Víctor Bernal dijo que siempre ha existido disposición y voluntad de llegar a un acuerdo con los constructores por el adeudo, pero aclaró que éste corresponde obras de la administración 2012-2015. Se han priorizado los servicios básicos de la población.
El adeudo que reclaman constructores al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, está reconocido como deuda pública en la entrega recepción y corresponde a obras contratadas en la administración municipal 2012-2015, reconoció el secretario general Víctor Manuel Bernal Vargas.
Lo anterior, en relación a lo señalado por el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Armando Brenez Moreno, quien refiere que dichas obras fueron ejecutadas en la anterior administración, a lo que Bernal Vargas agregó que es uno más de los adeudos recibidos por la administración de Arturo Dávalos Peña, el 01 de octubre de 2015.
“Estos contratos efectivamente son de empresas que en su momento ejecutaron obra en la administración 2012-2015, algunas en 2013, 2014 y 2015, y el área jurídica está atendiendo el procedimiento que los constructores iniciaron en contra del Ayuntamiento para obtener el pago”, precisó el funcionario municipal.
Reconoció que “sí existe un adeudo como tal” con estas empresas, y así “quedó registrado en la entrega recepción”, pero es uno de los tantos temas que la actual administración viene arrastrando y que está tratando de resolver.
El secretario general afirmó que se ha tenido acercamiento con los constructores, para tratar de llegar a un acuerdo, “desgraciadamente las finanzas no nos han dado para resolver todos los temas; se han priorizado otros que jurídicamente hemos estado atendiendo y resolviendo”, como el caso de Proactiva o laudos laborales.
Reiteró que se busca llegar a una buena negociación con los contratistas, “para quitarle ese pendiente a la administración municipal, uno más de los que traemos arrastrando”, indicó.
Víctor Bernal enfatizó que siempre ha existido apertura con los proveedores, de escucharlos, pero el problema ha sido la falta de dinero para poder resolver estos temas, ya que se han priorizado los servicios básicos de la población.
“Hay la voluntad, por supuesto, de esta administración de resolver ese problema, y estaremos abiertos siempre a escucharlos y también haciendo lo propio en la parte jurídica”, apuntó.
