En México, exigir la cartilla de vacunación como requisito escolar no solo es ilegal, sino que vulnera la privacidad y puede derivar en discriminación, excluyendo a niños de su derecho constitucional a la educación. FORMATO DE CARTA MODELO PARA RESPONDER A REQUISITORIAS.
Por Dr. Alfonso Ortiz Castro
En los últimos años, diversas escuelas en México —tanto públicas como privadas— han comenzado a exigir a los padres comprobantes de vacunación como requisito para inscribir o mantener a sus hijos en las aulas. En algunos casos, se amenaza incluso con negar el acceso a la educación si no se demuestra que los menores han recibido determinadas vacunas. Aunque estas medidas se presentan como acciones para proteger la salud pública, su imposición obligatoria choca frontalmente con principios jurídicos nacionales e internacionales.
Consentimiento informado: un derecho fundamental
El artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por la UNESCO en 2005 y suscrita por México, es claro: toda intervención médica preventiva, diagnóstica o terapéutica requiere del consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. En el caso de menores de edad, esta decisión corresponde a los padres o tutores, siempre priorizando el interés superior de la niñez.
Al tener jerarquía constitucional según el artículo 1º de la Constitución mexicana, este principio prevalece sobre cualquier norma secundaria o reglamento escolar. Por lo tanto, ninguna autoridad educativa puede imponer la vacunación como requisito obligatorio, ya que hacerlo constituye una forma de coacción médica prohibida.
Privacidad de datos de salud: una protección legal clara
El estado de vacunación de una persona es un dato personal sensible, protegido tanto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados como por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Ambas leyes reconocen que nadie puede ser obligado a proporcionar este tipo de información sin su consentimiento expreso.
En consecuencia, exigir la cartilla de vacunación como requisito escolar no solo es ilegal, sino que vulnera la privacidad y puede derivar en discriminación, excluyendo a niños de su derecho constitucional a la educación.
El derecho a la educación no admite condicionamientos
La educación es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Negar la inscripción de un menor por razones médicas ajenas a su capacidad académica es una restricción arbitraria. El artículo 1º constitucional obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna.
Qué pueden hacer los padres
Ante una exigencia de este tipo, los tutores pueden:
- Negarse a entregar información médica de sus hijos, citando las leyes de protección de datos.
- Invocar el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
- Solicitar por escrito que cualquier condicionamiento de inscripción sea fundado y motivado conforme a la ley (ver Formato de Carta Modelo más abajo).
- Presentar quejas ante la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, la PROFECO (en escuelas privadas) o incluso el Ministerio Público por posible discriminación.
- En última instancia, recurrir al juicio de amparo.
Un debate de salud y derechos
Más allá de lo legal, existen debates sobre la seguridad de ciertas vacunas y aditivos presentes en ellas. Diversos investigadores y publicaciones, como el libro Flores Marchitas, han documentado la presencia de compuestos cuestionados como el óxido de grafeno en inyectables recientes. Esto, señalan los defensores de la libre decisión, refuerza la necesidad de garantizar que la vacunación sea siempre voluntaria e informada.
Llamado a la conciencia social
En un Estado democrático, proteger la salud pública no debe implicar atropellar derechos fundamentales. La autoridad debe informar y convencer, no imponer ni coaccionar. La libertad de decidir sobre intervenciones médicas, la privacidad de los datos y el acceso a la educación forman un trípode inseparable que debe respetarse.
Los padres tienen no solo el derecho, sino la responsabilidad de conocer y ejercer estas garantías. “En nuestras manos está proteger a quienes son más vulnerables: los niños”.
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