En nuestro mundo occidental moderno, muchos justifican la existencia del Estado y sus políticas partiendo de la premisa de que el Estado —y solo él— es un proveedor indispensable de servicios esenciales que el mercado libre no podría o no querría prestar, o que no se prestarían en la medida necesaria de no ser por la intervención colectiva del Estado. Esta es la bienes públicos argumento.
Se ha convertido en un tópico que los defensores del Estado pregunten a los críticos, especialmente a los libertarios: «Pero sin el Gobierno, ¿quién construiría las carreteras?». Es sorprendente que haya sido más fácil convencer a la gente de que envíe a sus hijos a matar y morir en guerras, pague impuestos exorbitantes, vea cómo su poder adquisitivo se evapora a causa de la inflación y observe pasivamente el comportamiento delictivo generalizado de las élites políticas, que convencerla de que las carreteras podrían construirse sin el Estado.
Si bien las carreteras y otras infraestructuras públicas se consideran «bienes públicos», también hay ciertos servicios que se han vinculado indisolublemente al Estado, de tal manera que la ausencia del Estado implica la ausencia de dichos servicios: la defensa nacional, la seguridad colectiva, la policía, los tribunales, etc.
La teoría de los bienes públicos se presenta como una teoría económica científica y libre de valores; sin embargo, implícitamente introduce de contrabando presuposiciones normativas que llevan a la conclusión de que el Estado-nación moderno, y sólo el Estado, debe proporcionar ciertos bienes y servicios esenciales, lo que legitima al Estado y sus acciones como necesarias y legítimas. Históricamente, muchas aplicaciones de la teoría de los bienes públicos surgieron menos como demostraciones neutrales de la necesidad del Estado que como justificaciones retrospectivas de funciones que los gobiernos ya habían monopolizado.
Teoría hobbesiana + Teoría del contrato social/Supuestos del consentimiento tácito + Presuposiciones neoclásicas = Un mito legitimador para el Estado
La teoría de los bienes públicos —y los diversos argumentos esgrimidos a favor del Estado basados en ella— constituye una peligrosa combinación de varias ideas erróneas. Entre estos errores se encuentran: 1) la teoría de Hobbes… teoría del Estado-nación moderno que defendía la necesidad y legitimidad del Estado debido a la inseguridad; 2) varias teorías del contrato social y los supuestos de consentimiento tácito que sostenían que las personas no solo necesitan al Estado, sino que además están de acuerdo con él; y 3) los supuestos económicos neoclásicos relativos al equilibrio como objetivo realista y normativo, al fallo del mercado y a la competencia perfecta. Cuando se combinan estas teorías falaces, la teoría de los bienes públicos se convierte en una apología del Estado.
En virtud de los supuestos anteriores, se llega incluso a argumentar que, dado que una persona ha hecho uso de bienes públicos —por los que se le ha exigido pagar a través de los impuestos—, todo lo que produzca con éxito en un sistema de este tipo queda bajo alguna forma de propiedad colectiva y bajo el control del Estado. Por lo tanto, dado que el Estado se atribuye el mérito del éxito, los resultados de dicho éxito pueden ser legítimamente expropiados por el Estado.
Por ejemplo, según Barack Obama y Elizabeth Warren, respectivamente:
Si ha tenido éxito, no lo logró por su cuenta. No llegaste allí por tu cuenta. Siempre me llama la atención la gente que piensa: “Bueno, debe ser porque era muy inteligente”, hay mucha gente inteligente por ahí. “Debe ser porque trabajé más duro que los demás”, déjame decirte algo, hay un montón de gente trabajadora por ahí. Si tuvo éxito, alguien en la línea le brindó ayuda. Hubo un gran maestro en algún lugar de tu vida. Alguien ayudó a crear este increíble sistema estadounidense que tenemos y que nos permitió prosperar. Alguien invirtió en carreteras y puentes. Si tienes un negocio, no lo construiste. Alguien más hizo que eso sucediera. Internet no se inventó por sí sola. (énfasis añadido)
No hay nadie en este país que se haya hecho rico por su cuenta. Nadie. Construiste una fábrica allí, bien por ti. Pero quiero ser claro: trasladaste tus productos al mercado en las carreteras que el resto de nosotros pagamos, contrataste trabajadores que el resto de nosotros pagamos para educar, estabas a salvo en tu fábrica gracias a las fuerzas policiales y de bomberos que el resto de nosotros pagamos, no tenías que preocuparte de que vinieran bandas merodeadoras y se apoderaran de todo lo que hay en tu fábrica y contrataras a alguien para protegerte contra esto debido al trabajo que hacíamos el resto de nosotros. Ahora, construiste una fábrica y se convirtió en algo fantástico o en una gran idea, ¡Dios te bendiga! Guarda un gran trozo. Pero parte del contrato social subyacente es que tomas una parte de eso y pagas por el próximo niño que llega [a través del estado]. (énfasis añadido)
Sin duda, se podrían hacer muchas críticas a las afirmaciones anteriores, sin embargo, este artículo se centra en el argumento de que la provisión colectiva de bienes públicos es la variable independiente de cualquier éxito. Si se acepta la teoría de los bienes públicos, entonces el Estado ya no es visto simplemente como una institución entre muchas dentro de la sociedad, sino como la precondición indispensable para la sociedad misma, el proveedor necesario de bienes colectivos esenciales y el marco institucional del que dependen en última instancia la producción, el intercambio, el orden y la seguridad. Combinado con el contrato social y las teorías del consentimiento tácito, el uso continuado de los servicios prestados por el Estado se considera entonces una prueba del consentimiento público, de la obligación política y de la legitimidad de las intervenciones continuadas del Estado.
La circularidad de los bienes públicos
Al analizar los argumentos, hay dos aspectos principales que hay que tener en cuenta: la incoherencia y/o la arbitrariedad. En otras palabras, un argumento debe ser coherente en sí mismo, es decir, no contener contradicciones, y debe estar bien fundamentado. Uno de los errores más comunes en los argumentos es la petición de principio, la argumentación circular o un no lógico (una deducción injustificada). Aunque se diferencian entre sí, estas falacias consisten en argumentos que dan por sentado lo que pretenden demostrar.
Dicho esto, el objetivo de este artículo es muy sencillo: la teoría de los bienes públicos suele dar por sentado lo que pretende demostrar, a saber, que el Estado es la condición previa indispensable para la producción, a pesar de que el propio Estado depende de una producción previa para obtener todos los recursos de que dispone. El Estado no cuenta con una fuente independiente de riqueza y, por lo tanto, no puede ser la fuente última de la prosperidad que afirma propiciar. En otras palabras, para que el Estado exista y funcione, debe expropiar riqueza de la economía productiva privada; por lo tanto, no puede afirmar que es la base última de la riqueza y la producción.
En un círculo vicioso, el Estado primero expropia la riqueza de los individuos productivos a través de los impuestos, luego utiliza una parte de esa riqueza para prestar servicios y, por último, señala la existencia de esos servicios como prueba de que la riqueza en sí misma depende, en última instancia, del Estado:
Los particulares generan riqueza mediante la producción y el intercambio voluntario; El Estado, por naturaleza, extrae recursos de los productores privados de forma coercitiva a través de los impuestos; El Estado presta determinados servicios como «bienes públicos» (por ejemplo, carreteras, defensa nacional, policía, tribunales, seguridad colectiva), a menudo tras monopolizar o desplazar a otros proveedores alternativos; Los particulares utilizan estos servicios prestados por el Estado a pesar de haber sido ya obligados a financiarlos; La existencia y el uso de estos servicios financiados por los contribuyentes se invocan entonces para justificar al Estado, sus intervenciones y la afirmación de que el intercambio productivo y la creación de valor no podrían —o no existirían— sin la provisión de «bienes públicos» por parte del Estado.
De este modo, la productividad que presupone la actividad estatal se transforma retóricamente en una prueba de la indispensabilidad del Estado.
En *La acción humana*, Mises nota algo de la circularidad de este tipo de razonamiento en relación con los bienes de capital,
La historia no ofrece ningún ejemplo de acumulación de capital impulsada por un gobierno. En la medida en que los gobiernos invirtieron en la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras obras públicas útiles, el capital necesario procedía de los ahorros de los ciudadanos particulares y de préstamos contraídos por el gobierno. Pero la mayor parte de la deuda pública se destinó a gastos corrientes. Lo que los particulares habían ahorrado fue dilapidado por el gobierno.
Argumentos como los esgrimidos por Obama y Warren invierten implícitamente el orden causal de la producción. El Estado solo puede proporcionar carreteras, escuelas, policía e infraestructuras una vez que los recursos se han creado y acumulado previamente en el seno de la economía productiva. Sin embargo, el gasto público resultante se esgrime luego como prueba de que la propia producción privada debe su existencia al Estado.
Este razonamiento recurre a pruebas artificiales —la prestación de servicios por parte del Estado tras la monopolización— para demostrar la conclusión de la necesidad del Estado, que ya se había dado por sentada en los pasos previos que generaron dichas pruebas. La teoría de los bienes públicos proporciona así una justificación funcional permanente para la continuidad, la expansión y la legitimidad del Estado.
También cabe mencionar el aspecto de la monopolización estatal. El Estado expropia la propiedad privada, monopoliza la seguridad, la administración de justicia y otros bienes y servicios, suprime o desplaza a las alternativas y, a continuación, se presenta como indispensable debido a la ausencia de competidores.
Resumen y conclusión
Para ser justos, y tal y como este autor ha argumentó antes, las condiciones institucionales son clave para el desarrollo y mantenimiento de la riqueza: derechos de propiedad, libertad de intercambio, estado de derecho, moneda sólida, etc. Dicho esto, a menudo se presupone que éstas son exclusivamente el resultado de la institución del Estado-nación moderno. Sin embargo, estas condiciones pueden existir en un contexto de descentralización, como en Europa y Estados Unidos.
Además, el argumento de los bienes públicos podría ser de grado, lo que sería un argumento en espiral y no circular. Por ejemplo, el argumento podría ser que el Estado, de hecho, depende de la riqueza y la producción de la economía productiva privada para obtener ingresos, pero que los servicios colectivos que proporciona el Estado permiten una mayor producción de riqueza en condiciones más estables. Eso, sin embargo, está muy lejos de decirles a los productores gravados: “¡Ustedes no construyeron eso!” y afirmar que deberían pagar más impuestos.
Dicho esto, aunque en la literatura austro-libertaria —especialmente en Bastiat, Mises, Rothbard y Hoppe—y más allá, parece que el simple argumento de circularidad que implica la dependencia simultánea del Estado de la riqueza de la economía productiva privada y la afirmación de que, en última instancia, es el Estado el que permite la riqueza de dicha economía, no se ha expresado plenamente. En otras palabras, este tema podría ser un buen objeto de investigación futura. Por ejemplo, cabe señalar brevemente que la teoría de los bienes públicos introduce varios aspectos cuestionables o supuestos infundados:
Los supuestos neoclásicos de competencia perfecta, conocimiento perfecto, condiciones de equilibrio y «oferta óptima», a partir de los cuales se deduce el «fracaso» del mercado; La falacia del Nirvana de comparar los mercados del mundo real con resultados ideales hipotéticos, tratando las desviaciones de la optimalidad teórica como un «fracaso» y deduciendo a continuación la superioridad de la intervención política a pesar de los propios problemas de incentivos, cálculo, conocimiento y coordinación del Estado; Que el Estado —que necesariamente obtiene sus recursos de la economía productiva— es en sí mismo la base principal de la creación de riqueza, la producción o el orden social; Que ciertos bienes o servicios no podrían, no querrían o no deberían surgir a través de instituciones voluntarias en ausencia de la provisión estatal; Que la actual provisión monopolística de ciertos servicios demuestra la necesidad o la superioridad de la provisión estatal monopolística; Que la prestación estatal en sí misma no ha desplazado, prohibido, desplazado ni impedido la aparición de instituciones voluntarias competidoras; Que el uso de servicios financiados con impuestos implica un consentimiento tácito al orden político que los financia y monopoliza; Que un individuo incapacidad para imaginar una solución voluntaria o basada en el mercado justifica la intervención coercitiva del Estado
Estos argumentos dan por sentada la necesidad de la intervención estatal, en lugar de demostrarla.
Fuente original (en inglés): Activist Post