México vive un momento inédito: sin ciencia ni pensamiento crítico en la política, con economía estancada y democracia debilitada, mientras una clase política opulenta busca eliminar contrapesos y callar voces que cuestionen corrupción, inseguridad y falta de resultados.
Por Javier Orozco Alvarado, Ex rector del Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara
Estamos viviendo en México un momento inédito de nuestra historia; un momento en el que ni la ciencia, ni la docencia tienen cabida en el pensamiento político, en la toma de decisiones o en el pensamiento crítico de la gente.
Hoy nos preocupa más lo que pasa en la política que en la economía; a pesar de que no hay crecimiento económico, no hay empleo formal y la gente vive con subsidios miserables ante una clase política que ha escalado a la opulencia.
Nos preocupa ver que estamos en la antesala de una nueva reforma constitucional que pretende debilitar aún más lo que fue nuestra incipiente democracia; la que permitió el ascenso de Morena, sus aliados y sus ahora nuevos ricos, que pretenden seguir destruyendo el Estado mexicano para evitar la competencia, los contrapesos o la existencia de voces críticas que cuestionen los excesos del poder, la corrupción, la inseguridad, la falta de medicamentos o la falta de resultados macroeconómicos.
La nueva reforma, que pretende consolidar el poder de la partidocracia morenista, busca transformar nuestro sistema electoral para coartar nuestros derechos político-electorales, así como lo hicieron con otras leyes, como la reforma al poder judicial, para administrar la justicia desde el poder presidencial o desde su partido hegemónico.
Es otra reforma que pretende tomar el control del proceso electoral sometiendo al INE, a los Institutos Electorales locales, el manejo discrecional del presupuesto a los partidos y la eliminación de los plurinominales. Pretenden manipular los organismos electorales, como hicieron con la extinción del Instituto Nacional de acceso a la Información (INAI) para obstruir la transparencia y la rendición de cuentas.
En la escalada de la simulación democrática, la presidenta Sheinbaum nombró por decreto una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual está integrada exclusivamente con funcionarios públicos del gobierno morenista, cuyo propósito indudablemente, será someter el actual sistema de partidos a un nuevo régimen político. Un nuevo régimen en el que el partido gobernante mantendrá el poder absoluto en el Congreso de la Unión para seguir modificando nuestra Constitución en nombre de un pueblo que no entiende ni de leyes, de economía o de política.
Los ciudadanos no estamos en contra de las reformas políticas, incluyendo la de no reelección y el nepotismo; pero que se apliquen en la próximas elecciones del 2027 para todos los partidos y no hasta el 2030.
Estamos también de acuerdo en la reforma electoral, pero que la Comisión esté integrada pluralmente por académicos expertos en derecho electoral, personajes notables de los principales partidos, representantes de cámaras empresariales y de organizaciones civiles, para que su aprobación sea producto del consenso y no del autoritarismo presidencial o la aplanadora legislativa.
Coincidimos en la reducción del presupuesto a partidos políticos, el número de diputados y senadores, así como la eliminación de los plurinominales, pero sobre todo los de listas ocultas, para que sean también electos.
Estamos en contra del desmantelamiento del INE y la reducción del presupuesto que pueda afectar la vigilancia, la transparencia y la realización de elecciones libres y democráticas para garantizar que no vuelva a repetirse el uso de acordeones o el acarrreo de simpatizantes en favor de iniciativas del partido en el poder.