Un detenido “trans” en la provincia argentina de Córdoba, quien adoptó el nombre de “Gabriela” tras su “transición”, fue imputado por la violación de una reclusa con la que compartía unidad carcelaria, dada la legislación vigente. Medios locales agregan que “Gabriela” acumula múltiples denuncias por violencia de género, tanto antes como después de su cambio de identidad.
El sistema judicial de Córdoba enfrenta a partir de este caso una tensión entre los “derechos” que dispone la “Ley de identidad de género” y la seguridad de las mujeres en las cárceles femeninas.
La historia judicial comenzó hace una década cuando Gabriel Fernández fue condenado por diversos delitos contra sus parejas. Tras “autopercibirse” mujer, fue trasladado a un pabellón femenino donde, según informes penitenciarios, se convirtió en una figura dominante que ejercía maltrato psicológico y verbal sobre las internas, utilizando su condición física como elemento de intimidación.
Sobre Fernández pesan una serie de causas: privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo –primer hecho–; privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo y por mediar violencia y amenazas, lesiones leves calificadas (tres hechos), amenazas calificadas, amenazas simples y daño, todo en concurso real”, además de desobediencia a la autoridad. Ahora, se le sumó la acusación de abuso sexual.
En julio de 2023, la situación escaló cuando se reportó que había abusado sexualmente de una interna que quedó embarazada. Este incidente, sumado a las múltiples sanciones disciplinarias y denuncias previas por violencia doméstica, llevó a la Cámara de Acusación de Córdoba a ordenar su traslado a una unidad especial, separada tanto de la población masculina como femenina.
El tribunal destacó que, al intentar garantizar los “derechos de identidad de género” del imputado, se pusieron en riesgo los derechos de 481 reclusas y del personal penitenciario femenino, estableciendo un precedente para el manejo de casos similares en el futuro.
“Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras”, dijeron los jueces de la Cámara de Acusación de Córdoba, con la firma de los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.
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