dudas jurídicas
La respuesta constitucional fue rápida y feroz. La Constitución otorga a los estados una amplia autoridad sobre “el tiempo, el lugar y la forma” de las elecciones, con un papel secundario para el Congreso. Expertos jurídicos y funcionarios estatales de ambos partidos han señalado sistemáticamente que el presidente no posee ninguna autoridad constitucional explícita sobre la administración de las elecciones. “Esta orden ejecutiva es un abuso de poder flagrante e inconstitucional”, afirmó el senador demócrata por California Alex Padilla. Y advirtió: “No se equivoquen: Los ataques de Trump a nuestras elecciones son una amenaza clara y presente para nuestra democracia.”
Los líderes estatales se mostraron igualmente desafiantes. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, declaró: “El Presidente quiere limitar qué estadounidenses pueden participar en nuestra democracia. California lo verá en los tribunales”. Los funcionarios de Arizona y Oregón también prometieron demandas inmediatas. El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, tachó la orden de “gran y gigantesca pérdida de tiempo”, y añadió: “La mayor amenaza para las elecciones estadounidenses es que Donald Trump mienta sobre ellas.”
Los expertos en derecho electoral coinciden en que la orden se enfrenta a grandes obstáculos. Sean Morales-Doyle, del Centro Brennan, declaró que es “rotundamente ilegal”, y señaló: “El presidente no tiene ninguna autoridad para escribir las reglas que rigen nuestras elecciones”. Esta acción sigue a los bloqueos judiciales previos contra los intentos de la administración Trump de exigir una prueba de ciudadanía para votar y de retener fondos federales de los estados que no cumplan.
El presidente Trump reconoció las luchas legales que se avecinan, pero se mostró confiado. “Creo que es infalible”, dijo antes de firmar. “Y quizá se ponga a prueba. Quizá no”. Especuló que un desafío requeriría “un juez canalla”, y prometió: “Apelaremos si lo es, pero no veo cómo alguien más podría desafiarlo.”
Con las impugnaciones legales ya prometidas desde varios estados y un Congreso demasiado dividido para actuar, los tribunales pueden decidir en última instancia no sólo el destino de la orden, sino la cuestión más amplia de quién tiene el poder de influir en las elecciones estadounidenses.
Las fuentes de este artículo son:
Fuente original (en inglés): Natural News