Un “Consejo de Ciudadanos” alemán ha presentado recomendaciones al Ministerio del Interior alemán en las que pide, entre otras cosas, la posible criminalización de la “desinformación”. El consejo fue creado por la Fundación Bertelsmann, el centro de estudios sobre políticas públicas más influyente de Alemania, en colaboración con el propio Ministerio del Interior, y se le encargó formular recomendaciones sobre la mejor manera de combatir la “desinformación”.
El proyecto en su conjunto, conocido como “ Foro contra las falsificaciones ”, incluía un “consejo” de 120 ciudadanos alemanes, aparentemente seleccionados para representar la diversidad de la sociedad alemana, y una encuesta en línea. El “Informe de los ciudadanos”, que fue entregado a la ministra del Interior Nancy Faeser el 12 de septiembre (ver foto arriba), incluye una recomendación titulada “Considerar la posibilidad de enjuiciar penalmente y/o penalizar la difusión de desinformación”. El texto (p. 37) dice:
El Gobierno alemán debería estudiar si es posible aplicar procedimientos penales o cualquier otro tipo de sanciones basándose en la definición de desinformación.
La “justificación” de la medida propuesta continúa:
Para nosotros es importante preservar la libertad de expresión. Sin embargo, es necesario impedir la creación y difusión de desinformación y aumentar la sensación de que los perpetradores han cometido un delito.
El “Consejo de Ciudadanos” también recomienda complementar la Ley de Servicios Digitales de la UE, la pieza central de los esfuerzos de la UE para suprimir la “desinformación”, con una nueva ley, que requeriría que las “Grandes Plataformas en Línea” (VLOPs, por sus siglas en inglés) reserven el 1% de su facturación global con el propósito de “combatir la desinformación”. Entre otras, Facebook, X, YouTube, TikTok, Instagram, Amazon y Wikipedia han sido designadas como VLOPs por la Comisión Europea.
El texto pertinente (p.32) dice:
Las plataformas online deben destinar el 50% de ese presupuesto a garantizar que, una vez al mes, a cada usuario se le muestre una publicación que explique la desinformación, que funciona como un anuncio cronometrado (la publicación debe verse durante un tiempo determinado y solo entonces se puede cerrar).
El 50% restante del presupuesto se destinará a una “agencia independiente para financiar campañas contra la desinformación”, tema que se analiza en otra parte del documento.
Además, el apartado pertinente propone la formulación de “requisitos legales mínimos” que “obliguen a las plataformas a programar sus algoritmos de tal forma que no se difunda ni recomiende a los usuarios posible desinformación”.
La Fundación Bertelsmann está afiliada al conglomerado de medios de comunicación alemán Bertelsmann, de propiedad privada. De hecho, bajo la estructura de propiedad creada por el difunto Reinhard Mohn, la propia fundación se convirtió en el propietario mayoritario de la corporación, mientras que la familia Mohn conservó una participación minoritaria. Penguin-Random House, la editorial más grande del mundo angloparlante, es una subsidiaria de propiedad absoluta de Bertelsmann.
Fuente: Brownstone Institute