Por Javier Orozco Alvarado, Ex rector de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta
Las reformas que propone el presidente de México al poder judicial, tienen por objetivo combatir el nepotismo y la corrupción, así como reducir el número de ministros, cancelar la pensión vitalicia de los integrantes de la suprema Corte de la Nación y que estos sean electos por votación popular.
Dicha propuesta se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión, la cual está siendo analizada y posiblemente será votada en septiembre, después de ser sometida a “consulta popular” para saber si el pueblo sabio está de acuerdo o no con estas reformas.
Los cuestionamientos a esta decisión del presidente tienen que ver con el temor de algunos sectores de la población sobre el riesgo de volver al presidencialismo y la dictadura de partido único, como lo fue durante el glorioso reinado del PRI por más de ochenta años.
Y es que la elección de jueces por el poder popular implica el riesgo de que éstos estén alineados con el partido en el poder y juntos, el presidente y su partido, podrían imponer candidatos que garanticen el control total del sistema de justicia.
Este criterio, por lo tanto, tendría una connotación política por encima de criterios técnicos; situación que se padece no sólo en los órganos judiciales, sino también en los órganos legislativos.
En el caso particular del Congreso del Estado de Jalisco llama la atención que, en cargos tan importantes como la Secretaría General del Congreso, el principal requisito es contar con título profesional de las áreas de ciencias sociales, humanidades o ciencias económico administrativas y tener mínimo cinco años de haber egresado de la carrera.
En tanto que este cargo tiene un origen más político que técnico, a pesar de que es designado por la Asamblea mediante mayoría absoluta; quienes realizan esta función cometen frecuentes actos de corrupción gozando de una laxa impunidad.
Por eso, ahora que existe una amplia pluralidad en el Congreso del Estado, como resultado de las elecciones del pasado 2 de junio; ahora ningún partido tiene la mayoría absoluta, por lo que es tiempo que se hagan también algunas reformas en el poder legislativo para profesionalizar algunos encargos.
Sobre todo, porque según el artículo 46, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Secretaría General del Congreso del Estado es el organismo encargado de coordinar, supervisar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de las necesidades administrativas y financieras.
Así, además de los requisitos que establece el artículo 48 de la mencionada Ley, debiera exigirse contar con mayores grados académicos y tener amplia experiencia administrativa de carrera. Es decir que, además de ser electo por el pleno de la asamblea, el cargo debería ser sometido a concurso entre la ciudadanía para garantizar un mejor perfil profesional, una administración adecuada, eficiente y transparente; soportada más en criterios técnicos y menos por intereses políticos o partidistas.
