Un conjunto de evidencias señala una grave colusión entre diferentes estamentos del Estado argentino para ocultar los graves daños de las inyecciones Covid, negar al público información esencial y obstaculizar el trabajo de un funcionario judicial comprometido con su función.
Por Claudio Fabián Guevara
El caso del fiscal Carlos Insaurralde, que debió excusarse de un expediente en el cual “por un error de tipeo” la ANMAT reconoció que las inyecciones Covid contienen grafeno, configura un cuadro de confesiones espontáneas de un Estado criminal.
Un conjunto de circunstancias señala una grave colusión entre diferentes estamentos del Estado argentino. En una cadena de eventos acreditados por documentación oficial, se ocultan los graves daños de las inyecciones Covid, se niega al público información esencial y se obstaculiza el trabajo de un funcionario judicial comprometido con su función.
También es factible comprobar un deliberado atentado contra la salud del pueblo argentino. Por un lado se aprueban inyecciones experimentales de alta peligrosidad; por el otro, se prohíben y persiguen terapias efectivas y seguras como el dióxido de cloro. En ambos casos, la decisión es arbitraria y no está respaldada en evidencias científicas que la avalen.
Para completar el cuadro, legisladores del oficialismo (con seguro apoyo de la oposición) intentan sancionar una ley para hacer obligatoria las inoculaciones Covid.
El caso Insaurralde: resumen
- El fiscal Carlos Insaurralde cobró notoriedad a raíz de un audio donde insta al pueblo argentino a denunciar los atropellos de la tiranía sanitaria en Argentina: las muertes y efectos adversos de la inoculación de la población, los trastornos del inconstitucional pase “Covid”, y el abandono de la gente por el «apartheid» sanitario.
Insaurralde motorizó también una causa a raíz de la muerte de una mujer luego de recibir la inyección de Astra Zéneca. Le solicitó a la ANMAT información sobre la composición de las “vacunas”, y el organismo dijo en un comunicado oficial que contienen grafeno, confirmando el Informe Campra.
El documento fue rápidamente desmentido en medio de una polémica internacional. Se explicó que fue “un error de tipeo”. Pero la ANMAT no suministró información alternativa sobre los componentes de la inyección.
Luego de la conmoción que provocó el caso, Insaurralde debió excusarse de atender la causa por sugerencia del fiscal general. Hoy teme por su puesto. Una movilización popular convocada frente a la Procuraduría lo respaldó.
Video: Acto en La Plata pidiendo la reincorporación del fiscal Insaurralde
Confesiones de un Estado criminal
En la sucesión de acontecimientos, el Estado argentino se autoincrimina, por acción u omisión:
En una entrevista con la periodista Verónica Ressia, el fiscal Insaurralde narra sus condiciones personales, que merecerían la atención de sus pares y sus superiores: No se ha “vacunado” porque ha comprobado la peligrosidad de las inyecciones, ya que ha atendido muchas víctimas, y además tiene familiares inoculados con trombosis. Por lo tanto, no tiene “pase sanitario” y no puede ingresar al banco, viajar en transporte público ni hacer vida normal. Nada de esto parece haber llamado la atención de la “familia judicial”, que en lugar de actuar de oficio y/o respaldar al único agente judicial que ha alzado la voz, le llama la atención y lo saca de la escena. ¿Cuál es el delito tipificado en esta situación?
Insaurralde relata que la ANMAT le dio respuestas parciales, incompletas y contradictorias a sus requerimientos sobre las “vacunas”. Tampoco ha informado sobre cantidad de muertes y lesionados por las inyecciones en Argentina. Calificando a los gigantes farmacéuticos como «la industria menos confiable», un artículo reciente de los editores de British Medical Journal declaró que era «moralmente indefendible» que esta información permanezca inaccesible para los médicos, investigadores y el público. ¿Qué figura penal configura esta negativa a brindar información fiable a los ciudadanos?
La ANMAT evidencia que no tiene información propia sobre la composición de los viales que ha aprobado; y, en forma deliberada o accidental, responde a la requisitoria judicial de una forma contradictoria: primero SI, después NO. ¿Cómo interpretaría esa conducta un juez?
Video: El fiscal Insaurralde entrevistado por Verónica Ressia
La ANMAT como organismo de contralor: el caso del dióxido de cloro
En un video reciente, Marcelo Daniel Otero expone la otra cara de la ANMAT. Queda claro, por las manifestaciones contradictorias del organismo sobre las inyecciones Covid, que no posee recursos propios para investigar los productos que aprueba, como las “vacunas”. Del mismo modo, un expediente iniciado a mediados de 2021 para solicitar que se realicen pruebas sobre la seguridad y eficacia del dióxido de cloro, fue contestado aduciendo que hay una amplia bibliografía en el exterior sobre la sustancia, pero para realizar pruebas, se debe contar con un pedido de un laboratorio farmacéutico.
Esto implica que el organismo prohibió y criminalizó el uso del dióxido de cloro sin contar con evidencia científica alguna. ¿Qué motivó la vehemente prohibición, en plena “pandemia”, de un producto legal en la mayor parte del mundo, que era de venta libre desde hace años en Argentina?
Por la decisión de la ANMAT, hubo allanamientos, detenciones, intensa propaganda negativa en los medios masivos, y negativas a suministrar la sustancia a enfermos que perdieron la vida. El documento que expone Marcelo Daniel Otero demuestra que la ANMAT no posee evidencia científica para justificar su postura contra el dióxido de cloro. ¿En qué la justifica entonces?
Video: Marcelo Daniel Otero, la ANMAT y el dióxido de cloro
¿Vacunación obligatoria en Argentina? Anatomía de una operación criminal
En este contexto, el oficialismo en el Parlamento argentino intenta hacer obligatoria la “vacunación Covid”. El proyecto intenta saltear la necesidad del consentimiento informado, cuya ausencia ha provocado cierres de vacunatorios, y es uno de los indicadores de la ilegalidad del procedimiento.
La iniciativa legislativa se propone legalizar lo que hasta ahora fue ilegal, y cierra el círculo de la colusión criminal entre diferentes estamentos del Estado.
Los resultados de la inoculación experimental en otros países, donde a diferencia de Argentina hay estadísticas oficiales, es devastadora:
- En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades registra al 10 de diciembre un total de 965,843 de eventos adversos de las vacunas COVID: 20,244 muertes y 155,506 lesiones graves (se presume que el listado de víctimas es mucho mayor, por el sesgo en los informes médicos y la obstrucción sistemática a los reportes).
- EudraVigilance, la base de datos europea, recoge hasta el 15 de enero 37.927 reportes de muertes y 3.392.632 reportes de lesiones (la mitad de ellas graves)
- Tendencias y cifras similares se registran en Israel, Gibraltar y la mayoría de los países con una alta tasa de «vacunación».
- Más de 1.000 estudios y/o reportes científicos informan que la ‘vacuna’ Covid no es segura ni efectiva.
Sin embargo, el gobierno argentino está inoculando hasta los niños, y ahora quiere pinchar compulsivamente a toda la población.
Como en tiempos de la última dictadura militar, una asociación ilícita transversal, manipulada por poderes externos, vuelve a diezmar al pueblo argentino.
