Dos fiscales argentinos pidieron esta semana una pena de prisión de hasta 12 años y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Fuente: Vision Times en español
En el contexto del juicio llamado «caso Vialidad» que comenzó en mayo de 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri, dos fiscales argentinos pidieron el lunes 22 de agosto una pena de prisión de hasta 12 años y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, por un entramado de corrupción en la obra pública durante su mandato anterior.
Durante 9 audiencias, los fiscales presentaron decenas de pruebas para demostrar que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner direccionaban obra pública de la provincia patagónica de Santa Cruz a Austral Construcciones, del empresario y supuesto testaferro de la familia, Lázaro Báez.
Cabe destacar que esta obra pública en gran parte no se terminó pero se cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, por lo que también se la acusa de defraudar al Estado nacional.
Entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. Solo 27 de las obras se terminaron y las otras 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados, según reportó Infobae.
«Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional», resumió Luciani.
El alegato de los fiscales estuvo sustentado con chats, documentos, y testimonios.
En este sentido, los fiscales Luciani y Sergio Mola afirmaron que los Kirchner «instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país».
En su alegato final, Luciani aseguró que «se trató de la mayor maniobra de corrupción del país», y dijo que perjudicó al Estado por más de 1.000 millones de dólares.
A pesar de las conocidas internas dentro de la coalición gobernante Frente para Todos entre la facción de Cristina Fernández y la del presidente Alberto Fernández, poco después de que el fiscal presentara su alegato, el presidente publicó un comunicado en apoyo a la vicepresidente.
Varios otros dirigentes del oficialismo se expresaron en las redes a favor de la vicepresidente. Pero también hubo muchos que salieron a festejar el alegato condenatorio de los fiscales, tanto en redes como en las calles, flameando banderas y golpeando cacerolas.
En este contexto, en las afueras del departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta se registraron algunos incidentes entre personas a favor y en contra de la vicepresidente.
Cómo sigue
El 5 de septiembre, los abogados de la defensa comenzarán sus alegatos finales, pero varios han cuestionado la «falta de pruebas» durante el proceso. Los defensores de la vicepresidente aseguran que no existe ningún documento que la vincule con las obras adjudicadas a Austral Construcciones, la constructora de Lázaro Báez, que se disolvió 3 meses después de que Mauricio Macri asumió como presidente.
Se espera que después de los alegatos finales de todas las defensas -que tardarán varias semanas- los 3 jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2 den a conocer su veredicto a fin de año.
En el caso de que Cristina Kirchner fuera condenada, no puede ser arrestada porque tiene fuero hasta el 9 de diciembre de 2023, cuando culmina su mandato.
De todos modos, los expertos legales aseguran que, en caso de una condena, el fallo será apelado y probablemente termine en la Corte Suprema, por lo que podrían pasar años antes de que haya una condena firme.
¿Se podrá presentar nuevamente como candidata?
Teniendo en cuenta los tiempos del proceso y de la propia justicia, eso no ocurriría en el período electoral de 2023, con lo cual Cristina Fernández de Kirchner podría presentarse nuevamente como candidata.
Si la condena queda firme luego de las elecciones y la exdirigente sigue ejerciendo algún cargo público, se deberá abrir un juicio político de destitución, dependiendo cuál sea ese cargo. Entonces, sería necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para removerla de su cargo.
El caso Vialidad es solo uno de los casos contra el kirchnerismo y como está relacionado con otros, los jueces están pensando en reagruparlos no en una megacausa, sino en varias causas pero interrelacionadas.
Por ejemplo, las obras de Vialidad se relacionan con los fondos que pasaron por las empresas Hotesur y Los Sauces y en las que los empresarios -contratistas del Estado- confesaron haber pagado sobornos en la causa de los cuadernos de las coimas y declararon cómo era el mecanismo de “aportes” obligatorios que debían hacer al Estado para poder cobrar sus facturas.