Por Javier Orozco Alvarado, Ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
Aunque nuestro país enfrentará diversos retos en el entorno global, son los económicos y políticos los que más preocupan a muchos sectores de la sociedad.
En primer lugar, porque según las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB en nuestro país crecerá tan sólo un 1.3% para 2025; lo que aunado al bajo crecimiento promedio anual de 0.9% durante todo el sexenio 2018-2024, significará una mayor caída del ingreso per cápita y un mayor crecimiento de la pobreza. En segundo lugar, porque en lo político el problema de la inseguridad seguirá creciendo y la confrontación entre los tres poderes de la unión traerá como consecuencia mayor inestabilidad social.
El reto para el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum será mantener el enorme gasto social para las pensiones del bienestar, las becas Benito Juárez y todos los demás programas sociales que quedarán elevados a rango constitucional con “el segundo piso de la transformación”; en un escenario de marcado déficit fiscal, alto endeudamiento público y bajo crecimiento económico.
El reto será mayúsculo para la nueva presidenta, quien no contará, como su antecesor, con todos los fondos de los fideicomisos que se acumularon durante la era neoliberal. Además tendrá que enfrentar la desconfianza que, a raíz de la reforma al Poder Judicial, se ha generado entre los inversionistas nacionales y extranjeros; cuyos tintes autoritarios del partido en el poder han prendido las alarmas entre nuestros socios comerciales y entre los juristas de otras partes del mundo.
La realidad es que en el terreno político se siguen traspasando las fronteras de lo que fuere nuestra incipiente democracia, para imponer reformas constitucionales que violan el principio de equidad, inclusión y discusión, en nombre de la voluntad del pueblo de México; imponiendo cambios constitucionales sólo porque lograron instaurarse como mayoría autocrática en el Congreso de la Unión.
Pero la catástrofe no está en las leyes constitucionales que han reformado o están por reformar; está en las calles con la inseguridad y la violencia que se vive en todo el territorio, para lo cual las autoridades siguen sin hacer nada. Tan es así que, en la encuesta más reciente, de septiembre 2024 del INEGI, se muestra que 6 de cada diez ciudadanos y casi 7 de cada diez mujeres de 18 años y más, consideran inseguro vivir en su ciudad. Además, 67.8% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos y la percepción generalizada de inseguridad rebasa el 60%.
Con la llegada del nuevo gobierno y, a pesar de la supuesta estrategia de seguridad, siguen desapareciendo y asesinando activistas, políticos, sacerdotes y mujeres, en un escenario en el que los cárteles siguen controlando el poder político en México como en el sexenio anterior.
Mientras tanto, la aplastante mayoría de Morena y sus aliados en las Cámaras siguen destruyendo las instituciones y reformando la Constitución a su antojo, con excesos y arrogancia para someter los poderes de la Unión en favor de su perpetuación en el poder.