El pacto energético firmado entre Venezuela y Estados Unidos, calificado como «el más importante del siglo XXI» entre ambos países, genera dudas sobre su aplicación real, duración, soberanía y beneficios económicos, pese al anuncio de Trump como “el mayor de la historia mundial”.
El presidente estadounidense afirmó que el acuerdo otorga a EE.UU. el “control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas venezolanas (estimadas en unos 300.000 millones) y facilita la reposición de la reserva estratégica estadounidense.
Del lado venezolano, la presidenta encargada Delcy Rodríguez detalló que el convenio tiene una duración de 25 años (con posible prórroga de 15 años según la Ley de Hidrocarburos) y contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Con un precio de referencia de 65 dólares por barril, Venezuela recibiría unos 209.335 millones de dólares en total, equivalente a cerca de 19 dólares por barril.
El actor central es la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Según un comunicado de la compañía (con sede en Barbados), NABEP tendrá el control operativo del negocio, mientras el Gobierno de EE.UU. retiene una participación del 35 % y acceso preferencial al 20 % de la producción a precio de costo. La firma afirma controlar derechos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas P1 y planea expandir operaciones en el Lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco para superar el millón de barriles diarios, con una inversión prevista de casi 100.000 millones de dólares.
Expertos cuestionan varios aspectos. El economista Oscar Zambrano señaló que resulta extraño que NABEP sea el socio privado de un acuerdo de esta magnitud, al tratarse de una empresa “sin experiencia, sin capital y sin tecnología”. Consultoras citadas por Bloomberg se preguntan por el papel que jugará PDVSA, las empresas mixtas existentes y el interés de las grandes petroleras en negociar con NABEP. También se duda de la capacidad actual de la industria venezolana para alcanzar las metas, tras una década de sanciones que han impedido la actualización tecnológica.
Existe discrepancia sobre la duración: mientras desde Washington se ha hablado de 100 años, las autoridades venezolanas insisten en 25 años con prórroga posible.
En cuanto a las sanciones, Rodríguez indicó que se trabaja con las autoridades estadounidenses para levantarlas, paso que considera necesario para el desarrollo económico y la celebración de elecciones. Trump no se ha referido directamente a su eliminación; en enero de 2026 firmó una orden ejecutiva que garantiza al Tesoro el manejo de los ingresos petroleros venezolanos, renovó las sanciones y optó por una política de licencias limitadas para operar en el país.
Fuente original y créditos de la imagen: Kontrainfo