«Es un llamado a todos, a la población en general, a las comunidades que viven cerca de los ductos, no es lo que se roben de combustible, son las vidas, es un riesgo altísimo», así fue el llamado que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa en visperas del aniversario de la tragedia en Tlahuelilpan.
Hace un año, el 18 de enero de 2019, una toma clandestina en un ducto de la zona salió de control y se creó una fuente de gasolina a la que acudieron varias personas. La fuga terminó con una explosión que provocó la muerte de 137 personas, dejando a 194 huérfanos, lo que convirtió esta catástrofe en el mayor incidente ocurrido por el robo de combustible en la historia de México.
La ordeña ilegal de combustible
El huachicoleo o huachicol, así es el nombre con el que se conoce en el país esta práctica ilegal y que proviene de la palabra maya huach, un término usado para referirse a los ‘forasteros’ y también a los ladrones, según el Diccionario de Mexicanismos. Sin embargo, existen otras versiones que indican que el nauátl o el italiano podrían ser la lengua de origen de esta palabra.
Hoy en día el termino se aplica para definir el robo de hidrocarburos que se realiza a través de las ‘tomas calientes’, es decir, la perforación improvisada de ductos para extraer el combustible en poco tiempo. También tienen lugar los proyectos de largo plazo, cuando los huachicoleros instalan las redes paralelas a los ductos y los hidrocarburos se extraen de manera permanente.
El fenomeno del huachicoleo se disparó en 2010, cuando se descubrieron 691 petroliferaciones ilegales, y llegó al nivel de más de 14.000 en 2018, el año en que la petrolera estatal Pemex registró pérdidas por valor de 66.300 millones de pesos por la ordeña delictiva de combustible. Es decir, 20 millones de pesos diarios como la consecuencia del robo de casi 53.000 barriles de petróleo.
Según una de las hipótesis, «la entrega de un atlas de riesgos a ductos por parte de Pemex a autoridades estatales y municipales, que detallaba la ubicación geográfica de la infraestructura vulnerable, fue lo que detonó este delito», explicó a Sputnik Mundo el periodista y experto en tema de energía Arturo Solís.
Recordó que en internet hasta la fecha se puede encontrat un análisis de riesgos y programas de seguridad en instalaciones elaborado por Pemex y emitido en mayo de 2008. Fue «subido por empleados de la compañía, aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) consideró esta información como de seguridad nacional». No obstante, el huachicoleo no ha estado extento de la incursión del crimen organizado, los carteles de droga, en particular. También detrás del robo ilegal están, según reveló en 2018 un estudio realizado por encargo de la Comisión Reguladora de Energía, «los paramilitares, bandas criminales de bajo impacto, empresarios gasolineros, empleados y exempleados de Pemex, hasta autoridades de seguridad pública, empresarios y comunidades», subrayó Solís.
La política antihuachicolea de AMLO
El crecimiento de esta práctica dañina tanto en términos económicos, como sociales y de seguridad llevó a que el nuevo Gobierno, encabezado por López Obrador, lanzara una campaña antihuachicolea a nivel empresarial a finales de 2018 para frenar las actividades tanto de los «huachicoleros de abajo» como de los «huachicoleros de arriba”, según las propias palabras del mandatario.
La primera etapa: desabasto y explosión
La primera etapa se vio agravada por la decisión del Gobierno de no hacer pública su estrategia que consistió en cerrar las válvulas de al menos cuatro de los ductos de Pemex y distribuir gasolina y diésel a través de pipas o carros cisterna. Eso tuvo como consecuencia unos fuertes problemas con el suministro de combustible en decenas de ciudades en ocho entidades el país, «en algunos casos, como el de Ciudad de México, por compras de pánico. Incluso la Secretaria de Energía reconoció que hubo un fallo al informar a la población y el Gobierno ofreció disculpas», recoge el periodista.
«La explosión derivada de una toma clandestina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas, fue un momento crítico para el Gobierno de López Obrador, el cual tuvo que mejorar la vigilancia, así como acelerar la implementación de otras disposiciones que facultaron a más autoridades para combatir el robo de combustible, además de que se considerara legalmente el robo de combustible como un delito grave», prosigió.
Sin embargo, el impacto negativo por el desabasto y tragedia en Tlahuelilpan solo se manifestó durante la primera etapa. Las encuestas de enero de 2019 igual demostraron un respaldo mayoritario del presidente.
Los resultados del primer año de la campaña contra el huachicoleo
En su discurso del 17 de enero, un año después de la explosión en Tlahuelilpan, el mandatario reconoció que el país sigue «padeciendo de este robo, ya no como antes, pero sigue habiendo huachicol en Hidalgo» que es el estado con más tomas clandestinas, seguido del estado de México.
A su vez, unos días antes la empresa Pemex presentó sus propios datos, en base a los cuales, afirmó que en el primer año de gobernación de Obrador el huachicoleo se redujó en el 91%.
«Durante 2018 tuvimos una pérdida de 20 millones de barriles, mientras que en 2019 la cifra fue de 1.800.000 barriles», subrayó el director general de la petrolera, Octavio Romero, durante la conferencia en el Palacio Nacional y añadió que de este modo se ahorraron 56.000 millones de pesos. Sin embargo, el informe del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que también se realizó a partir de estadísticas de Pemex, reportó que de 2018 a 2019 el robo de combustible en el propio Hidalgo aumentó en un 115,43%, al pasar de 1.491, de enero a septiembre de 2018, a 3.212 al tercer trimestre de 2019. Así pasó que las estadísticas de Pemex fueron recibidas con esceptismo por parte de expertos y analistas.
«Lo cierto es que Pemex y el Gobierno tienen que aclarar qué han hecho con los volúmenes recuperados y el supuesto ahorro derivado del combate al robo de combustible. Pemex dijo que los ahorros se usarían para la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero el presupuesto asignado para la megaobra incluso fue menor, un 17% para 2020», compartió su opinión Arturo Solís.
Para el periodista, es todavía temprano para hablar del éxito o fracaso de la política implementada para combartir este fenomeno, sin embargo, está seguro de que «un nuevo plan contra el huachicoleo era necesario porque el problema crecía cada mes y nada lo detuvo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto».
Lucha de multivel contra los «huachicoleros de arriba y de abajo»
Tal como prometió López Obrador la estrategia para frenar el huachicoleo incluye las actividades que se realizan a diferentes niveles y cuenta con la participación de 14 instituciones gubernamentales, desde las militares hasta las fiscales y de protección al consumidor.
«Si bien se realizan los cierres de ductos, también han incorporado otras estrategias como denuncias anónimas dentro de Pemex, verificación de gasolineras que vendan combustible robado, de los cuales, Profeco [Procuraduría Federal del Consumidor] ha multado con tres millones de pesos a empresarios gasolineros», comentó Arturo Solís.
Según reportó el director de Pemex, 562 personas han sido sentenciadas por el delito de robo de combustible en el primer año de López Obrador. Romero Oropeza también indicó que durante el mismo periodo la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 811 cuentas bancarias y ha congelado cuentas por un monto de 28.000 dólares relacionadas con el huachicol. La Secretaría de la Función Pública ha recibido 53 denuncias, tiene nueve expedientes en trámite y cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa.
No obstante, hay otro nivel donde el tema del huachicoleo ha de tratarse, aseguran algunos expertos. Se trata del impacto ambiental que se produce por lo tóxica que es la sustancia de cualquier combustible: la contaminación del suelo, aire, agua, de la flora y la fauna o, incluso, su muerte, explicó a Sputnik Miguel Ángel Santinelli, director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáuac. Para tratar las zonas afectadas se puede retirar el suelo, «llegar hasta las capas que no han sido impactadas» o introducir animales y plantas más resistentes a sitios contaminados que, a su vez, van a contribuir a remediarlo, añadió el experto.
Concienciar al pueblo
Al acercarse la fecha de la tragedia en Tlahuelilpan, varias instituiciones gubernamentales han informado del avance de la política antihuachicolea, presentando cifras y estadísticas. Con todo eso López Obrador dio un enfoque diferente al tema del huachicoleo tratándolo no solo como un fenomen delictivo sino social-ecómico.
«Los jefes de las bandas se llevan pipas y la gente recoge el combustible que se queda en las zanjas por donde pasan los ductos, lo venden para sobrevivir, con la tolerancia de las autoridades», según comentó el 17 de enero.
Al referirse a la explosión en Tlahuelilpan el mandatario explicó que todo fue producto de la descomposición y de la desatención a los pueblos, a los jóvenes, en particular. «Así se fue creando esto del robo de combustible», dijo.
«Esto del huachicol es producto de no dar opciones, alternativas, desde luego manejado por grupos de delincuentes pero con una base social de apoyo», subrayó.
El gobernante exhortó a las comunidades que viven a lo largo de miles de kilómetros de oleoductos a no involucrarse con los delincuentes en ese delito. Por parte del Gobierno, indicó, «es un compromiso seguir dando opciones alternativas a los jóvenes, que no falten los apoyos, que haya trabajo».
Fuente: Sputnik. Artículo original