Por Javier Orozco Alvarado
Economista. Investigador del Conahcyt
Donald Trump ha insistido en que México está gobernado por el crimen organizado. En consecuencia, ha ofrecido su ayuda para combatirlo, ha solicitado la detención, con fines de extradición, de diez funcionarios de Morena que tienen vínculos directos con organizaciones narco terroristas y amenaza con operaciones militares en suelo mexicano para hacer la tarea que le corresponde a nuestro gobierno.
En contraparte, la presidenta Sheinbaum ha sostenido que se requieren pruebas contundentes para hacer efectivo el Tratado de Extradición, que según la FGR no hay delitos que perseguir contra los imputados y que defenderá la soberanía nacional ante cualquier injerencia externa.
La realidad es que la soberanía nacional está siendo amenazada no sólo por la imposibilidad del Estado para ejercer sus propias leyes y autogobernarse sin la injerencia externa; sino también por su incapacidad de garantizar la soberanía interna, elegir libremente a las autoridades y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Desde que el crimen organizado se convirtió en patrocinador de candidatos y partidos, se fueron estableciendo pactos de impunidad y gobernanza entre políticos y organizaciones criminales.
A partir de entonces, hemos venido perdiendo soberanía, tanto interna como externa; no sólo porque los Estados Unidos se han involucrado en asuntos de narco tráfico, corrupción y crimen organizado en nuestro país, sino también porque los organismos que antes eran autónomos, como la FGR, la UIF, la Secretaría Anti Corrupción y buen gobierno –antes INAI- y la SCJN han quedado supeditados a decisiones discrecionales del poder presidencial en detrimento de la población.
Lamentablemente, en México no se abren carpetas de investigación sin la autorización de la presidencia o la cúpula morenista; razón por la cual, estos organismos, han servido para perseguir opositores y encubrir delitos de quienes forman parte del gobierno.
Por eso, la descomposición de la democracia ha servido para someter cada vez más al ciudadano común e imponer reformas constitucionales que favorecen la impunidad de funcionarios públicos o facilitan la protección de organizaciones criminales. Por eso la FGR no investiga los casos de Rocha Moya, la Barredora, el Tren Maya, etcétera.
Lo mismo sucede con el SAT o la UIF, que investigan el patrimonio de opositores, pero no las operaciones financieras y el enriquecimiento inexplicable de políticos como Adán Augusto López, Fernández Noroña; por mencionar algunos.
Igualmente, la SCJN – electa con acordeones-; más que proteger a los ciudadanos de actos de autoridad que vulneran sus derechos, se convirtió en brazo ejecutor de la presidencia. Para ello, viene al caso citar la Reforma a la Ley de Amparo de 2025, que restringe los mecanismos de defensa de los ciudadanos; la aprobación de la iniciativa que autoriza al SAT y a la UFI para congelar o inmovilizar cuantas bancarias sin orden judicial.
Se suma también la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que obliga a registrar las líneas de celular, violando el Estado de derecho y la privacidad; o que decir de la reciente Reforma al Sistema de Pensiones u otros atropellos al derecho ciudadanos que, en suma, reflejan que en México, no sólo hemos perdido nuestra soberanía, sino también el derecho a vivir en paz y en democracia.