Dr. Binoy Kampmark
Fue bueno volver a escuchar esa voz. Una voz que provoca interés y que repiquetea como un felino sobre el parqué, seguida de la habitual y devastadora conclusión. El último discurso público de Julian Assange se produjo en la embajada de Ecuador en Londres. Allí, fue un invitado vulnerable a los caprichosos deseos de los gobiernos cambiantes. En la prisión de Belmarsh en Londres, se le mantuvo en silencio y sus opiniones fueron transmitidas a través de visitantes, emisarios legales y su familia.
El audiencia, el 1 de octubre, en Estrasburgo, organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), surgió de las preocupaciones planteadas en un informe de la islandesa Thórhildur Sunna Ævarsdóttir, en la que expresó su opinión de que el caso de Assange era “un ejemplo clásico de ‘matar al mensajero’”. Consideró “horrible que el procesamiento de Assange se presentara como si se supusiera que debía hacer justicia a algunas víctimas anónimas cuya existencia nunca se ha probado, mientras que los autores de torturas o detenciones arbitrarias gozan de absoluta impunidad”.
Su procesamiento, explicó Ævarsdóttir, había sido diseñado para oscurecer y desviar las revelaciones encontradas en las divulgaciones de WikiLeaks, entre ellas abundante evidencia de crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Afganistán, casos de tortura y detención arbitraria en el infame campo de concentración de la bahía de Guantánamo, programas ilegales de entregas que implican a estados miembros del Consejo de Europa y vigilancia masiva ilegal, entre otros.
A Proyecto de resolución en consecuencia, formuló una declaración expresando, entre otras cosas, la alarma por el trato dado a Assange y el castigo desproporcionado “por participar en actividades que los periodistas realizan a diario” que lo convirtieron, en la práctica, en un preso político; la importancia de exigir cuentas a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado; la necesidad de “reformar urgentemente la Ley de Espionaje de 1917” para incluir la malicia condicional para causar daño a la seguridad de los EE. UU. o ayudar a una potencia extranjera y excluir su aplicación a editores, periodistas y denunciantes.
Testimonio completo de Assange
Comenzó con una reflexión y un presentimiento: el despojo de sí mismo en el encarcelamiento, la búsqueda, hasta ahora, de palabras para transmitir esa experiencia y el destino de varios prisioneros que murieron en la horca, asesinados y por negligencia médica. Si bien estaba lleno de gratitud por los esfuerzos realizados por la Asamblea Parlamentaria del Congreso y el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, por no mencionar a innumerables parlamentarios, presidentes, primeros ministros e incluso el Papa, ninguna de sus intervenciones “debía haber sido necesaria”, pero resultaron invaluables, ya que “las protecciones legales que existían, muchas de ellas solo existían en el papel o no eran efectivas en un marco temporal remotamente razonable”.
El sistema legal al que se enfrenta Assange fue descrito como un estímulo a una “justicia irrealizable”. Al elegir la libertad en lugar del proceso purgatorio, no pudo buscarla, ya que el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos le impidió presentar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o una solicitud de libertad de información. “No soy libre hoy porque el sistema funcionó”, insistió. “Soy libre hoy porque, después de años de encarcelamiento, me declaré culpable de periodismo. Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me declaré culpable de nada más”.
Cuando se fundó, WikiLeaks tenía como objetivo ilustrar a la gente sobre el funcionamiento del mundo. “Tener un mapa de dónde estamos nos permite entender hacia dónde podemos ir”. El poder puede rendir cuentas a quienes están informados y se puede buscar justicia donde no la hay. La organización no solo expuso asesinatos, torturas, entregas extraordinarias y vigilancia masiva, sino también “las políticas, los acuerdos y las estructuras que hay detrás de ellos”.
Desde que salió de la prisión de Belmarsh, Assange lamentó que se haya abstraído la verdad. Parecía “menos discernible”. Se había “perdido” mucho terreno en el ínterin; la verdad había sido golpeada, “socavada, atacada, debilitada y disminuida. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
Gran parte de las críticas de Assange se centran en la fuente de poder que se esconde detrás de cualquier acción legal. Las leyes, en sí mismas, “son sólo trozos de papel que pueden reinterpretarse en función de la conveniencia política”. La clase dominante las dicta y las reinterpreta o cambia según las circunstancias.
En su caso, el Estado de seguridad “fue lo suficientemente poderoso como para impulsar una reinterpretación de la Constitución estadounidense”, despojando así del efecto expansivo y “en blanco y negro” de la Primera Enmienda. Mike Pompeo, cuando era director de la Agencia Central de Inteligencia, simplemente le cedió al Fiscal General William Barr, un ex oficial de la CIA, la tarea de solicitar la extradición del editor y la nueva detención de Chelsea Manning. En el camino, Pompeo ordenó a la agencia que elaborara planes de secuestro y asesinato, mientras perseguía a los colegas europeos de Assange y a su familia.
Assange no podía evitar pensar que al Departamento de Justicia de Estados Unidos le importaba poco el efecto moderador de las legalidades, algo que debía posponerse para más adelante. “Mientras tanto, el efecto disuasorio que buscaba, las acciones retributivas que buscaba, han tenido su efecto”. Como resultado, se había establecido una “nueva y peligrosa posición jurídica global”: “Sólo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a la libertad de expresión. Los europeos y otras nacionalidades no tienen derecho a la libertad de expresión”.
La APCE tuvo ante sí la oportunidad de establecer normas en el sentido de que “la libertad de expresión y la libertad de publicar la verdad no son privilegios de unos pocos, sino derechos garantizados a todos”. “La criminalización de las actividades de recopilación de noticias es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes. Fui condenado formalmente por una potencia extranjera por pedir, recibir y publicar información veraz sobre esa potencia mientras estaba en Europa”.
Un espectador, lector u oyente podría salir desanimado de un discurso como éste, pero es apropiado que un hombre sometido a la naturaleza laberíntica y agotadora de varios sistemas jurídicos sea quien exhorte a un compromiso: que todos hagan su parte para mantener viva la luz, “que la búsqueda de la verdad perdure y que las voces de la mayoría no sean silenciadas por los intereses de unos pocos”.
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