Esta mañana el gobierno federal fijó su postura de no ofrecer más por la expropiación de las 2,400 hectáreas que utiliza como mina en las playas paradisiacas de Quintana Roo la empresa Calica, Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), filial del poderoso corporativo estadounidense Vulcan Materials.
El mandatario mexicano negó una nueva propuesta que ofreciera más dinero por la expropiación. El avalúo señala una cantidad que no rebasa los 7,000 millones de pesos y eso es lo que se ofrece, pagar más significaría «caer en un acto de corrupción», dijo.
Un poco de contexto
En mayo del pasado 2022 el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que clausuraba la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, por parte de la empresa Calica por razones de explotación del subsuelo sin permiso y porque los trabajos de extracción de material pétreo ha causado graves daños ambientales.
López Obrador contó en la mañanera que en unos de los tantos viajes al sureste del país, había destinado ir a inspeccionar personalmente el predio porque a pesar de haber clausurado toda actividad de extracción, la compañía siguió haciéndolo en sigilo. Por tal motivo decidió acudir en un viaje exprofeso a comprobar tal cosa, lo que resultó ser cierta. El propio presidente tomaba video como prueba de los movimientos de grúas y camiones.
Esto molestó al presidente porque lo consideró una burla y mandó a clausurar el predio. La empresa Calica del grupo Vulcan Materials, ha sido señalada como una de los grandes «aportadores» que financiaron las campañas sucias contra el Tren Maya.
López Obrador les ofreció que le vendieran el terreno a la nación para volverlo una área natural protegida y destinarla para el turismo ecológico. La oferta llegó en abril pasado cuando la firma estadounidense reclamaba una indemnización entre 1500 a 1900 millones de dólares, que significan aproximadamente de 27,000 a 35,000 millones de pesos, muy lejos de los no más de 7,000 millones que arroja el avalúo.
Recientemente el periódico Reforma publicó un queja de esta empresa solicitando la protección de las leyes de Estados Unidos por que para ellos esto es «una toma hostil a la propiedad«.
Mensaje a los mexicanos
Debido a que la compañía estadounidense no quiere negociar conforme a las leyes mexicanas, el presidente mandó el mensaje definitivo para la empresa que el terreno se va a expropiar para un fin común y se hará conforme a las leyes vigentes, no más. Respuesta que es negativa a la oferta que hizo el corporativo.
El presidente de México, llamó a los mexicanos a enterarse del caso:
“Yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto, y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida, todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Vamos a esperar, nada más que antes de que yo me vaya. Ya se les va a depositar en un juzgado los seis mil, siete mil millones de pesos y vamos a emitir el Decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente, no se va a poder construir nada, va a ser para conservar esta reserva”, les dijo el presidente a los mexicanos.
Vulcan pide a EU defender sus intereses
El tema está caliente en el calor mediático y ayer se publicó en varios periódicos que Vulcan Materials Co. solicitó a Estados Unidos defender sus intereses ante la anunciada expropiación de los terrenos de la mina Calica-Sac-Tun que se extienden por alrededor de 2,400 hectáreas al sur de la ciudad de Playa del Carmen.
Ayer por la tarde el periódico El Economista publicaba que la empresa había dirigida dos cartas sobre el caso, la primera iba dirigida a la Embajada de Estados Unidos en México, en donde el director de la compañía J. Thomás Hill calificaba de «inadecuadas» la valoración de las tierras donde tienen asentada la operación de extracción y que el gobierno ofrece 6,500 millones de pesos.
En la carta al embajador, agrega el diario, también relata que «van dos veces en los últimos 18 meses que el presidente López Obrador ha utilizado al ejército mexicano para interferir con nuestros intereses comerciales y violar nuestros derechos de propiedad. Primero, el ejército fue utilizado para cerrar ilegalmente nuestras operaciones en mayo de 2022. Luego, en marzo de 2023, los militares forzaron la entrada de Cemex a nuestra propiedad”.
La otra carta fue dirigida al embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma, que expone que los 6,500 millones de pesos que México pretende pagarles por sus tierras son apenas “una pequeña fracción” del valor justo de mercado de sus inversiones, pues no se considera el valor de las reservas de piedra caliza que poseen en esa superficie. Sí, así lo describe El Economista.
