La cacofonía de opiniones a favor y en contra de las vacunas —incluso el concepto mismo de lo que es una vacuna es objeto de una amplia controversia— ha alcanzado un nuevo nivel de absurdo ensordecedor. No hay un solo laberinto, sino cientos.
El cumplimiento está cayendo en picado, como era de esperar tras unas medidas brutales y la omnipresencia de lesiones y muertes. Mientras tanto, los bots de las farmacéuticas dominan las redes sociales para acallar a los disidentes, y los medios tradicionales convierten las páginas de noticias en un sinfín de anuncios de vacunas y pastillas.
Todo el mundo se pregunta en quién confiar y qué es verdad. Varios estados ya se han opuesto al intento del CDC de modificar, aunque sea ligeramente, el calendario de vacunación infantil. Así de polémico se ha vuelto este tema.
Mi tesis: este nihilismo epistémico surge de la subversión deliberada de los sistemas de señalización económica que, de otro modo, revelarían verdades incómodas.
Empecemos por la teoría.
En 1920, Ludwig von Mises dejó de lado todas las cuestiones morales, estéticas y filosóficas relacionadas con el socialismo y analizó cómo funcionaría este como un experimento puramente económico. Este era un aspecto que rara vez se había tenido en cuenta en los siglos anteriores, ni siquiera por los nuevos líderes de la Unión Soviética, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo más allá de nacionalizar la industria, parlotear sobre la dictadura del proletariado y demonizar a los terratenientes.
Mises explicó con calma que la contabilidad por partida doble es el medio matemático mediante el cual la sociedad ha llegado a evaluar los beneficios y los costes del uso de los recursos. Esto requiere precios, que son indicadores de la escasez relativa y de la demanda de los consumidores. Estos precios constituyen los pilares fundamentales del conocimiento económico. Ofrecen indicaciones sobre las cuestiones esenciales de qué producir y en qué cantidad.
Para que estos precios sean precisos, deben formarse en el contexto de las transacciones reales del mercado a lo largo de toda la cadena de producción, desde las materias primas hasta los bienes de consumo, pasando por los bienes de capital. Solo ese proceso genera señales fiables sobre las que se basa la contabilidad.
El socialismo pretende sustituir el sistema de precios por una planificación centralizada. En ese caso, ni siquiera los planificadores tendrán acceso a información sobre el mundo real que les rodea. Actuarán a ciegas e, inevitablemente, lo estropearán todo. Y así fue, efectivamente.
Las implicaciones de este argumento van mucho más allá del debate sobre el socialismo. Afectan a todos los sectores sumidos en una intervención estatal que distorsiona las señales de los precios. Con cada distorsión de los precios, nos alejamos más de disponer de información precisa sobre el valor económico y la viabilidad del mercado en situaciones reales.
Fue Toby Rogers quien señaló por primera vez que esto explica gran parte, si no toda, de la confusión que rodea al sector y la práctica de las vacunas. Durante dos siglos y cuarto, este producto, esta práctica y este sector han dependido fundamentalmente de medidas estatistas para impulsar su viabilidad en todas las etapas: inversión, producción, distribución, consumo e incluso responsabilidad civil. No hay ninguna etapa de este sector que no se vea afectada por la injerencia del gobierno en nombre de la industria en cuestión.
Rogers escribe:
La era de las vacunas —los años transcurridos desde la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles de 1986— pone de manifiesto un fracaso que ni [Mises ni F. A. Hayek] previeron. Llamémoslo el problema del cálculo bajo la captura regulatoria y epistémica. El socialismo abolió el precio de plano. La captura en una economía de mercado mixta es más sutil: deja el precio en pie y lo corrompe desde dentro hasta que resulta peor que insignificante.
Las obligaciones legales, la contratación pública y las normas de seguros garantizan las ventas independientemente de las prestaciones reales del producto. Las leyes de escolarización obligan a vender a clientes cautivos (por ejemplo, los niños que quieren ir al colegio). La protección frente a la responsabilidad civil elimina el precio que disciplina a un producto defectuoso: la indemnización que, de otro modo, un tribunal obligaría al fabricante a pagar. El comprador se ve obligado a comprar y el productor está protegido, por lo que no puede formarse un precio significativo.
Para empeorar las cosas, el precio refleja lo que los compradores creen sobre el producto que adquieren; sin embargo, la captura regulatoria y epistémica distorsiona esas creencias. La FDA blanquea datos erróneos en nombre de los fabricantes y declara que el producto es «seguro y eficaz». Las plataformas de redes sociales borran los testimonios de las víctimas. Las revistas académicas censuran a los investigadores que discrepan. Las universidades incluyen en listas negras a los profesores que cuestionan la narrativa convencional. Así pues, el conocimiento disperso de la sociedad sobre el producto y sus defectos nunca se comunica ni se agrega adecuadamente.
Rogers concluye con una idea que he repetido en todas estas discusiones sobre las vacunas. No es necesario adoptar una postura radical, ya sea a favor o en contra de las vacunas. Cada uno debería ser libre de elegir. Lo que realmente le falta a la sociedad en este momento es un flujo de información que ofrezca un veredicto claro sobre las ventajas de estos productos, con una indicación clara de los posibles riesgos.
La respuesta es el libre mercado. Como escribe Rogers:
Para volver a crear un mercado de vacunas sería necesario eliminar todas las obligaciones, derogar la protección frente a la responsabilidad civil, anular las normas sobre seguros y poner fin a los programas de compra del Gobierno. Sin embargo, establecer un precio SIGNIFICATIVO (que transmita a la sociedad los riesgos y beneficios del producto) también requeriría poner fin a la captura regulatoria y a la captura epistémica (es decir, el control de las revistas científicas y las universidades por parte de las grandes farmacéuticas).
Rogers sitúa la intervención en 1986. Sin embargo, por mucho que retrocedamos en el tiempo, encontramos distorsiones graves desde los mismos orígenes del concepto de vacunación en 1796. Basta con analizar el caso estadounidense, pero intervenciones paralelas tuvieron lugar en la mayor parte del mundo occidental.
Noticias sobre la innovación médica en Gran Bretaña han llegado a nuestras costas. Tras la Guerra de 1812 —las guerras siempre despiertan el temor a las enfermedades—, un médico estadounidense (James Smith, nuestro primer Dr. Fauci) se erigió en agente oficial de vacunas. Presionó al presidente con la esperanza de impulsar su propio negocio.
En 1813, el presidente James Madison firmó la Ley de Vacunas (ley para fomentar la vacunación), el primer respaldo federal de importancia a un producto médico —o incluso de consumo— en la historia de Estados Unidos. El Gobierno, que se proclamaba extremadamente limitado y dejaba a la población libre para buscar su propia versión de la felicidad, descubrió su primera gran excepción.
La ley designó a un agente nacional de vacunas y estableció el envío gratuito del material vacunal, subvencionando así de manera efectiva el acceso, el suministro y la distribución.
Ante la revuelta popular provocada por las numerosas noticias sobre lesiones y muertes, el Congreso derogó esta ley en 1822. Este ciclo de promoción entusiasta y rechazo rotundo estableció un patrón que ha definido en gran medida toda la experiencia de las vacunas en la historia de Estados Unidos: la intervención del Gobierno seguida de la protesta de los consumidores. El tiempo pasa y la industria elabora otro plan de acción.
En este caso, no fue hasta una década más tarde cuando la industria encontró otra vía para burlar las fuerzas del mercado. La Ley de Vacunación Indígena de 1832 financió la vacunación de las tribus cercanas a los asentamientos blancos, con una aceptación desigual y, en algunos casos, elementos de coacción vinculados a las políticas de traslado forzoso. Solo disponemos de registros muy vagos sobre los resultados de esta campaña. Uno solo puede imaginarlo: basta con pensar en cortarse las muñecas para propagar enfermedades animales a través de la sangre de la población nativa.
Durante la Guerra Civil (1861-1865), tanto el ejército de la Unión como el de la Confederación impusieron a sus tropas la obligación de vacunarse contra la viruela debido a los brotes que se produjeron en los campamentos militares. Esto provocó miles de lesiones y muertes bien documentadas, muchas de las cuales se debieron a la contaminación cruzada y a la propagación de la sífilis a partir de cadáveres y personas sanas.
Tras los escándalos de contaminación, surgieron preocupaciones sobre la seguridad ante una nueva oleada de muertes en 1901. En respuesta a la presión ejercida por una industria presa del pánico, el Congreso aprobó la Ley de Control de Productos Biológicos de 1902, creando la primera agencia gubernamental de la historia encargada de regular cualquier producto de consumo (años antes de que el sector cárnico fuera objeto de controversia). Esta ley llevó al Gobierno a certificar de manera efectiva la seguridad y la pureza en respuesta a una propuesta de la industria para restablecer la confianza en medio de un escepticismo creciente.
Anteriormente, Massachusetts había promulgado en 1855 la primera ley de vacunación obligatoria contra la viruela en las escuelas de Estados Unidos. Estas medidas se extendieron a otros estados en las décadas siguientes. En 1905, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó la constitucionalidad de dichas obligaciones en el caso Jacobson contra Massachusetts, reforzando las facultades policiales de los estados para exigir la vacunación. Como resultado, las obligaciones de vacunación para los escolares y otros entornos se extendieron a lo largo del siglo XX.
Volvieron a surgir las noticias de heridos y muertos, junto con una creciente resistencia popular. Fue entonces cuando el plan improvisado para apuntalar el fracaso industrial recibió dos nuevos impulsos cruciales. En primer lugar, en 1980, la Ley Bayh-Dole permitió la patentabilidad y el reparto de ingresos de las invenciones derivadas de la investigación financiada con fondos federales, lo que facilitó una relación más estrecha entre las agencias gubernamentales, las universidades y la industria. En segundo lugar, en 1986, la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles protegió a los fabricantes de demandas civiles por daños causados. El objetivo era estabilizar el suministro mediante la protección de la industria.
A lo largo de esta historia, diversas ayudas a la I+D, las compras anticipadas, las colaboraciones público-privadas y las garantías de las agencias han sido fundamentales para el desarrollo y la distribución de las vacunas.
El período de la COVID-19 fue algo sin precedentes: financiación apresurada, aprobaciones urgentes, indemnizaciones rápidas, propaganda desenfrenada, seguidas de medidas obligatorias y severas para millones de personas en los sectores público y privado, incluso para niños cuyo riesgo era prácticamente nulo, pero a los que, sin embargo, se les inyectó un fármaco experimental. El resultado fue un número de lesiones y muertes que batió todos los récords históricos.
Se trataba de un programa gubernamental de principio a fin, que no se diferenciaba en nada de un plan quinquenal soviético, con sus incesantes alardes de éxitos espectaculares, dictados por las prioridades industriales.
Eso es de sobra conocido. Lo que no es tan conocido es que, incluso desde hace dos siglos y cuarto, nunca ha habido un momento en el que estos productos se hayan sometido a una auténtica prueba de mercado, se hayan enfrentado a estructuras de precios reales con normas de responsabilidad habituales y hayan tenido que lidiar con los parámetros contables a los que se enfrentan casi todos los demás sectores.
En este momento, todo el sector de las vacunas es socialista en lo que respecta a la producción y fascista en lo que respecta a la distribución. Se manipula a las víctimas, se protege a la industria, se controlan las agencias, se compromete a las revistas científicas y se compra a los medios de comunicación. Esto es lo más alejado que se puede estar de un mercado libre, salvo la nacionalización pura y simple. Ha sido una estrategia enormemente rentable, hasta el punto de que todas las redes sociales están repletas de mensajes incesantes por parte de la industria y sus bots.
La única conclusión racional es que, hoy en día, no hay fundamentos sólidos para adoptar una postura dogmática a favor o en contra de las vacunas, aunque la desconfianza y la incredulidad de la población alcancen niveles sin precedentes. Lo único que pedimos es que se dé una oportunidad al libre mercado para que nos diga qué es verdad. En este momento, las señales son falsas y favorecen las mentiras.
Dos años después de que Mises expusiera su argumento inicial, escribió un libro que desarrollaba esa idea. En lo que respecta a las intervenciones en el sector sanitario, aplicando su teoría del cálculo económico, predijo que la intervención del Estado en dicho sector «enfermaría a la población física y mentalmente o, como mínimo, contribuiría a multiplicar, prolongar e intensificar las enfermedades… No podemos debilitar o destruir la voluntad de estar sanos sin provocar enfermedad».
Y, sin embargo, hoy sabemos que el negocio de generar enfermedades puede resultar realmente muy lucrativo. Este es un problema que aún no se ha resuelto. Contamos con múltiples industrias médicas que se benefician del daño que causan. ¿Cómo detener eso y revertir los incentivos para que la industria gane dinero haciendo el bien? Podemos empezar por acabar con la maquinaria corporativa diseñada para subvertir las señales del mercado en su propio interés.
ACERCA DEL AUTOR
Jeffrey Tucker es fundador, autor y presidente del Brownstone Institute. También es columnista económico sénior de *Epoch Times*, autor de diez libros —entre ellos *Life After Lockdown*— y de miles de artículos publicados tanto en la prensa académica como en la generalista. Imparte numerosas conferencias sobre temas de economía, tecnología, filosofía social y cultura.
Fuente original (en inglés): Instituto Brownstone. Traducido y editado por el equipo de Diario de Vallarta & Nayarit. Autor: Jeffrey A. Tucker