El Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en Tepic, Nayarit, ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno de Bahía de Banderas a indemnizar al empresario Eduardo Valencia Castellanos con 1 millón 010 mil pesos, como compensación por los daños sufridos durante su estancia en el penal de Bucerías el 27 de marzo de 2017.
La indemnización, que ya ha visto un pago inicial de 950 mil pesos el 24 de marzo de 2024, se completará con una segunda entrega de 60 mil pesos, que deberá realizarse antes de que concluya la actual administración municipal.
Esta decisión judicial responde a la negligencia del Gobierno de Bahía de Banderas, bajo la gestión de la entonces presidenta Mirtha «N», que desde 2022 ignoró la recomendación 60/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual exigía la reparación del daño.
Valencia, quien sufrió graves lesiones tras ser atacado por otros internos mientras dormía en el penal, incluyendo fracturas de cadera y nariz, además de deformaciones faciales, había solicitado reiteradamente la reparación del daño sin obtener respuesta. Ante esta falta de acción, promovió un juicio contencioso, exigiendo justicia y la destitución del cabildo si no se atendía su caso.
El 18 de julio de 2024, la resolución a favor de Valencia fue ratificada, poniendo fin al juicio y asegurando la compensación por los sufrimientos ocasionados en este presunto caso de tortura.
