La pandemia de Covid-19 puso de manifiesto profundos fallos en la gobernanza sanitaria mundial. Ahora se reconoce ampliamente, incluso por parte de instituciones que inicialmente se resistieron a autoexaminarse. Por ejemplo, la reciente Comisión Lancet sobre Covid-19 sustituyó el análisis por la promoción, eludió la rendición de cuentas institucional y, en última instancia, aclaró muy poco por qué fracasó la gobernanza mundial de la pandemia.
Lo que sigue sin resolverse -y en gran medida sin debatirse en público- es lo que esos fracasos implican para el futuro de la cooperación sanitaria internacional, y especialmente para el papel de la Organización Mundial de la Salud.
En Proyecto Internacional de Reforma Sanitaria (IHRP) se convocó para afrontar directamente esa cuestión. El IHRP es un grupo internacional independiente, aunque su labor está estrechamente vinculada a Brownstone a través de la participación de tres de sus becarios autores de este artículo, dos de los cuales actuaron como copresidentes.
Su trabajo es inusualmente detallado, amplio y contundente. No sostiene que la pandemia fuera inevitable, ni que el fracaso fuera simplemente producto de la mala suerte o de una información limitada. En cambio, documenta cómo los incentivos institucionales, las estructuras de gobierno y las presiones políticas influyeron en las decisiones de un modo que socavó repetidamente la transparencia, la proporcionalidad y el rigor científico.
Las conclusiones del Grupo son importantes más allá de los debates sobre el pasado. Llegan en un momento en el que Estados Unidos se ha retirado de la OMS, en el que la Organización está tratando de ampliar su autoridad mediante la modificación del Reglamento Sanitario Internacional y un nuevo acuerdo sobre pandemias, y en el que los gobiernos de todo el mundo están reevaluando en silencio si el modelo actual de gobernanza sanitaria mundial es adecuado para su propósito.
La cuestión ahora no es simplemente si la OMS fracasó, sino qué debe seguirse de ese fracaso, especialmente para Estados Unidos y sus aliados.
I. Conclusiones del IHRP: El fallo fue estructural, no accidental
El informe del IHRP llega a una conclusión clara: los problemas revelados durante Covid-19 no eran errores aislados, sino el resultado previsible de decisiones de diseño institucional tomadas a lo largo de décadas.
Varios hallazgos son centrales.
En primer lugar, la OMS fracasó en su función central pandémica. La Organización fue creada para detectar, evaluar y coordinar respuestas a las amenazas transnacionales de enfermedades infecciosas. Sin embargo, durante las primeras etapas de la Covid-19 fue lento a la hora de cuestionar información incompleta o engañosa, reacio a intensificar las advertencias ante la presión política e inconsistente en sus orientaciones una vez declarada la emergencia. Estos fracasos tuvieron consecuencias reales y dieron forma a las respuestas nacionales durante el estrecho período en el que la acción temprana era más importante.
En segundo lugar, la politización no fue una aberración sino una limitación recurrente. El Panel documenta cómo la deferencia hacia los Estados miembros poderosos, especialmente cuando la transparencia era más crítica, distorsionó la comunicación de riesgos y retrasó la investigación independiente. Esto no fue simplemente una falla de liderazgo, sino una consecuencia de reglas de gobernanza que anteponen el consenso político a la corrección oportuna de errores.
En tercer lugar, la Organización entró en la pandemia ya institucionalmente sobrecargada. Con el tiempo, el mandato de la OMS se expandió mucho más allá del control de las enfermedades transmisibles hacia una amplia gama de ámbitos sociales, conductuales y ambientales, a menudo con una conexión limitada con la preparación para una pandemia. El resultado fue una organización que intentaba funcionar simultáneamente como agencia técnica, actor de desarrollo, organismo normativo y convocante político, sin la claridad ni la disciplina necesarias para responder a la crisis.
En cuarto lugar, las reformas pospandemia no abordaron estas debilidades subyacentes. En lugar de una autopsia institucional rigurosa, la respuesta al fracaso fue buscar una autoridad ampliada: poderes de emergencia más amplios, nuevas expectativas de cumplimiento para los estados y estructuras permanentes adicionales. El Panel es explícito en que ampliar el alcance sin corregir las fallas de gobernanza corre el riesgo de afianzar la misma dinámica que contribuyó al mal desempeño en primer lugar.
En conjunto, la conclusión del IHRP es cruda: la gobernanza sanitaria global fracasó no porque la tarea fuera imposible, sino porque el sistema carecía de los incentivos y salvaguardas necesarios para priorizar la evidencia, la transparencia y la rendición de cuentas bajo presión.
II. La retirada no fue imprudente, pero sí incompleta
En este contexto, la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS no debe entenderse como un rechazo a la cooperación sanitaria mundial. Fue una respuesta, largamente demorada, a una institución que falló en su prueba más importante y luego buscó expandir su autoridad sin un ajuste de cuentas creíble.
La retirada restableció la autonomía política y señaló que no se podía dar por sentada la continuidad de la participación sin una reforma. Pero la retirada por sí sola no constituye una estrategia.
Estados Unidos sigue siendo el mayor financiador de esfuerzos de salud global y el actor más capaz en la vigilancia de enfermedades, la investigación biomédica y la respuesta a emergencias. Las pandemias, por definición, no respetan fronteras. Abandonar la OMS no elimina los intereses de Estados Unidos en la detección de brotes globales, las normas técnicas o el intercambio de información. Simplemente cambia los términos en los que ahora deben perseguirse esos intereses.
El riesgo no es la desconexión, sino la deriva estratégica. Sin una articulación clara de lo que viene después (qué funciones siguen siendo importantes, dónde es indispensable la cooperación y bajo qué condiciones se debe reanudar el compromiso institucional), la retirada puede convertirse en ausencia. Y la ausencia no crea neutralidad; simplemente cede a otros la influencia sobre las normas emergentes.
Aquí es donde el informe del IHRP adquiere especial importancia. Proporciona un diagnóstico de referencia que las futuras administraciones estadounidenses (de cualquier partido) tendrán que afrontar. Incluso si la administración actual favorece los enfoques bilaterales, es probable que una futura administración demócrata busque volver a ingresar a la OMS. La cuestión crítica es si ese reingreso sería incondicional o si se utilizaría como palanca para exigir una reforma significativa.
Evitar esa pregunta ahora casi garantiza repetir errores del pasado más adelante.
III. Bilateralismo: necesario, insuficiente y arriesgado sin rendición de cuentas
El instinto de alejarse del multilateralismo y acercarse al compromiso bilateral es comprensible. Las grandes organizaciones internacionales tienden a difundir la responsabilidad, premiar el consenso sobre el desempeño y luchar por corregir los errores. Por el contrario, los acuerdos bilaterales prometen líneas de rendición de cuentas más claras, mayor flexibilidad y una mayor alineación con los intereses nacionales.
En materia de salud global, hay argumentos sólidos a favor del bilateralismo, hasta cierto punto.
Gran parte de lo que Estados Unidos hace mejor en salud global ya opera a través de canales bilaterales o estrechamente administrados: programas para enfermedades específicas, asociaciones de laboratorios, asistencia técnica y apoyo a las adquisiciones. Estos enfoques permiten a Washington concentrar recursos, establecer condiciones y medir resultados de manera más directa de lo que es posible a través de burocracias multilaterales en expansión.
Pero el bilateralismo no sustituye a la coordinación global en todos los ámbitos. Tampoco resuelve automáticamente los problemas que minaron a las instituciones multilaterales en primer lugar.
Hay tres límites estructurales que vale la pena destacar.
En primer lugar, la fragmentación de la información es un riesgo real. La vigilancia, la alerta temprana y la verificación de brotes dependen del rápido intercambio de información a través de las fronteras. Los acuerdos bilaterales pueden garantizar el acceso a los datos de los países socios, pero tienen dificultades para replicar la amplitud y redundancia de los sistemas de monitoreo global. En las primeras fases de un brote, la diferencia entre las señales brutas y la interpretación verificada suele ser decisiva.
En segundo lugar, el cumplimiento escrito no implica rendición de cuentas. Transferir la responsabilidad a los gobiernos nacionales no garantiza el desempeño, especialmente cuando las instituciones son débiles. La experiencia en regulación farmacéutica, vigilancia de enfermedades y adquisiciones muestra que la propiedad formal puede enmascarar fallas persistentes a menos que vaya acompañada de una verificación independiente y consecuencias reales por el incumplimiento. El bilateralismo que carece de estas salvaguardias corre el riesgo de reproducir los mismos déficits de rendición de cuentas que plagaron los sistemas multilaterales, sólo que de forma más fragmentada.
En tercer lugar, las normas siguen siendo importantes. Las advertencias de viaje, las declaraciones de emergencia, las normas de laboratorio y los estándares de referencia de vacunas dan forma al comportamiento global, independientemente de que Estados Unidos participe o no en su establecimiento. La ausencia no impide que surjan normas; simplemente significa que son moldeados por otros, a menudo a través de compromisos políticos en lugar de criterios basados en evidencia.
La lección no es que el bilateralismo esté mal, sino que es incompleto. Una estrategia basada enteramente en el compromiso bilateral corre el riesgo de resolver las frustraciones de ayer y al mismo tiempo crear las vulnerabilidades del mañana.
Esta es la razón por la que la salida de la OMS debe entenderse no como un estado final, sino como una influencia, y la influencia sólo funciona si va acompañada de condiciones claras y un camino creíble a seguir.
IV. La cuestión del reingreso: condiciones, no sentimiento
La pregunta más trascendental que plantea el informe del IHRP es una que muchos formuladores de políticas prefieren evitar: ¿bajo qué condiciones, si las hubiera, debería Estados Unidos volver a unirse a la Organización Mundial de la Salud?
La política hace que esto sea incómodo. El escepticismo de la actual administración hacia las instituciones multilaterales es bien conocido. Pero los ciclos políticos cambian. Es muy probable que una futura administración demócrata busque el reingreso, particularmente si la retirada se presenta como desestabilizadora o aislante. El peligro no es el reingreso per se, sino el reingreso incondicional: un retorno impulsado por el simbolismo más que por la reforma.
El informe del IHRP deja claro que tal retorno significaría un fracaso.
Por lo tanto, cualquier reingreso futuro debería regirse por condiciones explícitas, no por buena voluntad. Para que un nuevo compromiso sirva a los intereses de Estados Unidos y a la salud global en términos más amplios, debe ser condicional, verificable y duradero en todas las administraciones. Como mínimo, deberían aplicarse varios principios.
Primero, exigir disciplina. El presupuesto evaluado y las actividades principales de la OMS deben centrarse estrictamente en la vigilancia de enfermedades transmisibles, la respuesta a los brotes y la coordinación técnica. Las agendas expansivas que diluyen la atención y los recursos socavan el desempeño en crisis y desdibujan la rendición de cuentas.
En segundo lugar, la reforma de la gobernanza. Las declaraciones y orientaciones de emergencia deben estar sujetas a umbrales probatorios más claros, a un razonamiento transparente y a una revisión posterior a la crisis. No debería repetirse la ausencia de una autopsia institucional seria tras el Covid. El error debe reconocerse, documentarse y corregirse.
En tercer lugar, el aislamiento político donde más importa. Si bien la despolitización total no es realista, deben existir salvaguardias contra la supresión o el retraso de información crítica debido a la presión de los Estados miembros. No compartir datos sobre brotes, restringir el acceso o cooperar con las investigaciones debe tener consecuencias explícitas.
Cuarto, la responsabilidad financiera. La dependencia de contribuciones voluntarias para fines específicos ha distorsionado las prioridades y empoderado a los donantes a expensas de las funciones básicas. Cualquier ampliación de la financiación prorrateada debería depender de la reforma de la gobernanza, no sustituirla.
Quinto, inclusión y transparencia. Excluir a jurisdicciones capaces de la participación técnica por razones políticas debilita la supervisión y socava la confianza. Las reglas de participación deben regirse por la competencia de salud pública, no por la presión diplomática.
Ninguna de estas condiciones es radical. Todos son consistentes con el propósito original de la OMS. Sin embargo, la historia sugiere que no se adoptarán sin una presión externa sostenida.
Esa presión es más eficaz cuando el reingreso no se trata como un imperativo moral sino como una negociación. La retirada, en este sentido, no es abandono. Es la creación de influencia que las administraciones futuras pueden desperdiciar o utilizar de manera inteligente.
El informe del IHRP proporciona la base probatoria para que esa elección sea explícita y no sentimental.
V. ¿Cuánto cambio es realista?
Cabe preguntarse si una reforma significativa de una agencia de la ONU es siquiera plausible. La historia ofrece pocos ejemplos de transformación institucional al por mayor. Los grandes organismos multilaterales son estructuralmente conservadores: la autoridad es difusa, los incentivos favorecen la continuidad y el fracaso rara vez tiene consecuencias directas para la dirección o el personal.
Dicho esto, el cambio no es imposible, pero suele ser parcial, impulsado desde el exterior y más pragmático que visionario. Cuando los organismos de la ONU han cambiado de rumbo, casi siempre ha sido a raíz de una presión sostenida de los Estados miembros o de los principales financiadores, normalmente después de que el daño a la reputación o las limitaciones financieras hicieran costosa la inacción.
El patrón es coherente. La UNESCO no modificó sus prácticas de gobernanza y supervisión internas hasta después de que los principales donantes le retiraran y suspendieran la financiación en repetidas ocasiones en la década de 1980 y de nuevo a finales de la década de 2010. Estos episodios no reinventaron la organización, pero sí produjeron controles presupuestarios más estrictos, una evaluación interna más sólida y una cierta reducción de la programación discrecional, lo suficiente para permitir la reanudación del compromiso sin refrendar el statu quo.
Del mismo modo, la Organización Internacional del Trabajo ha ajustado periódicamente los mecanismos de supervisión y presentación de informes en respuesta a la presión constante de los Estados miembros. Los gobiernos no eliminaron las ambiciones normativas de la OIT, pero consiguieron limitar la agresividad con la que se perseguían esas ambiciones, sobre todo cuando la continuidad de la participación se condicionó a la restricción de los procedimientos y a unas normas probatorias más claras.
En el ámbito de la salud mundial, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ofrece un ejemplo más claro de reforma impulsada por la rendición de cuentas. Tras los escándalos de corrupción y la reacción violenta de los donantes en la década de 2000, el Fondo Mundial introdujo mecanismos de inspección independientes, una financiación basada en los resultados y la voluntad de suspender o poner fin a las subvenciones. Estos cambios se impusieron desde el exterior y se centraron en las operaciones más que en la ideología, pero alteraron materialmente los incentivos y el comportamiento.
Incluso dentro del sistema de la OMS se han producido cambios limitados bajo presión. La congelación del presupuesto, las limitaciones en la asignación de fondos, los cambios en la dirección y la coordinación de los donantes han obligado periódicamente a reducir gastos, consolidar programas y aumentar la transparencia, aunque casi nunca de forma proactiva y nunca sin influencia externa.
La lección de estos casos no es que los organismos de la ONU se reformen voluntariamente, sino que responden a los incentivos cuando éstos son claros, coordinados y sostenidos. La reforma tiende a reducir la discrecionalidad en lugar de redefinir la misión; endurece los procedimientos en lugar de transformar la cultura. Puede parecer modesto, pero en la práctica puede cambiar significativamente el comportamiento institucional.
Por lo tanto, el mejor escenario realista para la reforma de la OMS reside en la restricción, no en la reinvención: límites más claros a la proliferación de mandatos; umbrales de evidencia más estrictos para las declaraciones de emergencia; mayor transparencia sobre la incertidumbre y el error; y consecuencias financieras o de reputación creíbles cuando se ignoran las normas.
La alternativa no es la reforma, sino el distanciamiento controlado. El aislamiento total sacrificaría el acceso a la información, las normas y la coordinación, que ningún país puede sustituir eficazmente por sí solo, y eliminaría la influencia que queda para influir en las normas mundiales que surgirán independientemente de la participación de Estados Unidos.
La elección práctica, por tanto, no es entre reforma y aislamiento, sino entre compromiso condicional y retorno incondicional. La historia sugiere que la primera opción puede producir un cambio gradual pero real. El segundo casi garantiza el estancamiento.
VI. Por qué es más probable el cambio fuera de Washington y Ginebra
(La realidad de 193 países)
Los debates sobre la reforma de la Organización Mundial de la Salud suelen enmarcarse en una disputa entre Washington y Ginebra, o entre los principales donantes y una burocracia internacional atrincherada. Este planteamiento es engañoso y estratégicamente limitador.
La OMS está gobernada por 193 Estados miembros que operan sobre la base de un país-un voto. Aunque los grandes donantes ejercen influencia a través de la financiación, la autoridad recae en última instancia en un grupo diverso de gobiernos, muchos de los cuales vivieron Covid-19 de forma muy distinta a Estados Unidos y Europa Occidental.
Esto es importante por dos razones.
En primer lugar, el descontento con la actuación de la OMS no se limita a la anglosfera. Los gobiernos de América Latina, Europa del Este, África y partes de Asia han expresado su preocupación -a veces públicamente, a menudo en privado- por la opacidad de la toma de decisiones en situaciones de emergencia, la falta de coherencia de las orientaciones y la ampliación de la autoridad de la OMS sin la correspondiente rendición de cuentas. Para muchos de estos Estados, Covid-19 puso de relieve los costes de las declaraciones centralizadas y las prescripciones uniformes mal adaptadas a las condiciones locales.
En segundo lugar, estos países son políticamente decisivos. La reforma no dependerá únicamente de la presión retórica de Washington, sobre todo tras la retirada de Estados Unidos. Dependerá de coaliciones de Estados que quieran una OMS más estrecha, más técnica y más disciplinada, una organización centrada en la vigilancia, el intercambio de información y la respuesta a los brotes, más que una que aspire a gobernar la política sanitaria nacional.
Aquí es donde el trabajo de un panel internacional independiente es importante. Las conclusiones que no están vinculadas a ningún gobierno o programa político permiten a los funcionarios comprometerse con el fondo de la reforma sin que parezca que se alinean con presiones externas. Para muchos países, especialmente las democracias de renta media, esta distinción es crucial.
Por tanto, es más probable que el impulso reformista surja gradualmente, a través de la alineación entre Estados que consideran que la disciplina institucional es estabilizadora más que perturbadora. El futuro de la gobernanza sanitaria mundial no lo decidirá una sola capital o crisis, sino si un amplio conjunto de gobiernos llega a la conclusión de que la trayectoria actual es insostenible.
VII. Cómo podría producirse realmente el cambio: Escenarios plausibles, limitaciones difíciles
Ninguna de las vías que se exponen a continuación debe entenderse como susceptible de producir una reforma rápida o global. La historia sugiere que el cambio en la Organización Mundial de la Salud no surgirá orgánicamente de una revisión interna o del aprendizaje tecnocrático. Si llega a producirse, será impulsado por presiones políticas externas. Se suelen invocar varios escenarios; todos se enfrentan a graves limitaciones.
1. Una revuelta coordinada de los Estados africanos o del Sur Global
En teoría, los países de ingresos bajos y medios tienen los números para forzar la reforma. Muchos tienen quejas legítimas sobre las normas de distribución de virus, el acceso a las vacunas, las restricciones de viaje y las asimetrías reveladas durante Covid-19. En la práctica, esta vía es la menos probable. En la práctica, esta es la vía menos probable. Estos estados son muy heterogéneos, a menudo dependen de fondos asignados y están divididos por alineamientos regionales y geopolíticos. Aunque el descontento es real, rara vez está coordinado y es fácil neutralizarlo mediante pagos complementarios, concesiones programáticas o apelaciones a la solidaridad. Por lo tanto, es muy poco probable que se produzca una revuelta generalizada contra los acuerdos de gobernanza existentes.
2. Un impulso reformista liderado por EE.UU. tras la consolidación interna
Un escenario más plausible -aunque todavía incierto- es un esfuerzo dirigido por Estados Unidos una vez que se hayan estabilizado las prioridades políticas nacionales. Tras un periodo inicial centrado en acuerdos sanitarios bilaterales y en el desarrollo de capacidades nacionales, un futuro impulso podría implicar condicionar explícitamente la reanudación del compromiso con la OMS a reformas específicas. Esto requeriría una atención ejecutiva sostenida, la coordinación con los aliados y la voluntad de tolerar fricciones diplomáticas a corto plazo. Figuras como Robert F. Kennedy Jr. y el presidente Trump han articulado muchas de las críticas pertinentes. Es políticamente concebible plantear la reentrada como palanca, pero históricamente Estados Unidos ha tenido dificultades para mantener esa condicionalidad a lo largo del tiempo. Esta vía es posible, pero frágil.
3. Una reacción europea de centro-derecha
Otra posibilidad citada con frecuencia es la presión ejercida desde dentro de Europa, en particular por los gobiernos de centro-derecha de países como Italia, Hungría y Eslovaquia. Estos gobiernos han expresado su preocupación por la soberanía, la proporcionalidad y la extralimitación institucional. Una presión europea coordinada tendría un peso simbólico, dado el papel histórico de Europa como pilar de la legitimidad de la OMS. Sin embargo, la probabilidad de que la Organización responda de forma significativa es baja. Hasta ahora, la disidencia europea ha sido fragmentaria, y la dinámica institucional de la UE tiende a priorizar la unidad y el proceso sobre la confrontación. Puede producirse una revuelta, pero es menos probable que se produzca una escucha institucional sostenida.
4. Limitación financiera y erosión de la reputación
Históricamente, el motor más constante del cambio en los organismos de la ONU no es la revuelta, sino las limitaciones. La presión presupuestaria, el cansancio de los donantes y el daño a la reputación pueden forzar la reducción incluso cuando la gobernanza formal permanece inalterada. Las reducciones de personal, la consolidación de programas y el endurecimiento de los procedimientos suelen seguir a las crisis financieras. Esta vía produce efectos limitados pero tangibles: mandatos más limitados, expansión más lenta y mayor cautela a la hora de ejercer la autoridad. Es poco glamuroso, pero también es el mecanismo más plausible para un cambio gradual.
5. Creación gradual de coaliciones en torno a funciones específicas
Por último, la reforma puede producirse no a través de un cambio generalizado, sino mediante la creación de coaliciones discretas en torno a funciones concretas: normas de vigilancia, umbrales de emergencia, mecanismos de revisión tras una crisis o normas de transparencia. Los grupos de Estados pueden eludir cada vez más las estructuras controvertidas mientras convergen informalmente en normas más estrictas en otros ámbitos. Con el tiempo, esto puede acabar con las prácticas problemáticas sin necesidad de una confrontación formal. Se trata de un proceso lento, indirecto e incompleto, pero históricamente más eficaz que las campañas de reforma que acaparan titulares.
Lo que esto implica
Ninguno de estos escenarios apunta hacia una transformación institucional drástica. Los resultados más realistas son la restricción más que la conversión, el estrechamiento más que la reinvención, y el apalancamiento más que la deferencia. Es improbable que el aislamiento produzca una reforma, pero el retorno incondicional casi seguro que la impediría.
Por tanto, la tarea práctica de los gobiernos -especialmente de Estados Unidos- consiste en reconocer qué vías son plausibles, preservar la influencia allí donde exista y evitar confundir simbolismo con estrategia. El cambio, si se produce, será gradual, cuestionado e impulsado desde el exterior, o no se producirá en absoluto.
Conclusión: Reforma o repetición
Los fallos revelados por Covid-19 no fueron fruto de la casualidad o la ignorancia. Fueron consecuencia de incentivos institucionales que premiaban el consenso frente a la franqueza, la expansión frente a la concentración y la autoridad sin rendición de cuentas. A menos que esos incentivos cambien, la próxima emergencia sanitaria mundial reproducirá muchos de los mismos errores, independientemente de cuánta autoridad o financiación se añada mientras tanto.
El trabajo del Grupo de Revisión de la Sanidad Internacional deja clara una cuestión: la gobernanza sanitaria mundial no necesita más ambición, sino más disciplina. La vigilancia, el intercambio de información y la respuesta a los brotes siguen siendo funciones internacionales esenciales. Pero sólo funcionan cuando se da prioridad a la evidencia sobre la política y cuando las instituciones están estructuradas para corregir los errores en lugar de ocultarlos.
Para Estados Unidos, el reto no es si debe comprometerse internacionalmente, sino cómo. La retirada no debe conducir a la indiferencia, ni la reincorporación debe ser automática. Cualquier participación futura en las instituciones sanitarias mundiales debe basarse en expectativas claras, normas mensurables y la voluntad de insistir en la reforma en lugar de aplazar el proceso.
Por tanto, la elección que tenemos por delante es sencilla. Los gobiernos pueden tratar la pandemia como una anomalía y volver a los hábitos conocidos, o pueden utilizar las duras lecciones de Covid-19 para exigir instituciones más estrechas, más transparentes y verdaderamente responsables. El camino elegido determinará si la próxima crisis se gestiona con mayor claridad o simplemente con mayor autoridad y los mismos fallos subyacentes.
Fuente original (en inglés): Instituto Brownstone Traducido y editado por el equipo de Diario de Vallarta y Nayarit. Autor: David Bell
