El Ministerio de Salud y Deportes de la provincia argentina de Mendoza ha implementado un nuevo protocolo que establece sanciones severas para los padres, tutores o responsables legales que se nieguen a vacunar a los menores a su cargo.
La resolución 2572 del Ministerio de Salud y Deportes, respaldada por el gobierno de Alfredo Cornejo, además de la aplicación compulsiva al niño mediante el uso de la fuerza pública, dispone sanciones a los padres las que incluyen multas de hasta $336.000, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios en hospitales públicos.
La normativa, impulsada por el ministro Rodolfo Montero, establece que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son obligatorias, independientemente de la voluntad de los padres, ya que, en su opinión, la responsabilidad recae también en el Estado provincial. Según Iris Aguilar, titular del Departamento de Inmunizaciones de esa provincia, “Mendoza ha sido pionera en establecer un protocolo claro para estos casos”.
El procedimiento comienza en el ámbito escolar, donde se ejecutan la mayoría de las campañas de vacunación. Si los padres expresan por escrito su negativa a que sus hijos sean vacunados en la escuela, tendrán un plazo de 30 días para cumplir con la inmunización en otro establecimiento, como un centro de salud. Durante este período, el sistema de salud provincial realizará un seguimiento individualizado para verificar el cumplimiento. Si la vacunación no se lleva a cabo, se activará un protocolo de denuncia que involucra a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).
En caso de persistir el incumplimiento tras el plazo estipulado, las autoridades de salud notificarán al ETI correspondiente y presentarán una denuncia formal ante la policía, autoridades municipales o judiciales. Según el artículo 119 del Código Contravencional de Mendoza, las sanciones pueden variar entre multas de $84.000 a $336.000, cinco días de arresto o trabajos comunitarios en centros asistenciales.
La resolución también obliga a los efectores de salud, tanto públicos como privados, y a los funcionarios públicos a reportar cualquier caso de negativa a la vacunación. Además, los datos de estas denuncias serán registrados para generar estadísticas que permitan monitorear digitalmente el cumplimiento del calendario de vacunación en toda la provincia.
La directora del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, explicó: «La resolución publicada ahora da 30 días para que las familias completen el esquema, ya sea en el ámbito público o privado. Pero lo importante es que quede registrado en el sistema nominal digital. No sirven certificados truchos o firmados por favor: queremos trazabilidad, transparencia y garantías para todos”, enfatizó.
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