(AAP) — La Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses (“AAPS”) presentó una moción para una Interdicto preliminar contra el nuevo mandato que exige que decenas de millones de estadounidenses proporcionen información personal al gobierno federal.
Para el 1 de enero de 2025, los estadounidenses que participan en la gestión de entidades pequeñas (incluso algunas políticas) deben informar al gobierno federal sus domicilios, fechas de nacimiento y otra información, como números de licencia de conducir.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (“FinCEN”) está creando una nueva base de datos masiva de información personal sobre estadounidenses comunes y respetuosos de la ley, para compartirla ampliamente con otras agencias e incluso a nivel internacional para facilitar las investigaciones y los procesamientos federales. FinCEN asignará un “identificador FinCEN” a todas las personas sobre las que reciba esta información, señala el breve.
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Si bien existen algunas exenciones, la mayoría de los consultorios médicos pequeños están sujetos a esta carga regulatoria y a un posible acoso investigativo, al igual que los grupos sin fines de lucro que no están oficialmente calificados según la Sección 501(c)(3), señala la AAPS.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) impone hasta dos años de prisión por no informar esta información al gobierno federal o no actualizar las direcciones particulares. Las multas pueden ser de hasta $10,000 por infracciones.
“Se trata de una gran expansión del poder de la policía federal, con su sesgo político que ha empeorado”, dijo el asesor general de la AAPS, Andrew Schlafly. “Afortunadamente, múltiples disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos se oponen firmemente a esta extralimitación federal”.
AAPS solicita al tribunal federal de Amarillo, Texas, que otorgue una medida cautelar preliminar contra esta ley inconstitucional con base en las Enmiendas Primera, Cuarta, Quinta y Décima. Otros tribunales de distrito han dictado decisiones en ambos lados de esta cuestión.
“Particularmente alarmante es cómo este nuevo requisito de divulgación tendrá el efecto de quitarles el derecho a poseer armas a quienes se considere que violan la CTA”, señala Schlafly. “La pena de prisión de dos años en virtud de la CTA desencadena la revocación del derecho de la Segunda Enmienda bajo un estatuto federal de control de armas”, añade.
Esta demanda de AAPS está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Amarillo, Texas, No. 2:24-cv-210-Z.
Reimpreso con autorización de Asociación de médicos y cirujanos estadounidenses.
Fuente original (en inglés): LifeSite Autor: David McLoone. Créditos de la imagen: LifeSite. Traducido y editado por el equipo de Diario de Vallarta & Nayarit con ayuda de DeepL y Google Translator.