Por Javier Orozco Alvarado, Investigador del Conachyt
La disputa por el poder y la riqueza en Puerto Vallarta es cada vez más intensa al interior de su clase política. Casi todos los aspirantes a las candidaturas de los distintos partidos se han dado a la tarea de publicar sus encuestas en las redes sociales en las que, indiscutiblemente, cada uno de ellos adelanta a sus competidores internos y, con mucha mayor razón, a los aspirantes de los partidos contrarios.
La realidad es que, desde hace más de veinte años que regresó a gobernar el PRI de la mano de Gustavo González Villaseñor en 2004, el saqueo de la riqueza municipal se ha convertido en un deporte de alto rendimiento. Salvo en esa administración, en la que por lo menos se planearon grandes obras para Puerto Vallarta; las administraciones siguientes se han caracterizado por la rapiña, la corrupción y el abandono de la ciudad y sus delegaciones.
Aunque los vallartenses suspiran por alguien que se preocupe desde la presidencia en resolver la acumulación de problemas que han dejado los gobiernos en turno, la decisión no depende del electorado, sino de las decisiones que tomen las cúpulas partidistas para imponer los candidatos que serán electos por la gente, según su capacidad para comprar votos, entregar despensas, manipular líderes populares o seducir gente ingenua con falsas promesas; como sucede elección tras elección.
En Morena apuestan por un cambio de rumbo con el regreso de Citlali Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones, quien en 2021 y 2024 orquestó la imposición de candidatos en todo el país y las alianzas con el PT y el PV. Repetir el mismo patrón ante nuevos escenarios en Puerto Vallarta es garantizar una derrota anticipada.
Lo mismo sucede con MC, que en las últimas dos elecciones han impuesto a sus candidatos, no por ser los más capaces o populares, sino por ser los más obedientes o los más permisivos, aunque tengan como destino el fracaso.
La percepción de la gente es que los gobiernos, independientemente del partido en el poder, se han enfocado a saquear el municipio y el Partido Verde no ha sido la excepción. Por eso el rechazo popular apunta a la no reelección en el municipio y, mucho menos, a repetir el experimento con gobiernos que han dirigido el municipio los últimos veinte años sin lograr el mejoramiento de las zonas marginadas, resolver el problema del agua, el saneamiento ambiental y el desarrollo urbano ordenado.
La gente no tiene opciones, no existen otros partidos con ofertas distintas, con nuevos proyectos, con estrategias de gobierno que garanticen una adecuada planeación para el desarrollo, una eficiente administración o por lo menos con principios éticos.
Después de un ciclo completo, en el que los vallartenses le dieron la vuelta a todos los partidos políticos locales, el PAN vuelve a la escena política con la pretensión de competir con candidatos ciudadanos, electos con nuevas reglas, con nuevos principios, pero con la incertidumbre de poder construir un gobierno plural, profesional, capaz y bien organizado que garantice el desarrollo de Puerto Vallarta.