La decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. de solicitar la captura, extradición y condena a cadena perpetua de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha provocado un nuevo enfrentamiento diplomático entre ambos países.
El miércoles, después de meses de rumores, las autoridades estadounidenses confirmaron la solicitud de detención de Rocha Moya, a quien acusan de haber protegido a ‘Los Chapitos’, los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, que lideran una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Junto con él, fueron denunciados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el vicefiscal sinaloense Dámaso Castro Zaavedra; el senador Enrique Inzunza Cazarez; y los exsecretarios estatales de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.
Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026
La lista se completa con los exdirectores policiales de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipólito, Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez; y el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Reacciones
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de inmediato con un comunicado en el que no quiso citar los nombres de los políticos acusados, ya que solo se refirió a «diversas personas» cuya extradición será evaluada.
La petición no tendrá una respuesta inmediata por parte de México, en vista de que EE.UU. todavía no ha presentado pruebas de sus imputaciones.
«Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México», aseveró este jueves Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, a la vez que apuntó que «si no hay pruebas claras, el objetivo es político».
Rocha Moya, por su parte, rechazó cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa y atribuyó la denuncia a «una perversa estrategia» de EE.UU. para «violentar la soberanía nacional» y atacar al Gobierno de Sheinbaum. En su criterio, los señalamientos tienen un objetivo político porque tanto él como el resto de los acusados forman parte del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Más tarde, la Fiscalía General de la República anunció que iniciaría una investigación para determinar si procede o no el pedido de EE.UU.
La solicitud de Washington y la reacción de México ha tensado aún más la relación bilateral que, de manera permanente, ha estado marcada por las fricciones desde que Donald Trump inició su segunda Presidencia, en enero del año pasado.
Además, el pedido de extradición se lleva a cabo justo en medio de la polémica que provocó la presencia ilegal de dos policías de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas en México, quienes horas después fallecieron en un accidente de tránsito.
Intervencionismo
En medio de la polémica, varios periodistas manifestaron en redes sociales la posibilidad de que el anuncio del Departamento de Justicia forme parte de una estrategia para acallar el caso de sus agentes infiltrados, y reforzar así la presión de Trump contra Sheinbaum en materia de seguridad.
«[EE.UU.] ha guardado el expediente durante meses y lo soltó cuando más convenía a su propia agenda bilateral (…), merece respuesta por qué lanza esto hoy y qué espera obtener con ello», señaló la periodista Laura Sánchez Ley.
La periodista Lydiette Carrión, por su parte, recordó que históricamente México ha sido víctima de «procesos de desestabilización» basados en políticas intervencionistas que, a la larga, solo provocan más violencia.
Para el analista Carlos A. Pérez Ricart, es imposible ignorar que EE.UU. usa la «guerra contra las drogas» como parte de su política exterior en América Latina, por lo que no se trata de justicia ni de combatir al narcotráfico, sino de intereses geopolíticos.
En el mismo sentido se pronunciaron los especialistas en política internacional Walter Piñeiro Bertello y Javier Martín Reyes, quienes, en entrevista con el diario El Universal, consideraron que se trata de una medida de presión por parte de Trump. También señalaron que la eventual extradición de un político de tan alto nivel como el gobernador no sería un proceso rápido ni fácil, para empezar, porque cuenta con fueros.
Fuente original y créditos de la imagen: RT México