El pleno de la Cámara de Senadores de México aprobó por abrumadora mayoría la Ley General para la Regulación del Cannabis, que le otorga media sanción del Poder Legislativo a las normas para el cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación de marihuana.
«Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que regula el uso del cannabis legal», informó en su cuenta de Twitter la Cámara Alta.
En su primer artículo, la nueva ley señala que el objetivo es «mejorar las condiciones de vida» de la sociedad mexicana, y «contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico».
La legalización de la marihuana contiene las normas que regirán para usos recreativo, científico, médico e industrial, lo que podría crear el mercado de cannabis más grande del mundo.
La legislación autoriza portar hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal, sin embargo, los usuarios deberán, obligatoriamente, comprar el enervante en establecimientos con permisos especiales.
La legislación regula y controla el consumo, producción y comercio del cannabis que obligaría a reformar las leyes de Salud, sobre Delincuencia Organizada, y de Impuesto Especial sobre producción y servicios, además del Código Penal Federal.
El decreto establece como entidad responsable de aplicar la Ley para la Regulación del Cannabis, al nuevo Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.
Esa nueva institución emitirá cinco tipos de licencias, relacionadas con «cultivo, transformación, venta, investigación y exportación o importación» de marihuana.
El dictamen legislativo aprobado señala que la función del nuevo organismo será «regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del cannabis», mediante permisos para vender productos relacionados con la hierba.
Las restricciones y las penas
El instituto que se creará establecerá los niveles máximos permitidos de tetrahidrocanabinol (THC), sustancia psicoactiva de la marihuana, y el cannabidiol (CBD), producto sin efectos psicoactivos, pero potencial medicinal.
Entre las restricciones, no se podrá fumar marihuana «si se está frente a menores de edad; si se está en lugares libres de humo de tabaco; o si está en lugares con concentración masiva de personas; si otras personas no quieren oler el humo», y en áreas de trabajo, públicas o privadas, entre otras restricciones.
En cuanto al autoconsumo, «cada persona podrá tener en su hogar hasta cuatro plantas de cannabis; si viven más de dos consumidores en la misma casa, podrán ser hasta seis plantas», indica el documento aprobado.
Organizaciones promotoras del «consumo adulto responsable» cuestionaron las elevadas penas de cárcel establecidas entre las sanciones, y la calificaron como una «continuación del enfoque punitivo y de seguridad», que se contrapone a un «enfoque de salud pública».
El dictamen aprobado «no despenaliza y sanciona más la posesión de cannabis» denunció la organización México Unido Contra la Delincuencia.
En cantidades para consumo personal y aprovisionamiento, «persiste el delito con desistimiento de acción penal y se añade multa; además, la pena por narcomenudeo será mayor a la de tráfico de cannabis, un mundo al revés», señala la organización que ha cabildeado en el Senado durante varios años junto con otros liderazgos ciudadanos.
En efecto, la legislación establece penas de prisión de tres a seis años cuando una persona porte entre 200 gramos y 28 kilos de marihuana sin contar con los permisos requeridos.
Esos castigos también se aplicarán cuando la autoridad acredite la intención de venderla o suministrarla de manera gratuita.
Finalmente, la legislación ordena penas de 10 meses a tres años de prisión aun cuando no se pueda acreditar que la persona buscaba comercializar la marihuana.
Después del debate y votación de los artículos reservados, la versión aprobada, que fue presentada por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasará a la Cámara de Diputados.
La Cámara Baja deberá revisarla y aprobarla antes de que finalice la actual legislatura, el 15 de diciembre próximo, como ordenó la Suprema Corte de Justicia.
Fuente: Sputnik. Artículo original
