El proyecto de reforma en el Congreso local considera aplicar de cuatro a ocho años de prisión a quien participe en robo de celulares
Con hasta ocho años de prisión, el diputado Javier Romo Mendoza presentó iniciativa de reforma para incluir en el Código Penal del Estado de Jalisco, tres artículos que sancionen en a quienes participen en robo de celulares, los comercialicen o los compren.
Para quien robe y para quien venda
El proyecto de reforma considera aplicar de cuatro a ocho años de prisión a quien hurte un teléfono móvil, esa misma sanción aplica a quien venda el equipo, lo desbloquee o remarque.
Hasta 32 meses de cárcel para quien adquiera un celular robado
Detalló que quien compre un equipo robado podría enfrentar sanción de 16 a 32 meses de cárcel, si se comercializan en un local establecido aplicará la cancelación definitiva de licencias o permisos.
“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la Fiscalía del Estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”, expuso.
Atenuantes que podrían sumar más años dentro de prisión
Usar armas de fuego o provocar lesiones durante el robo del celular se consideraría un agravante, en esos casos el castigo podría ir de siete a 15 años de prisión. La sanción aumentaría de cinco a diez años si el equipo contiene información personal biométrica y financiera. De comprobarse el uso de esa información el castigo incrementa de seis a 12 años.
Esta iniciativa incluye castigo a servidores públicos que por omisión o acción otorguen permisos de comercialización de equipos robados
La iniciativa que, se turnará para su revisión en comisiones del Congreso, incluye castigo a los servidores públicos que otorguen autorización, o permitan por acción u omisión la comercialización de equipos de telefonía móvil robados en espacios públicos abiertos.
El correctivo a los funcionarios va desde la inhabilitación y retiro del cargo, hasta prisión por dos años.
La iniciativa parte de los aproximados 4 millones de robos de celular registrados solo en el 2017
Romo Mendoza consideró que se deben especificar sanciones por el robo de celular pues según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de los 9.5 millones de robos en la calle o en el transporte público registrados en 2017, en 51.2% de los casos lo sustraído fueron teléfonos celulares.
Fuente: Vallarta Independiente. Publicación original
