La sustracción ilegal de videos de los sistemas de seguridad de la ciudad de Iguala (Guerrero), 220 km al sur de la capital mexicana, cortó uno de los hilos que conducían a la verdad de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal (magisterio) Rural de Ayotzinapa, sin resolver desde 2014, denunciaron madres y padres de las víctimas.
«Los vídeos del Palacio de Justicia [de Iguala] son una prueba fundamental que puede dar cuenta de cómo fueron agredidos los estudiantes, hacia dónde fueron llevados y quiénes son los autores de este crimen», dijeron en un posicionamiento escrito los familiares y sus abogados.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», nombre prehispánico náhuatl de esa región agreste del sur del país, hizo ese señalamiento en vísperas del 26 de septiembre próximo, cuando se cumple el sexto aniversario de la tragedia.
«Es menester dilucidar dónde está esta evidencia toral [vídeos de cámaras de seguridad] para el esclarecimiento, o en su caso, qué acciones legales han emprendido las autoridades contra quienes manipularon y destruyeron tales pruebas», indicaron.
El reconocido centro defensor de victimas ha acompañado en instancias nacionales e internacionales a las familias de esa empobrecida región, asolada por el crimen organizado, que es un componente de las agresiones cometidas en complicidad con policías y autoridades, según evidencias conocidas hasta la fecha.
Ataque al quinto autobús
Un centenar de estudiantes viajaban en cinco autobuses de transporte público que habían «ocupado», incluidos los choferes, para recorrer unos 300 kilómetros desde la sede de la escuela de Ayotzinapa a la Ciudad de México a una manifestación, cuando pasaron por Iguala, donde habían tomado el quinto autobús en la terminal local.
«Aquella noche, el autobús 1531 salió de la (estación) Central Estrella Blanca de Iguala, ubicada cerca del centro de la ciudad, por la Calle Juan Álvarez, dobló por la Avenida Aldama con rumbo a Chilpancingo», capital de Guerrero, indica el relato.
En ese autobús viajaban entre 15 y 20 estudiantes, según el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 14 de abril de 2016, reseña el pronunciamiento emitido en vísperas de que se emitirá un informe oficial de nuevos hallazgos de la Fiscalía General de la República, en un acto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Al llegar al Palacio de Justicia, la Policía Municipal de Iguala disparó a las llantas del autobús, impidiéndole el paso», reseñan los abogados y familiares.
De manera violenta, los policías de Iguala intentaron bajar a los jóvenes de los autobuses.
«Al no lograrlo, cortaron ramas de los árboles y quebraron las ventanas del autobús, tirando bombas de gas lacrimógeno al interior, obligando de esta forma a los estudiantes a descender del vehículo», prosigue el relato.
La policía golpeaba violentamente a los estudiantes al ir bajando y de inmediato los subían a las patrullas, según la nueva denuncia.
También llegaron al lugar policías del municipio vecino de Huitzuco: «en sus patrullas se llevaron a los estudiantes», aseguran los juristas.
El documento cita testigos que afirman haber escuchado que cuando llegaron agentes de la Policía Federal preguntaban por «los chavos» es decir los jóvenes, la respuesta que recibieron fue: «ya se los llevaron los (policías) de Huitzuco, allá el patrón sabrá qué hacer con ellos».
Otros datos de prueba corroboran la presencia de esta corporación policíaca en el lugar, pero las autoridades de ese municipio nunca fueron involucradas en las investigaciones del Gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Según peritajes de expertos independientes, un grupo de seis cámaras de seguridad tenían un radio de acción que les permitió grabar toda la violencia contra los estudiantes, cuyo virulencia podría ser el uso de ese vehículo para transportar droga, que los alumnos ocupantes ignoraban.
También tenían capacidad de registrar «la identidad de los perpetradores; sin embargo, los vídeos que se generaron por el sistema de circuito cerrado no existen» en los expedientes, dice la denuncia.
Los trabajadores técnicos y autoridades del Poder Judicial declararon que intentaron hacer un respaldo de los vídeos «pero los dispositivos estaban averiados».
Hasta la fecha, los vídeos siguen sin aparecer.
«De acuerdo a los datos de prueba que obran en la investigación, existe evidencia que extraoficialmente (desconocidos) ingresaron al sistema de circuito cerrado de manera directa y vía remota, para extraer la información de los videos generados el día 26 de septiembre de 2014», puntualiza la denuncia.
Se desconoce si el Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (sur) emprendió acciones legales contra los funcionarios implicados en la pérdida de los vídeos mencionados.
El año pasado, el Congreso del Estado de Guerrero conformó una Comisión para que investigara estos hechos, sin avances conocidos en la recuperación de esas evidencias.
Los abogados y familiares de los desaparecidos se reunieron el 3 de septiembre con el presidente López Obrador y el fiscal federal, Alejandro Gertz, donde les anunciaron la entrega de un informe que se presentará el sábado 26 de septiembre, en el sexto aniversario de los hechos.
Fuente: Sputnik. Artículo original