El día de hoy se llevó una sesión solemne conjunta de los tres niveles de gobierno en el Poder Judicial, los Plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde ahí, se mandó un mensaje directo a quienes han mencionado un posible recorte al presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio de egresos 2024.
El presupuesto del Poder Judicial de este año fue de cerca de 80 mil millones de pesos y se pretende que para el ejercicio fiscal del 2024 tenga un aumento del 4% respecto al presupuesto aprobado para este año 2023.
La presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Piña Hernández, en su intervención argumentó el aumento de los recursos y explicó hacia donde se dirigía el incremento solicitado.
Noma Piña dijo que la asignación presupuestal que hoy manda al Poder Ejecutivo y que a la vez éste la remita al Poder Legislativo para su aprobación, tiene que ver un diseño que responde al ejercicio de contrapesos entre los tres poderes, «el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho«.
Un mensaje claro y directo para la 4T.
Piña Hernández amplió el mensaje claro y directo en defensa del Tribunal Electoral cuando se refirió al proceso electoral que se vecina y que exige «una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática.
Y fue directa para quienes tienen la idea de hacer un recorte al presupuesto porque, dijo, afectarán directamente en las sentencias y el trabajo jurídico para resolver los casos al «colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos…en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación —como cualquier función pública— está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal«.
Mensaje claro y directo que condiciona el trabajo en los miles de casos sin sentencia que se acumulan en los cientos de juzgados. Si hay pilas de casos acumulados hoy habrá montañas sin el presupuesto pedido.
Llama la atención la explicación de la ministra de unos de los rubros que se incluyen en el incremento presupuestal. Se trata de la creación de un nuevo órgano que se ha visto en vuelto en una polémica que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado en las conferencias mañaneras; y es que al frente de ese organismo creado para la seguridad de los ministros, nombraron a un muy cercano colaborador del corrupto secretario de seguridad pública en los tiempos del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, hallado culpable de varios delitos y preso en una cárcel de Estados Unidos.
La Ministra presidenta argumentó el destino financiero a la creación de medidas de seguridad porque aduce que «impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional».
Aquí el mensaje completo de la Ministra Norma Piña↓↓
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