Mañana se cumplirán cuatro largos años desde aquel día de gélido frío en Washington D. C., cuando el movimiento por la libertad médica sorprendió a la entrometida y untuosa administración Biden con la primera gran manifestación política en la capital desde los infames acontecimientos postelectorales del 6 de enero de 2021. Y, sin embargo, lo que más me sorprende no es que lo lográramos sin prácticamente ningún acto de desorden —a pesar de los rumores sobre la presencia de diversas fuerzas disruptivas y los esfuerzos concertados de varios agentes del caos—, sino que los problemas fundamentales sigan sin resolverse cuatro años después.
La Academia Americana de Pediatría y la West Coast Health Alliance siguen defendiendo la obligatoriedad de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 para niños a partir de los 6 meses de edad. En Hawái, el gobernador, el Dr. Josh Green, y sus allegados acaban de presentar un proyecto de ley en la legislatura para derogar el actual proceso de exención de la vacunación infantil en Hawái, convirtiendo el cumplimiento de las obligaciones de vacunación impuestas por el estado para los niños en una política estatal sin ninguna cláusula de exclusión voluntaria.
Poco después de la manifestación «Defeat the Mandates» celebrada en Washington D. C., el *Washington Post* me tachó de mentiroso (por escrito y en repetidas ocasiones) por afirmar que los productos de ARNm no funcionaban según lo previsto, ya que no prevenían la infección ni la enfermedad causadas por el SARS-CoV-2. Y, sin embargo, eso se ha convertido ahora en una verdad universalmente reconocida. Supongo que esa difamación intencionada y repetida no resistió el paso del tiempo.
Basta decir que no espero ninguna disculpa. Ahí queda la fiabilidad de la sabiduría y la perspicacia de los «expertos». Cabría imaginar que sería oportuna un poco de introspección, tal vez un mínimo de vergüenza y una pizca de humildad. Pero eso no disuade a los mismos «expertos» médicos altamente acreditados de insistir en imponer a nuestros hijos el calendario de vacunación más agresivo del mundo entero. Confían en las vacunas, y nosotros también debemos hacerlo.
Pero, ¿qué opinan los colegios de médicos sobre las obligaciones y el consentimiento informado?
En su Código de Ética Médica, la Asociación Médica de Estados Unidos afirma:
«El consentimiento informado en el ámbito médico es fundamental tanto desde el punto de vista ético como jurídico. Los pacientes tienen derecho a recibir información y a formular preguntas sobre los tratamientos recomendados, de modo que puedan tomar decisiones bien fundamentadas sobre su atención médica. Una comunicación eficaz en la relación entre el paciente y el médico fomenta la confianza y favorece la toma de decisiones compartida».
Asociación Médica Americana. Código deontológico médico: consentimiento informado. 2025.
Es un principio fundamental tanto en el ámbito ético como en el jurídico. Pero, al parecer, existe una exención tácita y no escrita a la obligación de vacunarse.
En su Código Ético de Salud Pública, la Asociación Estadounidense de Salud Pública afirma:
«La práctica eficaz y ética de la salud pública depende de unas condiciones sociales y culturales que respeten la autonomía personal, la autodeterminación y la privacidad, y que estén libres de cualquier forma de dominación, ya sea interpersonal o institucional».
Asociación Estadounidense de Salud Pública. Código deontológico de salud pública. 2019.
«La ausencia de dominación en sus múltiples formas interpersonales e institucionales» es una expresión interesante y pertinente. Si las obligaciones de vacunación impuestas por el Estado no son una forma de dominación institucional, no sé qué lo es.
La bioética es el estudio y la aplicación de los principios morales en la medicina y las ciencias de la vida, y se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Entre ellos, el consentimiento informado constituye la piedra angular de la práctica ética, ya que pone en práctica el respeto a la autonomía —el derecho de la persona a la autodeterminación—. El consentimiento informado exige que los pacientes reciban información completa y transparente sobre el propósito, los beneficios, los riesgos y las alternativas de cualquier intervención propuesta, incluida la opción de rechazar el tratamiento.
El verdadero consentimiento debe ser voluntario y estar libre de coacción, engaño o manipulación informativa. Sin una información completa y una comprensión plena, el consentimiento se convierte en mera sumisión, lo que niega el principio de autonomía y transforma la medicina en una forma de control tecnocrático. Por lo tanto, la bioética moderna exige una transparencia radical, garantizando que las personas estén capacitadas para tomar decisiones conscientes e informadas sobre sus propios cuerpos y su salud —una salvaguarda contra la extralimitación institucional y el ocultamiento poco ético de los riesgos—.
La obligatoriedad de la vacunación entra en conflicto fundamentalmente con los principios básicos de la bioética moderna —autonomía, consentimiento informado, beneficencia y no maleficencia— porque antepone los objetivos de salud pública impuestos por el Estado al derecho de la persona a la autodeterminación corporal. La doctrina del consentimiento informado, establecida tras el Código de Nuremberg y reafirmada en la Declaración de Helsinki, exige que todas las intervenciones médicas sean voluntarias, se basen en la divulgación completa de los beneficios, riesgos y alternativas, y estén libres de coacción o presión indebida.
Por su propia naturaleza, las obligaciones impuestas recurren a mecanismos coercitivos —como la pérdida del empleo, la educación o la participación social— para obligar al cumplimiento, lo que socava el consentimiento significativo. Además, al aplicar políticas uniformes a una diversidad biológica y genética compleja, estas obligaciones ignoran los perfiles de riesgo individuales, la inmunidad previa y la posible susceptibilidad a efectos adversos.
Esto socava tanto el principio de beneficencia (actuar en el mejor interés del paciente) como el de no maleficencia (evitar el daño), ya que el Estado sustituye el criterio médico individualizado por medias poblacionales. Una política de salud pública éticamente sólida debería defender la proporcionalidad, equilibrando el beneficio comunitario con los derechos personales, pero las medidas obligatorias invierten esta jerarquía, sometiendo la conciencia individual a la autoridad institucional. Al hacerlo, no representan un progreso, sino un retroceso: un retorno a la medicina paternalista, en la que cada cuerpo humano es tratado como un receptáculo de los intereses y la propiedad del Estado, en lugar de como un ser personalmente soberano.
La historia de la obligatoriedad de la vacunación se remonta a más de dos siglos atrás y surge de la tensión entre las autoridades sanitarias y la autonomía individual. La primera exigencia formal de vacunación surgió a principios del siglo XIX, tras la vacuna contra la viruela de Edward Jenner (1796). La Ley de Vacunación de Inglaterra de 1853 hizo obligatoria la vacunación contra la viruela para los lactantes, lo que desató una feroz oposición y dio lugar al movimiento contra la vacunación obligatoria, una de las primeras luchas por las libertades civiles. En Estados Unidos, las obligaciones comenzaron a nivel local y estatal a finales del siglo XIX, principalmente para el control de la viruela.
El histórico caso del Tribunal Supremo de 1905, Jacobson contra Massachusetts, confirmó el derecho de los estados a imponer la vacunación en virtud del «poder policial» para proteger la salud pública, sentando así el precedente legal que sigue sustentando las obligaciones actuales. A lo largo del siglo XX, la vacunación obligatoria se extendió a las leyes de acceso a la escuela, especialmente tras el éxito de las vacunas contra la poliomielitis y el sarampión; en la década de 1980, casi todos los estados exigían múltiples vacunas para los niños. Sin embargo, el aumento de la influencia farmacéutica, la ampliación de los calendarios de vacunación y las crecientes pruebas de reacciones adversas reavivaron los debates éticos en torno a la autonomía corporal y el consentimiento informado. La era de la COVID-19 supuso el uso más generalizado de las obligaciones en la historia moderna, a menudo impuestas mediante restricciones laborales y de viaje, lo que reavivó cuestiones fundamentales sobre la libertad, la transparencia científica y los límites del poder estatal en materia de salud personal.
Los argumentos científicos en contra de la obligatoriedad de la vacunación se basan en el reconocimiento de que las respuestas a la inmunización, los riesgos de enfermedad y la susceptibilidad a los efectos adversos varían considerablemente de una persona a otra, lo que hace que las políticas generales y coercitivas carezcan de fundamento biológico. Décadas de investigación en inmunología demuestran que los polimorfismos genéticos, los antecedentes de infecciones previas, la variabilidad del microbioma y la madurez del sistema inmunitario influyen en la eficacia y la seguridad de las vacunas; por lo tanto, las obligaciones uniformes ignoran la variabilidad humana fundamental. Los parámetros a nivel poblacional, como los «umbrales de inmunidad colectiva», simplifican en exceso las complejas dinámicas de transmisión y no tienen en cuenta la inmunidad adquirida de forma natural, que, según múltiples estudios, puede conferir una protección amplia y duradera, a menudo superior a la que confiere la inmunidad inducida por las vacunas.
Las obligaciones también distorsionan la investigación científica al reprimir el debate abierto y desalentar la evaluación crítica de la seguridad; cuando la vacunación es obligatoria, disminuye el incentivo para medir rigurosamente los efectos a largo plazo o no específicos, como las consecuencias autoinmunes o neuroinflamatorias, ya que el cumplimiento sustituye a la evidencia como piedra angular de la política. Además, la integridad científica requiere falsabilidad y replicación independiente, pero los marcos actuales se basan en gran medida en estudios patrocinados por los fabricantes y se niegan a publicar los datos completos de los ensayos para su escrutinio. Al imponer una única intervención médica como condición para participar en la sociedad, las obligaciones sustituyen la medicina adaptativa y basada en la evidencia por un dogma político estático, un enfoque fundamentalmente incompatible con el auténtico progreso científico.
No es ético. Se basa en una lógica anticuada. No tiene fundamento científico. Es un claro abuso de poder autoritario. Así que, por favor, recuérdame: ¿por qué se siguen tolerando las obligaciones de vacunación?
ACERCA DEL AUTOR
Robert W. Malone es médico y bioquímico. Su trabajo se centra en la tecnología del ARNm, los productos farmacéuticos y la investigación sobre la reutilización de fármacos.
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Fuente original (en inglés): Instituto Brownstone Traducido y editado por el equipo de Diario de Vallarta & Nayarit. Autor: Robert Malone