La Corte Suprema de Venezuela aprobó la reelección del presidente Nicolás Maduro el jueves sin sorpresa, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, que ve la decisión del tribunal como «nula» y cuestiona su independencia.
Maduro solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «certificara» el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró vencedor con el 52% de los votos.
La oposición, por su parte, se declara ganadora de las elecciones y acusa tanto al TSJ como al CNE de favorecer al chavismo. La presidenta del TSJ y responsable de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, entregó el dictamen que «certifica de manera inequívoca el material electoral examinado y valida los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, en los que resultó elegido Nicolás Maduro Moros» para el «periodo constitucional 2025-2031».
El fallo, respaldado por un informe que asegura la coherencia entre los boletines emitidos por el CNE y los datos de los centros de totalización nacional, es inapelable. Sin embargo, el TSJ no proporcionó detalles técnicos sobre el peritaje realizado.
La oposición, dirigida por María Corina Machado, insiste en que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos y ha publicado copias de las actas que, afirman, lo demuestran.
El chavismo ha respondido afirmando que el material es «falsificado». González Urrutia reaccionó rápidamente al fallo a través de las redes sociales proclamando la nulidad del mismo. Machado y González Urrutia ya habían indicado que considerarían «ineficiente e inválida» cualquier sentencia que validara el fraude electoral.
La acción del TSJ ha sido considerada improcedente por expertos legales, ya que la corte suprema asume responsabilidades que corresponden al CNE. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina no reconocen la proclamación de Maduro para su tercer mandato consecutivo.
Una misión independiente de la ONU cuestionó la «falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela».
El TSJ afirmó que el material electoral queda bajo su «custodia» y pidió al CNE publicar los «resultados definitivos» oficialmente, sin exigir el detalle de mesa por mesa. Por último, la autoridad electoral alegó que no divulgó los conteos de votos porque fue víctima de un hackeo, lo que también fue validado por el máximo tribunal.
