Por JUAN FRANKMAN
El mes pasado, el Ejército envió una carta a miles de soldados que fueron dados de baja por negarse a cumplir con el mandato de vacunación contra el COVID-19.
La carta establece que, “como resultado de la rescisión de todos los requisitos actuales de vacunación contra el COVID-19, los ex soldados que fueron separados involuntariamente por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19 pueden solicitar una corrección de sus registros militares”.
También establece que “las personas que deseen postularse para regresar al servicio deben comunicarse con su… reclutador local”.
Una copia de la carta que el ejército de EE. UU. envió a los miembros del servicio dados de baja por rechazar la vacuna COVID.
Una política destructiva de la que el ejército está “orgulloso”
La carta en sí no ofrece ningún cambio de política real, sino que reitera las políticas que el Ejército emitió en marzo de 2023. No describe ningún proceso nuevo implementado desde entonces para el regreso de los soldados, aparte de dirigirlos a su reclutador local.
Más importante aún, no hay ninguna disculpa real para estos soldados. De hecho, es todo lo contrario. El Ejército, en su sitio web del Comando de Recursos Humanos, afirma con respecto a la nueva guía que:
Seguimos orgullosos de la respuesta del Ejército a la pandemia y continuaremos fomentando la vacunación contra las variantes de COVID-19 como la forma más segura de garantizar la preparación, proteger a nuestros miembros y garantizar el éxito de la misión.
Esto es absurdo.
Estas políticas de las que el Ejército está “orgulloso” los llevaron a expulsar a unos 2.000 soldados, a maltratar a muchos otros, a negar a los soldados sus libertades religiosas de la Primera Enmienda y a obligarlos a tomar lo que los abogados han argumentado que era una droga experimental que potencialmente dejó a muchos heridos por la vacuna , ignoran el sentido común básico y amenazan y a menudo destruyen los medios de vida de los soldados que se ofrecieron como voluntarios para defender esta nación y la Constitución incluso con sus vidas.
Debido a una crisis de reclutamiento masiva que impide que el Ejército alcance sustancialmente sus objetivos de reclutamiento, el liderazgo del Ejército envió esta carta para que los soldados dados de baja por el mandato de vacunación vuelvan al servicio como un pequeño intento de detener la hemorragia. Y así como muchos pueden haber seguido la política de COVID para agilizar la progresión profesional, es posible que esta carta sea un intento fingido de “hacer algo” con respecto al fiasco de reclutamiento.
Entonces, ¿dónde deja esto al Ejército y qué efecto tendrá esta carta para traer de regreso a los miembros del servicio, aliviar la crisis de reclutamiento, fijar la retención y mejorar la preparación?
Por qué esta carta no funcionará
Para comprender por qué esta carta es ineficaz es necesario comprender lo difícil que fue para los miembros del servicio que, por diversas razones, no querían recibir la inyección de COVID-19. Los líderes del Departamento de Defensa (DoD) estaban tan empeñados en vacunar completamente a todos los miembros del servicio que amenazaron y destruyeron los medios de vida de miles y utilizaron todos los métodos a su disposición para forzar el cumplimiento.
Los no vacunados a menudo se vieron obligados a usar máscaras mientras que los vacunados no, no se les permitió usar gimnasios durante ciertas horas designadas solo para los vacunados y fueron sometidos a pruebas de COVID invasivas semanales. En ocasiones, estas personas fueron puestas en cuarentena durante períodos prolongados y no se les permitió salir de sus cuarteles o barcos. En algunos entornos de entrenamiento, los soldados no vacunados debían usar muñequeras rojas que decían “no vacunados” y burocracia en su equipo para indicar que de alguna manera estaban sucios.
Estas tácticas y políticas enfrentaron a los miembros del servicio entre sí cuando es vital que los miembros del servicio se apoyen mutuamente en tiempos de guerra.
E incluso si su propia unidad no participó en estas travesuras, las políticas del Departamento de Defensa hicieron extremadamente difícil que los no vacunados progresaran en sus carreras. Aquellos con una exención religiosa pendiente no podían desplegarse, viajar por trabajo o a escuelas para mejorar su carrera, ni trasladarse de una base a otra sin el permiso del subsecretario del Ejército y sólo entonces cuando dicho viaje se considerara “de misión crítica”. Estas políticas parecían diseñadas para castigar a los no vacunados.
Las exenciones religiosas fueron completamente ignoradas o negadas, lo que es una negación absoluta de nuestros derechos de libertad de culto de la Primera Enmienda y una violación de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
El Ejército ignoró su propia política médica y no aceptó exenciones médicas basadas en inmunidad o infección previa, lo que contradice su política existente en las Regulaciones del Ejército 50-562.
Los militares también violaron descaradamente la ley. Para exigir que un miembro del servicio militar tome un medicamento, ese medicamento debe estar aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA). (Ver 10 Código de EE. UU. § 1107a). En el momento del mandato, solo estaban disponibles productos autorizados para uso experimental (EUA), que los abogados argumentaron que el Departamento de Defensa no puede exigir ni obligar a nadie a tomar sin una exención presidencial.
Lamentablemente, algunos de los que sucumbieron al mandato de la vacuna por presión o falta de consentimiento informado pueden haber sufrido efectos adversos de las vacunas contra la COVID. Por ejemplo, la guardia nacional Karolina Stancik, después de recibir dos inyecciones de Moderna, sufrió tres ataques cardíacos, un derrame cerebral y otras complicaciones médicas. Y aunque Stancik recibió las vacunas después de alistarse, el ejército no cubre todos sus gastos médicos. Tiene 23 años y había practicado múltiples deportes antes de ingresar al ejército.
Más de 8.000 miembros del servicio fueron dados de baja y muchos de los expulsados no recibieron una baja honorable, sino más bien una baja general. Eso significa que esos veteranos no reciben todos sus beneficios del VA, incluido el GI Bill, para asistir a la escuela. También puede afectar las solicitudes de empleo y el empleo futuro, especialmente dentro del gobierno.
El Capitán del Ejército John Frankman recibe su Boina Verde en Fort Bragg, Carolina del Norte, en la graduación del Curso de Calificación de Fuerzas Especiales en agosto de 2019. (Foto cortesía de John Frankman).
El capitán del ejército John Frankman y su equipo realizan saltos militares en caída libre en Eloy, Arizona, en junio de 2021 (Foto cortesía de John Frankman).
El capitán del ejército John Frankman (derecha) y su destacamento se encuentran en tierra en Eloy, Arizona, después de haber completado un salto de caída libre militar en junio de 2021. (Foto cortesía de John Frankman).
En mi opinión, esta carta no es suficiente para que los miembros del servicio regresen. Más bien, es otra indicación de la arrogancia de las elites militares que preferirían continuar por el camino equivocado de destruir al ejército, dañar a los miembros del servicio y bajar la moral, en lugar de ser responsables de sus acciones y admitir que cometieron un error.
Pero no es sólo el ejército el responsable del tratamiento de los miembros del servicio. Desde la primavera de 2021, sus electores informaron a los miembros del Congreso lo que les estaba sucediendo a los miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, durante años, la mayoría de quienes elogian abiertamente a los miembros del servicio y les agradecen por su servicio no estaban allí para defender a estos patriotas castigados por las políticas de su propio gobierno.
Aunque me alegro de que este tema esté cobrando cierta importancia ahora, el silencio y la falta de acción sobre este tema durante casi tres años por parte de la mayoría es imperdonable.
Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
Para empezar, los líderes militares deben rendir cuentas por esta orden que destruyó la preparación, maltrató a los miembros del servicio y, a menudo, fue ejecutada por medios coercitivos. Debe haber transparencia sobre las infracciones que se produjeron y rendición de cuentas por acciones que fueron ilícitas.
Debido a que el liderazgo del Departamento de Defensa ha demostrado ser ineficaz en su autocontrol, el Congreso debe dar un paso al frente y, como nuestros representantes, responsabilizar a los líderes militares. Por lo tanto, todos los comités y subcomités relacionados con el ejército, el mandato de la vacuna COVID y el armamentismo del gobierno deben realizar audiencias e investigaciones de inmediato. Esto creará conciencia sobre cómo fueron tratados los miembros del servicio, expondrá las malas acciones de los líderes que en muchos casos fueron ilegales y amenazaron los medios de vida y las vidas de los miembros del servicio, arrojará luz sobre errores graves que tuvieron lugar durante el mandato del Departamento de Defensa y brindará lecciones aprendidas a Evite este error en el futuro.
Los representantes también deben celebrar audiencias regionales sobre este tema. Estuve en Capitol Hill el mes pasado y ya compartí con más de una docena de oficinas del Congreso que hay Veteranos Involuntarios de diversos orígenes y áreas de especialización que están listos y dispuestos a testificar y sacar a la luz estos temas.
Además, los miembros del servicio que sufrieron estas políticas deben recibir restitución por sus dificultades. Esto incluye, como mínimo y no se limita a, elevar automáticamente los estados de baja, permitir a los miembros del servicio la oportunidad de regresar, pagar atrasados o indemnización por despido, atención médica de por vida y discapacidad del 100 por ciento del Departamento de Asuntos de Veteranos para cualquier miembro del servicio lesionado por el tiros, favorabilidad para ascensos y asignaciones por oportunidades perdidas, y una recompensa por el coraje personal.
Para restablecer la confianza, debe haber una disculpa sincera y una garantía de que algo así nunca volverá a suceder. Esto debe lograrse a través de una política legal, pero también responsabilizando a los líderes del Departamento de Defensa por cualquier ley o política existente que hayan infringido. Además, los miembros del servicio deben ser conscientes de sus derechos legales al recibir capacitación regular sobre la Constitución que juran defender.
Los mandatos de la COVID no sólo afectaron a los militares, sino que afectaron gravemente los medios de vida y las libertades de todos los estadounidenses. El Congreso necesita examinar minuciosamente y responsabilizar a todo el estado administrativo, incluida la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Justicia y todas las demás agencias, para garantizar que estas instituciones sigan sirviendo al pueblo estadounidense. Les pagamos para que trabajen para nosotros, no para que limiten nuestras libertades. Si no solucionamos el problema más amplio de la intrusión gubernamental en nuestros derechos, la forma en que se trata a los miembros del servicio será sólo uno entre muchos otros problemas.
La carta que invita a los soldados dados de baja por el mandato de COVID resultará ineficaz para traer de regreso a estos soldados maltratados. Sin embargo, ¿puede ser eficaz para llamar la atención sobre el maltrato que recibieron los miembros del servicio, de modo que los líderes militares rindan cuentas, los miembros del servicio reciban restitución por las malas acciones que sufrieron y garanticemos que estas mismas atrocidades nunca vuelvan a ocurrir? Sin esto, la confianza seguirá rota y es posible que la contratación nunca se recupere.
John Frankman era un Capitán del Ejército que sirvió como Boina Verde de las Fuerzas Especiales y renunció después de ocho años de servicio activo debido al mandato de la vacuna COVID-19